El gobierno debería responder por los recursos que hasta el momento los beneficiarios consideran perdidos
Facundo Bartolo Salazar / Martínez de la Torre, Ver.- Beneficiarios del Bienestar podrían manifestarse ante Banco Azteca, dada la falta de respuesta a sus inconformidades, la mayoría presentadas por escrito, a causa de la retención indebida de dinero que ha hecho esa empresa, presumiblemente por un convenio a nivel nacional, o bien, un descarado “jineteo” de esos recursos que estaría llevándose a cabo a nivel regional, a decir de los propios afectados.
Opinaron los quejosos que, definitivamente, no es justo que Banco Azteca presumiblemente sugiera que abran una cuenta de Guardadito, como una condición para que el beneficio que les otorga la Secretaría del Bienestar se encuentre “seguro”, pues eso debería ya estar automáticamente garantizado al ser una de las empresas designadas por el gobierno para dispersar ese dinero.
Pero independientemente de lo anterior, es el gobierno el que debería responder por los recursos que hasta el momento los beneficiarios consideran perdidos, pues les fueron retenidos con argucias por empleados de Banco Azteca, pues no es válido que, tras la gestión de los apoyos, y transcurridos los seis meses que tarda la respuesta, los beneficiarios reciben un monto equivalente a tres bimestres, y en lugar de entregarles el total, la empresa sugiere entregarles la mitad, y la otra mitad posteriormente, lo cual ya se niegan a resolver.
Destacaron que hasta donde se tiene conocimiento, son 20 los beneficiarios del Bienestar que han sido presuntamente defraudados, por lo que se espera la respuesta del gobierno, a través de la Secretaría del Bienestar. Lo anterior, sin pretexto alguno, ni disculpas para nadie, sino la reposición de su dinero, tal cual está destinado para los beneficiarios, pues definitivamente ellos no son los responsables de presuntos malos manejos, y por lo tanto deben recibir íntegramente sus apoyos. Dijeron que de forma paralela, las instancias correspondientes tienen también el deber de llevar a cabo las investigaciones pertinentes, hasta dar con los responsables de los malos manejos de recursos, hasta corregir completamente esa situación anómala, y que deja muy mal parado al gobierno.
