La reforma votada por la mayoría calificada del Senado de la República en su calidad de Cámara revisora constituye un hecho de trascendental relevancia para México. Lo que hace apenas unos años parecía inimaginable hoy es una realidad.
Después de más de un siglo, el mandato del artículo constitucional se ha objetivado: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Ahora, estamos ante la posibilidad real de elegir a quienes integrarán el Poder Judicial, jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros, autoridades que deberán cumplir con los requisitos de idoneidad que establece la norma a fin de asegurar su profesional desempeño, pero, sobre todo, gozarán de la confianza mayoritaria de la ciudadanía.
La reforma democratizó al Poder Judicial y fortaleció su autonomía. No estará más al servicio de las cúpulas económicas ni políticas y tampoco podrá seguir haciendo uso de las atribuciones metaconstitucionales que abusivamente se había atribuido, lo cual fortalece el Estado de derecho.
La construcción de un régimen político y el proyecto de nación planteado desde 2018 por el que votó mayoritariamente la sociedad nacional y que fue confirmado de manera apabullante en junio de este año tiene bases sólidas y su edificación avanza a buen ritmo.
La reforma constitucional combate la corrupción y promueve la disciplina judicial, de ahí que eliminó el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar estableció un órgano administrativo especializado y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Es preciso reconocer que durante décadas una minoría sin escrúpulos estableció un sistema corrupto y tomó por asalto la justicia en nuestro país, dando paso a todo tipo de irregularidades y complicidades. Por eso ahora el Tribunal de Disciplina estará compuesto por cinco magistraturas elegidas mediante voto popular, lo que le otorgará legitimidad democrática e independencia para emitir sus resoluciones. Además, tendrá amplias facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a las personas servidoras públicas, garantizando la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad, el dispendio y las malas prácticas.
Particular relevancia cobra, la protección a las personas juzgadoras a través de la figura de juezas y jueces sin rostro, a fin de prever que, en los casos relacionados con delincuencia organizada, el órgano de administración judicial pueda disponer de las medidas que considere necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de la autoridad judicial. Medida que garantiza la seguridad de las y los jueces, y la imparcialidad en sus decisiones, manteniendo a resguardo su identidad para reducir el riesgo de amenazas y ataques que pongan en riesgo su integridad y su vida, así como para evitar intromisiones por parte de las organizaciones criminales.
La reforma está cruzada de lado a lado por la perspectiva de género, lo que constituye un paso más en la lucha por la igualdad sustantiva y no discriminación. Asimismo, abre sin restricciones la posibilidad para que las y los jóvenes puedan ocupar un cargo de autoridad judicial al eliminar la edad mínima requerida para contender por una ministratura o magistratura, y en su lugar, incorporar requisitos que reflejen el compromiso y la preparación necesarias para ocupar el cargo.
La realidad, es que a pesar de las inconformidades y manifestaciones creadas en torno a una narrativa mentirosa y embustera que en nada beneficia a las y los trabajadores del Poder Judicial, la reforma salvaguarda los derechos laborales, incluidos, el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones laborales, conforme a la ley y a las condiciones generales de trabajo.
