EL UNIVERSAL
Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado presentó una iniciativa para reformar el artículo 212 del Código Penal Federal con el objeto de aplicar la “muerte civil” –suspensión de derechos políticos– para los servidores públicos o particulares condenados por delitos de corrupción y que sean reincidentes.
Con ello lo que se busca es que tanto esos servidores públicos como particulares no puedan volver a aparecer en la vida pública del país.
La iniciativa presentada por el senador Zoé Robledo (PRD) señala que el concepto de “muerte civil” fue utilizado en el Derecho de la Antigua Roma para calificar una pena que al imponerse a una persona, ésta dejaba de ser considerada viva para todos los efectos jurídicos, a pesar de que permaneciera existiendo en los términos biológicos.
De acuerdo con la propuesta, “la muerte civil” es considerada como una pena accesoria a personas involucradas en la reincidencia en la comisión de delitos por hechos de corrupción que tendrá las siguientes consecuencias:
-Inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.
-Inhabilitación por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida ésta, para ejercer los derechos políticos.
-Inhabilitación por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida ésta, para representar a personas jurídicas.
-Suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, relacionado con las actividades relacionadas con las conductas ilícitas que dan origen a la condena, por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida la misma.
