APUNTES
Manuel Rosete Chávez
Nuestro sincero pésame a los familiares y amigos del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz
Impunidad
Los veracruzanos sueltan una sonora y larga carcajada cada que se anuncia que un funcionario (estatal o municipal), será demandado ante las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio Público, para que sea procesado por los delitos de peculado (robo a las arcas), uso indebido del poder cometidos en contra de los veracruzanos.
Puras vaciladas, nunca se enjuicia a nadie aunque se mencionen las cantidades millonarias que robaron y aunque el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) haga bien su tarea y entregue expedientes completitos conteniendo las pruebas suficientes para juzgar a un funcionario ratero. No pasa nada, a nadie molesta la autoridad, todo queda en eso, en un quemón mediático y punto, los corruptos se van a disfrutar lo robado con sus familias y todo queda en una faramalla, en una simulación, en un nuevo engaño al pueblo.
¿Habrá un veracruzano que a estas alturas crea en la aplicación de la justicia contra los funcionarios ladrones? Pues no.
Y es que han sido decenas y decenas de presidentes municipales denunciados, lo mismo que dos que tres funcionarios públicos y, como decimos líneas arriba, no pasa nada.
Como recordamos con coraje los anuncios informativos a los medios de comunicación que hizo el farsante panista Gerardo Buganza y Salmerón, en el sentido de que interpondría demandas en contra de sus antecesores en la Secretaría de Comunicaciones, que cometieron infinidad de pillerías en complicidad con algunas constructoras, y que el asunto iba en serio, tanto que acudiría a la propia Procuraduría General de la República a interponer las demandas correspondientes.
Bueno pues su antecesor Raúl Zarrabal Ferat, hoy es diputado local y goza de fuero e impunidad, nadie le ha dicho nada con respecto a las pillerías que cometió como secretario de despacho y nadie hará nada. Buganza quedó en ridículo (para eso le pagan y muy bien) y todo se ha ido quedando ahí, en el olvido.
Que diéramos los veracruzanos porque el mencionado diputado pidiera licencia al cargo y se pusiera a disposición de la PGR para ser investigado de los señalamiento que le hizo Buganza, algo así como lo que hizo la senadora perredista ,Iris Vianey Mendoza, quien pidió licencia a su cargo por 30 días, para que la PGR investigue los señalamientos de que presuntamente tiene nexos con el crimen organizado.
Ella sí mostró calzones y además ofrece una muestra de su inocencia.
Pero Raulito Zarrabal ni tiene el valor de la senadores, ni tiene necesidad de andarse ausentando de su “importante cargo de diputado local” porque a él desde las alturas lo protegen sus cómplices, quienes compartieron el botín que se llevó.
No si en Veracruz andamos mal en todos los aspectos, por eso no podemos avanzar en nada.
Duarte ha cumplido
Cuando en diciembre del 2010 Javier Duarte de Ochoa juró, como gobernador de Veracruz, que una de sus principales propuestas fue la de impulsar un desarrollo social sostenido, con condiciones de vida inmejorables para todos los veracruzanos, principalmente para quienes viven en situación de pobreza extrema y de pobreza.
A tres años del inicio de su mandato, lo dice el CONEVAL, miles de veracruzanos han podido superar su condición de pobreza extrema y gradualmente ir accediendo a mejores estados de desarrollo.
En materia de vivienda, que es parte de la propuesta inicial del mandatario, también se han superado los retos.
Este lunes, por ejemplo, Alberto Silva Ramos dio a conocer que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Javier Duarte de Ochoa, invertirán este año un poco más de ocho mil millones de pesos en 50 mil acciones de vivienda que beneficiarán a más de 200 mil veracruzanos.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz explicó que se trata de ampliar y reforzar un histórico esquema de difusión y oferta de beneficios operados por el Instituto Veracruzanos de la Vivienda (INVIVIENDA), para la autoproducción, mejoramiento, lotes urbanos y programas de apoyo a la población afectada por desastres naturales.
El Programa de Vivienda de Nueva Generación 2014, forma parte del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, mismo que fue ratificado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Código penal único
La aprobación en la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), es un hecho histórico que permite contar, por fin, con una legislación procesal penal única para toda la República con la posibilidad de subsanar los inconvenientes provocados por la existencia de más de treinta Códigos sobre la materia, y lograr que la justicia en el país sea igualitaria.
Sin embargo, afirma uno de los primeros hacedores del CNPP y presidente del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (Cepolcrim), el Dr. Moisés Moreno Hernández, “no habrá que ser ingenuos en pensar que todo ello se logrará mágicamente por el sólo hecho de haberse generado la ley procesal penal”.
Acompañado de otros académicos que participaron en la elaboración de la primera pieza presentada ante los órganos legislativos, Moreno resaltó que “la nueva legislación procesal penal debe procurar que el nuevo sistema abandone sus rasgos inquisitoriales y que en él haya un mayor respeto a los derechos humanos del imputado y de la víctima; que efectivamente se erradique la opacidad y la corrupción en el proceso penal; que éste sea más dinámico y funcional respecto de sus objetivos; que realmente limite la arbitrariedad policíaca, cierre las brechas de discrecionalidad para las fuerzas de seguridad, y evite ser caracterizada como una legislación ‘draconiana’, ‘irracional’, ‘peligrosa’ y ‘absurda’”. No, de que el maestro Moreno estaba encabronado no hay duda.
Toda una fichita
El diputado Carlos Fuentes Urrutia, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado de Veracruz, declaró que de proceder las denuncias presentadas por la Policía Federal en contra de diversas personas que bloquearon la carretera federal Jalapa-Veracruz, entre quienes se encuentra Gilberto Ruiz Chivis, alcalde de Jalcomulco, habría elementos suficientes para iniciar el juicio de procedencia y posteriormente su desafuero, ya que adicional al bloqueo del cual fue parte, existe la presunción de que especula con el precio de las tierras de los terrenos en la cuenca del río de Los Pescados, al aprovecharse del temor de los habitantes a ser despojados de las mismas a quienes atemoriza para que accedan a venderle sus tierras a precios más bajos al valor comercial de las mismas.
Fuentes Urrutia explicó que a partir de una serie de denuncias presentadas ante el Ministerio Publico de la federación, las cuales en su oportunidad serán recibidas por la Comisión de Gobernación que él preside, se citará al alcalde de Jalcomulco para que comparezca ante esta Comisión y declare sobre los hechos, así como para que aporte las pruebas que considere pertinentes, aunque precisó que la autoridad judicial ha constatado que el munícipe organizó y financió el citado bloqueo. En este sentido, el legislador panista expresó su preocupación por las versiones dadas a conocer en medios de comunicación en las que Ruíz Chivis aparece encapuchado, coordinando a grupos de personas que los vecinos de Jalcomulco no identifican como habitantes de su municipio, las cuales en su momento dirigieron el bloqueo que afectó la tranquilidad y economía de los pobladores de la zona, incluidos los del puerto de Veracruz y Xalapa.
El Congreso del Estado podría atraer el caso para evaluar a detalle la solicitud de desafuero que han expresado diversos grupos de pobladores de Jalcomulco y municipios aledaños por el proceder del alcalde Ruíz Chivis, pues su conducta y falta de respeto a la ley afecta directamente a sus gobernados.
Las acciones de Ruíz Chivis “no se justifican, y menos cuando puso a disposición de los manifestantes una mesa de diálogo interinstitucional para escuchar las demandas de todas las partes y así llegar a un acuerdo que beneficie a los ciudadanos y no sólo a un particular”, expreso el diputado.
Reflexión
Impecable el trabajo de investigación sobre el secuestro y homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, de parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, que de esta manera demuestra que cumple bien su función.
