AGENCIA
El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, informó hoy que el Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra 11 "presuntos miembros de la llamada caravana" migrante, que recorrió México y llegó este fin de semana a la frontera con Estados Unidos.
Según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, todos los acusados entraron ilegalmente a territorio estadounidense, e incluso uno de ellos habría sido deportado con anterioridad.
"Estados Unidos no se quedará cruzado de brazos mientras nuestras leyes inmigratorias son ignoradas y la seguridad de nuestra nación es amenazada. Continuaremos trabajando con nuestros socios en cada Fiscalía de EU para buscar enjuiciar a aquellos que entren ilegalmente", aseguró Sessions al informar esta situación.
"Estos 11 acusados enfrentan cargos ahora porque creían que estaban por encima de la ley. Aquellos que buscan ingresar a EU deben comprometerse con seguir la ley, no romperla, o de lo contrario enfrentarán un proceso penal", señaló Adam Braverman, fiscal para el Distrito Sur de California, encargado del caso.
Entre los 11 migrantes indocumentados detenidos hay ocho hombres y tres mujeres, todos centroamericanos, a excepción de uno de ellos, que es mexicano. Todos fueron arrestados por la fronteriza a pocos kilómetros del puerto de entrada de San Ysidro.
Al menos 200 migrantes que participaron en la caravana esperan su turno para cruzar por ese lugar desde Tijuana a California, donde planean solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijo el domingo que no tiene capacidad para atender a todos a la vez.
Los organizadores de la caravana dijeron que ocho miembros de la caravana fueron autorizados a ingresar en territorio estadounidense para que los entrevistaran funcionarios de asilo, aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) no dio cifra alguna.
Otros 140 siguen esperando en México para entregarse en el paso fronterizo de San Ysidro, en San Diego, dijo Alex Mensing, organizador del proyecto de Pueblo Sin Fronteras, el grupo que organizó la caravana.
Abogados estadounidenses de inmigración, que ofrecieron asesoramiento legal gratuito en Tijuana la semana pasada, advirtieron a los migrantes que podrían ser separados de sus hijos o que podrían estar detenidos durante meses mientras se resuelven sus casos de asilo.
Los solicitantes de asilo generalmente son detenidos durante tres días en la frontera y luego son entregados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Si pasan una evaluación inicial con un funcionario de inmigración, los solicitantes pueden quedar detenidos o salir en libertad en Estados Unidos, pero con una tobillera de localización, hasta que sus casos concluyen en una corte de inmigración, lo que podría demorarse varios años. Casi el 80% de los solicitantes pasaron la evaluación inicial entre octubre y diciembre, pero pocos de ellos obtendrán la protección de forma definitiva.
La tasa de denegación de asilo entre salvadoreños fue del 79% entre 2012 y 2017, según el Transactional Records Action Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Por detrás están hondureños, con un 78%, y guatemaltecos, con el 75%.
