En las últimas semanas ha existido un gran revuelo por la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, ya que ha surgido un debate sobre el agua como un derecho humano, sin embargo también se ha manifestado que la reforma a la legislación del agua resulta en lesión al derecho a la propiedad privada, así como la continuidad de privilegios a ciertos sectores sobre el agua.
Para comprender este tema, debemos remontarnos a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la cual buscaba en teoría la regulación, aprovechamiento, explotación, distribución y control del agua, creando un sistema de concesiones para particulares y asignaciones para organismos públicos, otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), definiendo derechos y obligaciones, creando a su vez el Consejo de Cuenca. Sin embargo, en la realidad el agua fue vista como mercancía, cosa que contrasta con la visión del agua como un recurso fundamental que se requiere para vivir, misma que se debió haber reformado desde el 2011, ya que en aquel año la Constitución Mexicana tuvo la mayor reforma en materia de derechos humanos en su historia, por lo cual en automático el agua debería ser considerado como un derecho humano, sin embargo no es hasta ahora que se pone el tema a discusión.
Es necesario mencionar que no solo México, sino que en todo el mundo el agua es un recurso que no todos tienen, incluso es extremadamente precarizada a varios sectores de la población, y el caso de México es interesante ya que grandes empresas como refresqueras y cerveceras necesitan grandes reservas de agua para funcionar, teniendo como ejemplo a cierta empresa refresquera de logotipo rojo y letras blancas que usa mantos acuíferos en Chiapas para abastecer su producción, resultando que en ese estado sea más fácil y barato conseguir dicho refresco que un vaso de agua. De igual forma no debemos olvidar que hay muchas otras empresas que han contaminado varios cuerpos de agua, dejando a la población expuesta a desechos químicos, biológicos e infecciosos a través del agua, por ejemplo empresas petroleras, maquiladoras, mineras y muchas más, lo cual resalta el grave problema que existe para proteger todos los cuerpos de agua que existen en nuestro país.
De igual manera está la parte que compromete al gobierno y es la corrupción e ineficiencia en la recaudación, conservación y tratamiento del agua, tomando como ejemplo a la Ciudad de México, lugar donde llueve tanto que se inunda pero que sufre de abastecimiento de agua y los pocos cuerpos de agua que abastecen a una metrópoli como el Valle de México está contaminada, algo que no se ve tanto en países como USA, Canadá y parte de Europa, donde se toma el agua directo de la llave, mientras que en nuestro país recurrimos al garrafón de agua.
En cuanto a la parte jurídica, el derecho ambiental no ha sido legislado ni reglamentado apropiadamente en nuestro país, siendo la Ley General de Aguas una ínfima legislación para lo que conlleva el rubro ambiental, tomando en cuenta que esta nueva legislación busca frenar el acaparamiento y la mercantilización, reconociendo al agua como derecho humano, fortaleciendo a la Conagua y creando el Registro Nacional de Aguas (RNA).
Hasta el momento todo se ve bien, sin embargo ha surgido incertidumbre por el manejo del agua ya que de no quedar claro el cómo se distribuirá o se otorgarán ahora las concesiones o permisos, muchas empresas irónicamente pueden perder acceso al agua, pasando del acaparamiento al déficit, dependiendo absolutamente del gobierno y su forma de distribuirla, sin olvidar la falta de infraestructura de almacenamiento y tratamiento de aguas, provocando que existan muchas inundaciones pero nada de almacenamiento, y si esta legislación da control total del agua al estado sin transparencia, puede resultar en ineficiencia de la gestión hídrica con un toque de corrupción.
De igual manera el sector que podría ser el más afectado es el campo, pues se sabe que gran parte del desperdicio de agua es por la falta de sistemas de riego que ahorren el uso del recurso, recordando que el campo mexicano se encuentra en el abandono, y esta reforma puede afectar la propiedad privada ya que normalmente se puede heredar la tierra o venderla, pero ahora quedarán comprometidas aquellas que tengan cuerpos de agua, porque el gobierno toma el control de ese recurso sin importar que se encuentre en propiedad privada, habiendo inconformidad por el sector agropecuario.
Es momento de reflexionar, ya que el agua es un derecho de acceso que todos tenemos ya que sin este recurso no podemos vivir, pero ante la incertidumbre jurídica, la falta de infraestructura y la opacidad en el control del sistema hídrico, solo mantendría privilegios a grandes empresas que no caigan en desgracia ante el gobierno, no obstante despojaría al sector agropecuario, dejando al ciudadano en medio puesto que al día de hoy en muchas partes del país no hay acceso al agua, con lo cual el cumplimiento de esta legislación queda en vilo, porque se supone que ahora como el agua es un derecho humano, todos los mexicanos tendremos acceso a este recurso, a menos que solo sea letra muerta como en otras ocasiones, o ¿Qué opinas?
