EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
Al cumplirse tres años del derrame de más de 500 toneladas de metales venenosos a los ríos Sonora y Bacanuchi, alrededor de 30 activistas realizaron un plantón en la entrada norte de Hermosillo para exigir la reactivación del Fideicomiso, reubicación de pozos, la construcción de 36 plantas potabilizadoras de agua y la construcción de la unidad para atención de afectados en la salud por la contaminación.
El 6 de agosto del 2014, la ruptura en uno de sus represas provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, erro, manganeso y plomo. La contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta la presa El Molinito que abastece a una parte de la capital de Sonora.
En su paso dejó más de 23 mil personas afectadas de los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe, Banámichi y Arizpe. El gobierno federal obligó a Grupo México a resarcir los daños, por lo cual el consorcio cuprífero creó un Fideicomiso, el cual aseguran los pobladores y activistas se aplicó con opacidad.
Reyna Castro Longoria, activista e investigadora de la Universidad de Sonora, exigió cuentas claras sobre el destino del Fideicomiso Río Sonora, en virtud de que pesan dudas sobre el ejercicio de los 2 mil millones de pesos que Grupo México se comprometió a entregar como parte del resarcimiento de daños que provocó a miles de pobladores de la zona.
