En esta semana inició formalmente la campaña para jueces, magistrados y ministros de la SCJN, quienes deberán convencer a una sociedad que nunca había tenido que saber el nombre de su juez, el distrito judicial en el que se encuentra o tan solo la jerarquía que conforma el Poder Judicial de la Federación, con lo cual ahora sí viene el reto de probar la efectividad de las elecciones del Poder Judicial, consideradas las más caras de la historia, y que se prevé tengan una baja participación ciudadana.
Para comprender el alcance de esto, debemos remontarnos a los antecedentes, pues la sociedad mexicana no ha tenido la mejor opinión del Sistema de Justicia Mexicano, el cual consideran opaco, lento, difícil de comprender, corrupto y alineado a intereses particulares, cosas que generan desconfianza en el ciudadano, pero que en realidad, este es el Poder que no ha sido politizado formalmente y desde hace 30 se ha consolidado la llamada Carrera Judicial, en la cual personas con experiencia y conocimientos del Derecho Judicial, podían aspirar a ser Juzgadores por mérito y preparación, cosa que a partir de este año finalizará, pues pasamos de aptitudes a popularidad, lo que puede generar Jueces con preparación deficiente o que no tengan los conocimientos necesarios para desempeñar su cargo.
En adición a lo anterior, ya se están viendo los anuncios de campaña de varios candidatos, lo cual genera pena ajena, pues ahora deben usar lemas, hacer chistes sin gracia y prometer cosas, es decir tratar de caer bien al público, como de un espectáculo de circo se tratase, siendo esto terrible ya que un Juzgador debe tener un perfil serio y profesional, donde su deber es juzgar conforme la ley y no por simpatía, por lo cual no deben hacer promesas de campaña, ya que la esencia del Juez es la imparcialidad y objetividad, algo que se puede perder a partir de esta elección.
Como ejemplo del concurso de popularidad, tenemos a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien dice que su mejor atributo y la razón por la cual deberían de votar por ella, es por ser una “chulada de mujer”, siendo arropada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Cooperativa Cruz Azul, siendo esto peligroso, pues si ese gremio apoya a la Ministra, estará comprometida a “pagar el favor”, algo que puede afectar su capacidad como Juzgadora. También tenemos el caso de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien fue apoyada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y el de la Ministra Lenia Batres Guadarrama quien ha hecho una campaña anticipada, pues se considera así misma “la Ministra del Pueblo”.
El INE prevé que la participación ciudadana sea de un 8% al 15% del padrón electoral, cosa marginal a la elección presidencial del 2024 que tuvo un 60% de participación ciudadana.
Ahora, llegamos al punto más importante y sensible, que es el nulo conocimiento de la población sobre el Poder Judicial, pues la triste realidad es que la gente apenas conoce el nombre de su Alcalde, Gobernador y Presidente de la República en turno, sin saber exactamente sobre su Diputado Local, Diputado Federal o Senador, lo que nos deja con que la ciudadanía mexicana que no está relacionada con el mundo de las leyes, desconoce totalmente su Distrito y Circuito Judicial, ignora quien es su Juez Local o Federal, o qué personas conforman la SCJN y el TEPJF, o para ser prácticos, no saben qué es un Juzgado de Distrito, un Juzgado Federal, un Tribunal Colegiado, un Tribunal Electoral, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También se debe reconocer que, en cuanto a delitos, la gente piensa que el Juez es el principal culpable por dejar salir a presuntos delincuentes, pero la realidad es que la mayor deficiencia en ese rubro no se encuentra en los Tribunales, sino en las Fiscalías, las cuales no fueron reformadas y que continúan presentando asuntos deficientes, que no dejan de otra a los Jueces más que absolver a los que en efecto sean presuntos delincuentes, por el mal trabajo que hace la Fiscalía.
Con esto llegamos al momento de reflexionar, pues la elección del Poder Judicial es una apuesta que puede significar un cambio real en el Sistema de Justicia, o un experimento que puede salir muy mal por elegir gente con intereses de por medio, sin experiencia, y que pueden representar a grupos que afectan al país, sin olvidar el casi nulo conocimiento de la mayoría de la ciudadanía sobre el Poder Judicial, añadiéndole a ello el mayor gasto en la historial electoral de México que no garantiza una alta participación, siendo todo esto, un presagio de lo que sucederá en la Justicia Mexicana, pues de salir bien estaríamos ante una transición jurídica, pero de salir mal, estaremos ante la mayor corrupción, ineficiencia y opacidad de la Justicia en México, cosa que puede terminar de destruir el Estado de Derecho en nuestro país, o ¿Qué opinas?
