La magistrada María del Carmen Alanís descartó una ruptura entre el Tribunal Electoral federal y el INE, derivada de la sentencia que emitió el organismo jurisdiccional, mediante la cual ordenó al Consejo General dar el registro a 10 nuevos candidatos independientes a la Asamblea Constituyente.
Entrevistada al término de la presentación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelve conforme lo que dicta la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, por ello en ese caso se determinó en justicia darles su derecho a contender.
“La relación entre el INE y el TEPJF es institucional. Es una relación de comunicación fluida y de compromiso como autoridades del Estado mexicano para que los procesos electorales en este país se lleven a cabo conforme a derecho, entonces, no hay una ruptura, no hay una mala relación”, dijo la magistrada.
Al recordar que “el tribunal resuelve por sus sentencias”, calificó como normal que en cada sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se abordan sentencias del TEPJF, haya diversos posicionamientos tanto de quienes están en favor o en contra de las mismas, las cuales van respaldadas con los criterios que adoptó la Sala Superior.
Además, añadió, la revisión del trabajo del tribunal es abierta, “nuestras sentencias hablan, nuestras sesiones son públicas y cada sentencia tiene su propio argumento”.
Alanís Figueroa mencionó que en la sentencia en cuestión, el tribunal resolvió caso por caso, esto es, checó con qué requisitos cumplió y con cuáles no la decena de aspirantes a candidatos independientes.
“Entonces, en una decisión en justicia y favoreciendo el derecho político, ante algunas inconsistencias aceptadas por la autoridad y por los propios aspirantes, dimos el registro”.
De igual forma “lo que resolvimos es reconozcámosle el derecho a estos 10 aspirantes adicionales y que sea la ciudadanía en las urnas la que determine si tiene ese apoyo”, aseveró.
La magistrada se pronunció por buscar mecanismos que pudieran agilizar la comprobación de las firmas de apoyo solicitadas a quienes prevén contender bajo esta figura en próximos comicios, dado lo complicado que resultó verificar las más de 73 mil cédulas requeridas a los aspirantes al Constituyente.
