Existen compromisos del gobierno que se contradicen con las leyes secundarias, aseguran profesores
Rocío Ramírez
A casi un mes de haberse concluido el plazo para la armonización de las leyes secundarias que se llevó a cabo el pasado 12 de marzo del presente año, se intensifican actividades de mesas de trabajo para armonizar leyes locales con la reforma constitucional en materia de educación y sus normas reglamentarias.
Profesores de Tele Bachillerato de este municipio, expresaron que de acuerdo a la armonización laboral, dicho proceso comienza con las iniciativas entregadas por el ejecutivo local a las respectivas legislaturas para su aprobación o modificación.
Indicaron los docentes que rechazan dicha reforma, ya que expresan que existe imposición del servicio profesional docente, estandarización de la evaluación docente y la precarización de su labor.
Las autoridades educativas dijeron que aún no emiten criterios sobre los recursos, planes y programas que deberán ser aplicados por las entidades federativas para implementar la reforma.
“Por lo cual nos preguntamos si quedarán sin efectos las mejoras a la educación que existen en las disposiciones locales al no apegarse al texto de las 3 leyes reglamentarias”, expresaron los trabajadores de la educación.
Explicaron que de la Secretaría de Educación Pública (SEP) e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), dependen facultades constitucionales a favor del segundo, el cual se encarga de definir los criterios y lineamientos a tomar en cuenta para la certificación y la evaluación docente, el INEE tiene la última decisión para reconocer la validez del mismo.
Para evitar incertidumbre, indicó que es necesario analizar lo dispuesto por la ley de coordinación fiscal y realizar un diagnóstico técnico sobre el impacto de las finanzas en los 3 niveles de gobierno.
“Lo más preocupante es el hecho de que sobre el marco de la ley de coordinación fiscal, se justifica el documentar incongruencias administrativas de pago a trabajadores”, indicaron los maestros.
A pesar de la gran información que hay, aseguran que nadie la explica de manera adecuada, se generan casos de incertidumbre contractual, por estos problemas de carácter administrativo que se convierten en laborales, por problemas ajenos a los trabajadores y por los vicios que tienen su origen en la propia SEP.
Aseguran que existen compromisos del gobierno que se contradicen con las leyes secundarias, ya que asigna de forma vertical el costo de la educación a terceros y rompe con el espíritu de la gratuidad, entre otras cosas.
