* Inversiones que se reflejarían en las arcas municipales, asegura Federico Pérez Gómez
Miguel Bautista
Luego de las diversas quejas que se tienen en diversos rubros o dependencias de la sociedad, ciudadanos de esta zona opinaron en este sentido sería de mucha ayuda junto con las participaciones estatales o federales la municipalización de servicios, para que los conceptos de estas inversiones en oficinas de diversa índole se reflejaran en las arcas municipales y sobre todo para ofertar un mejor servicio dentro de las mismas.
Federico Pérez Gómez, luchador social del municipio aclaró que desde hace mucho tiempo estos planteamientos han sido discutidos en diferentes administraciones, a razón del artículo 115 constitucional, marcando que algunas responsabilidades y servicios deben ser constitucionalmente municipales.
“En Martínez de la Torre ya teníamos municipalizada el agua, pero lamentablemente en dos trienios anteriores se regresó al Estado, a mi parecer fue una equivocación, actualmente se escucha del ingreso a tesorería municipal de las multas de tránsito, es un buen comienza y parte ya de la municipalidad constitucional de lo que es el agua potable, policía y tránsito son y deben ser del municipio”.
Estas posibilidades deben ser tomadas en cuenta para que dichas urbes tengan ingresos en lo correspondiente a estos rubros, esperando que dichas decisiones puedan aterrizarse para beneficio de los martinenses, incluso agregó que todo el material pétreo y de construcción como grava, arena o sus subsecuentes son cobrados por la federación cuando deberían también ser parte de los ingresos municipales, dejando en claro que con este material además se estaría dando mantenimiento a caminos y carreteras por parte de los mismos ayuntamientos.
“Los ayuntamientos como que no quieren tocar estos temas para no molestar a las partes superiores, además otras instancias también apremian este tipo de situaciones para mantener ingreso en todo el Estado”.
Enfatizó, además que en el código hacendario municipal aprobada por la Cámara de Diputados en 2002 establece que los ayuntamientos tampoco podrán innovar impuestos ni derechos, por lo que deben alinearse solo a lo establecido en dicha ley, para no molestar a los ciudadanos con leyes inexistentes y caer en alguna irregularidad, concluyó.
