La CNDH indicó que dos víctimas que perdieron la vida en el enfrentamiento, fueron posteriormente calcinadas.
Al da a conocer los resultados de la investigación realizada con motivo de los hechos sucedidos el 22 de mayo de 2015, en el “Rancho del Sol”, Municipio de Tanhuato, Michoacán durante un enfrentamiento entre la Policía Federal e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó el uso excesivo de la fuerza y 22 ejecuciones arbitrarias por policías federales.
El titular del organismo nacional, Luis Raúl González apuntó que de acuerdo a las indagatorias, la Policía Federal faltó a la verdad sobre los hechos ocurridos ya que si bien las versiones oficiales señalan que el operativo se realizó entre 8 y 9 de la mañana, la CNDH acreditó , debido a los signos de las víctimas fatales, que el operativo inicio entre las 6 y 7 de la mañana.
Por ello pidió que los responsables sean juzgados y castigados por estos hechos.
De acuerdo a las indagatorias de la CNDH, los servidores públicos que accionaron sus armas, las usaron de forma ventajosa y algunas de las victimas les fueron asociadas armas colocadas de forma deliberada.
Además, en al menos 9 cadáveres la Policía Federal manipuló elementos balísticos, movió de sus posiciones originales a al menos 7 cuerpos sin vida y dos personas detenidas fueron torturadas por federales.
Señala que se tiene el registro de que dos víctimas que perdieron la vida en el enfrentamiento, fueron posteriormente calcinadas, mientras que otra fue quemada aún con vida.
Subrayó el Ombudsman que no se busca inhibir la actuación de los policías pero, subrayó que esta debe darse de acuerdo a los protocolos de actuación para evitar que se repitan este tipo de hechos y anunció que interpondrá una denuncia penal por todas las irregularidades encontradas contra el total de los elementos policiacos que participaron en los hechos y todo aquel que haya conocido y tolerado todos estos abusos.
También pidió a la Comisión Nacional de Seguridad colaborar en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicien ante la Procuraduría General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Nacional de Seguridad, respectivamente, incluyendo, en su caso, los mandos que ordenaron, autorizaron o toleraron la ejecución arbitraria de 22 víctimas, así como por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de 4 personas y por los actos de tortura realizados en perjuicio de dos personas.
