Es perfectamente legal el contrato de compra venta del predio Pueblo Viejo
Facundo Bartolo Salazar
Son totalmente falsas las acusaciones contra militantes del Partido Cardenista en esta ciudad, pues de ninguna manera están invadiendo un predio en la comunidad Pueblo Viejo, tal como lo afirman voces malintencionadas que se quieren hacer notar para sacar provecho de la situación, señaló Abraham Freddy Clemente Moguel, presidente del citado partido.
Indicó que: “concretamente, hay un individuo de nombre Jorge Martínez López, quien se cree dueño del predio de14 hectáreas que el Partido Cardenista gestionó ante el Gobierno del Estado para formar una colonia, pero él no sabe del contrato de compra venta de esas tierras, el cual es perfectamente legal”. Reconoció que si bien es cierto la propietaria original del citado predio ya dejó de existir, la citada operación de compra venta fue acordada con un apoderado legal y definitivamente sería ilógico que el Gobierno del Estado hubiese adquirido una propiedad sin cumplir con todos los requisitos que el caso amerita.
Clemente Moguel descartó la posibilidad de que las maniobras que está intentando Jorge Martínez afecten los trabajos que ya se están realizando en el predio para que cada colono entre en posesión de sus respectivos lotes, tras los trabajos técnicos que en breve vendrá a llevar a cabo personal de Patrimonio del Estado. Añadió que de momento, se está limpiando el terreno, con el esfuerzo entusiasta de los colonos cardenistas, quienes están ansiosos de contar con un patrimonio para beneficio de sus familias.
Lamentó que haya personas que lo único que buscan es entorpecer acciones que están orientadas al beneficio de los ciudadanos, de tal manera que sería un error engañar a los colonos con un terreno que no haya sido adquirido legalmente. Destacó que la colonia de Martínez de la Torre no es la primera que el Partido Cardenista vaya a formar en el estado, pues reveló que ese instituto político ya ha fundado 140 colonias, por lo cual sería ilógico que el Gobierno del Estado avale proyectos que en lugar de beneficiar, perjudicarían a la gente.
