Aunque parece razonable tipificar las promesas de campaña que resulten falsas como delito, sería difícil su implementación, coincidieron especialistas entrevistados durante el programa Periodismo de Análisis de xeu Noticias.
Y es que el senador Rabin Salazar Solorio presentó una iniciativa para que se tipifique como fraude político que los candidatos a un puesto de elección popular expresen promesas de campaña que difieran con sus facultades.
El legislador perredista planteó modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Penal Federal.
En entrevista telefónica para el programa periodismo de Análisis, el senador señaló que se trata de una iniciativa para generar conciencia entre los aspirantes a un cargo público, para que lo que plantean sean congruente y no engañen a la ciudadanía.
“Cada tres y seis años vemos como de manera irresponsable se hacen planteamientos que en muchas ocasiones ni siquiera corresponden a la naturaleza del cargo al que aspiran”, como bajar los costos de la gasolina o dar el pasaje gratuito, dijo.
En la iniciativa se propone que los ciudadanos denuncien con pruebas las promesas de los candidatos, las cuales se pudieran considerar como “irrealizables”, a quienes se les pudiera retirar la candidatura, añadió.
En caso de que no hubiera denuncia, una vez que el candidato ganara habría una sanción económica o una pena corporal, si no cumple.
“Hubiera una sanción económica y una pena corporal que pueda ir desde uno hasta seis años, en esta propuesta donde queremos tipificar como delito este tipo de acciones, que la estamos denominando como fraude político”, detalló.
Indicó que la iniciativa contempla a alcaldes, diputados locales y federales, senadores, y hasta el presidente de la República.
Serían el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Procuraduría General de la República, los encargados de castigar este delito, señaló.
Ante las críticas hacia la iniciativa, el senador argumentó que se trata de una oportunidad para que lo partidos generen candados en propuestas, para que hablen con claridad, además de postular a los mejores candidatos.
Por su parte, la catedrática del Instituto Tecnológico de Monterrey en Puebla, Maribel Flores Sánchez, señaló que la propuesta es razonable para abonar al sistema democrático de México, donde la ciudadanía ha perdido la confianza en los partidos políticos.
Sin embargo, consideró que la implementación de esta iniciativa tiene un grado de complejidad que debe analizarse, pues para que los funcionarios públicos cumplan sus promesas de campañas, deben intervenir diversos factores.
“Hay que valorar hasta qué punto existe la dificultad para el pleno cumplimiento de las promesas de campaña, porque si bien es cierto que la propuesta se apega a que los candidatos únicamente promuevan en una campaña aquellas acciones que podrían tomar en el marco de la función, la realidad es que para cumplir promesas deben contemplarse que los actores políticos deben intervenir con otros agentes externos, es decir, no por si mismos van a cumplir todas las promesas que ellas prometan”, dijo.
A esto, se agrega la definición del bien jurídico del delito y hasta qué tiempo se considera incumplida una promesa de campaña, dijo la politóloga.
“Qué se vulnera específicamente en cada caso, porque si no se puede cumplir con X cantidad de empleos, entonces llegaría cualquier cantidad de ciudadanos a realizar una denuncia”, explicó.
Para Maribel Flores, los partidos políticos deben prevenir las promesas falsas con una revisión interna de sus plataformas, así como definir a los mejores candidatos.
Desde la perspectiva del analista político Eduardo Sadot, la iniciativa para tipificar las promesas de campaña como delito, va encaminada para la próxima elección presidencial del 2018.
En entrevista telefónica para el programa Periodismo de Análisis, señaló que también tiene que ver con la tendencia de los candidatos de hacer promesas de campaña, que nunca se consolidad.
Sin embargo, no existe la posibilidad de que esta propuesta se consolide, indicó el analista.
“Una norma jurídica para que pueda ser ejercida, de alguna manera tienen que tener un mecanismo de coercitividad, ¿Cómo poder exigir que se cumplan esas promesas? Si muchas veces algunas de las promesas de campaña dependen de circunstancias ajenas, como económicas, financieras, circunstancias políticas”, dijo.
Aunque vio positivo que la medida ayudaría a que los candidatos se responsabilicen de una manera seria de lo que dicen y prometen, Eduardo Sadot señaló que se deben reestructurar los procesos electorales y la manera en que se cumplen.
“Yo todavía no tengo claro cuál sería la consecuencia de no cumplir con las promesas de campañas y si se comprueba que no es fácil que sean cumplidas por una serie de circunstancias”, dijo.
Indicó que sería difícil implementar un castigo, pues no todas las acciones dependen del gobernante en turno.
Finalmente, el coordinador Nacional de Constitución y República A.C., Fausto Cantú Peña, indicó que es difícil que se pueda tipificar una promesa de campaña incumplida como fraude, en todo caso sería un delito electoral.
cna/Foto: Archivo
