Ante la expectativa del veto presidencial a las leyes secundarias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, informó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal analizará el documento para que, en un plazo de 30 días, el mandatario Enrique Peña Nieto esté en aptitud para su promulgación.
“Hay un proceso legislativo que ha culminado. Lo que sigue es la promulgación del presidente para lo cual hay un plazo de 30 días que, si mal no recuerdo, vence el próximo 17 de julio”, explicó en conferencia de prensa.
Refirió que, una vez concluido el análisis de las leyes, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal hará un dictamen y lo entregará al Presidente, “será entonces cuando estará en aptitud de promulgar la ley”, señaló.
El martes pasado, Enrique Peña Nieto se reunió con empresarios. En el encuentro se discutieron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y los representantes de la iniciativa privada le solicitaron vetar algunas disposiciones en las cuales se les obliga a transparentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
A la solicitud de veto para la iniciativa llamada Ley “3de3”, también se unió el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, quien envió ayer una carta al Presidente de la República para que vete los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En la misiva, precisa que el Artículo 29 de la citada legislación aprobada el jueves pasado incorpora los elementos de la iniciativa ciudadana denominada Ley “3de3”, previstos en los artículos 10 y 11 del capítulo único del título segundo, relativos a las obligaciones de los servidores públicos.
Menciona que este proyecto fue propuesto con el objetivo de contar con un instrumento normativo de rango nacional, para combatir la impunidad, opacidad y sancionar a servidores públicos que participen en actos de corrupción.
Sin embargo, Zambrano Grijalva considera que como está redactado el Artículo 32 de la ley podría afectar a personas físicas que reciben recursos públicos.
El Senado de la República también está dispuesto a que Enrique Peña Nieto vete las leyes anticorrupción.
Roberto Gil Zuarth, líder del Senado, dijo que “el presidente está en su derecho, está en su facultad de hacer observaciones a lo aprobado por el Congreso de la Unión”.
Por su parte, Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en el Senado, recalcó: “Somos muy respetuosos del mandato constitucional que tiene el ciudadano presidente Enrique Peña Nieto”.
