- Una operación unilateral de EU, advierten los expertos, no sólo no sería eficaz para poner fin al problema, sino que además se traduciría en el fin de la cooperación mexicana
EL UNIVERSAL
CDMX.- El combate al narcotráfico ha cobrado nuevas dimensiones con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la posibilidad de que lance ataques selectivos, tras haber declarado a seis cárteles mexicanos como terroristas. Una operación unilateral de EU, advierten los expertos, no sólo no sería eficaz para poner fin al problema, sino que además se traduciría en el fin de la cooperación mexicana. Ir tras el dinero de los grupos criminales es una parte del combate, pero no la única. Cooperación regional, señalan los analistas, es la mejor vía para enfrentar un tema que tiene muchas aristas.
EL ACUERDO DE SEGURIDAD
Leonardo Curzio. Analista. Autor del libro: Vecinos. México y Estados Unidos en el Siglo XXI.UNAM-Turner.2022
Una de las visitas más esperadas en México es la de Marco Rubio, titular del departamento de Estado; desde junio se anuncia su llegada. En los últimos días la presidenta confirmó que el viaje era inminente y se firmaría un acuerdo de seguridad. Ha habido muchas preguntas sobre el alcance que puede tener este instrumento. Lo que hoy sabemos es que será parecido al Acuerdo Bicentenario que firmó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los vecinos y no implicará la profundidad que tuvo en su momento la Iniciativa Mérida.
Es previsible que sea un acuerdo en el que las partes se comprometen a respetar su soberanía y su integridad territorial, cosa que tendrá un gran valor político en este contexto de acechanza por parte de la administración Trump con los amagos de utilizar drones y capacidades militares para atacar organizaciones terroristas. Tendrá también el valor de que será el primer entregable de la administración de Claudia Sheinbaum en materia de relación bilateral, pues hasta ahora hemos tenido muchas llamadas telefónicas, moratorias en la aplicación de los aranceles y declaraciones de buenas intenciones, pero nada concreto. El acuerdo podría ser un principio de reconocimiento de que el modelo de contención migratoria y seguridad fronteriza que México ha aceptado aplicar, ha dado resultado. También sería un reconocimiento del esfuerzo que se ha hecho en detención de cerca de 30 mil individuos ligados al narcotráfico desde octubre del año pasado, la destrucción de un número importante de narcolaboratorios y un mayor control aduanero para evitar el ingreso de los precursores del fentanilo.
No será sorprendente que el acuerdo reitere la necesidad de desarrollar la colaboración y la confianza mutua pero no tenemos claridad sobre la forma en que se ha instrumentará el acuerdo. Lo que se deduce del anuncio de finales de julio es que tendrá un paraguas diplomático y por lo tanto lo gestionará el Departamento de Estado y lo operará muy probablemente el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Eso evitaría un contacto directo con la DEA, que la presidenta ha puesto en cuarentena. Por el lado mexicano será Omar García Harfuch la cabeza de la interlocución y supongo que no cometerán el error de Enrique Peña Nieto de poner la “ventanilla única” con lo cual, SEDENA, Marina y SRE tendrán su espacio también.
Es probable que el instrumento tenga cinco capítulos fundamentales: 1) la contención del flujo de fentanilo a Estados Unidos y 2) la reducción del flujo de armas a México. Es altamente probable que tenga un énfasis particular, como ha ocurrido con todos los instrumentos precedentes, en 3) la seguridad fronteriza y 4) una mejora en el proceso de intercambio de inteligencia. Como hemos visto, Estados Unidos ha logrado avanzar mucho en el terreno con materiales de seguimiento, drones y radares. México seguramente pondrá sobre la mesa algo que a Trump le ha parecido ya una buena idea y es 5) dar prioridad a la prevención del consumo.
Veremos si finalmente en septiembre los gobiernos logran cerrar este acuerdo y sentar las bases para una discusión más saludable (es decir, menos contaminada por el fentanilo) de los asuntos comerciales y que al final de la prórroga de los 90 días pueda cerrarse el contencioso de los aranceles y el conjunto de barreras no arancelarias que Estados Unidos invoca como obstáculo. De tener esta secuencia sería, entonces, un otoño productivo, de forma que en 2026 los dos gobiernos puedan concentrarse en la renegociación del TMEC con un espacio bilateral más oxigenado y con un Mundial de futbol compartido.
LA PRESIÓN DE FINCEN A MÉXICO CONTRA EL LAVADO
Duncan Wood. Director ejecutivo de Hurst International Consulting
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos se ha convertido en una de las herramientas más eficaces de Washington en la lucha contra el crimen organizado. Al atacar las fuentes de financiación de las organizaciones de narcotraficantes, la FinCEN no solo protege el sistema financiero estadounidense, sino que también presiona a los gobiernos extranjeros para que hagan frente a las vulnerabilidades de sus propias instituciones. Su reciente actuación contra tres entidades financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— ilustra el poder de las sanciones financieras para impulsar la rendición de cuentas.
En junio, la FinCEN utilizó la nueva autoridad que le confiere la Ley FEND Off Fentanyl para designar a estas empresas como “principales fuentes de preocupación en materia de blanqueo de capitales”, lo que supone, en la práctica, prohibir a las instituciones estadounidenses hacer negocios con ellas, incluso en monedas digitales. La medida reflejó la determinación de Washington de interrumpir los flujos financieros que sustentan el tráfico de fentanilo y la compra de precursores químicos.
La medida sacudió al establishment financiero y político de México. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asumió rápidamente el control temporal de las entidades sancionadas para tranquilizar a los depositantes, transfiriendo parte de sus operaciones al banco estatal de desarrollo Nacional Financiera. Sin embargo, Sheinbaum también reviró, exigiendo que Estados Unidos proporcione “pruebas contundentes” de las irregularidades. Esa mezcla de gestión de crisis y actitud defensiva ponen de relieve la renuencia de México a tratar el lavado de dinero como una prioridad de seguridad nacional.
La decisión de la FinCEN se produce en momentos de creciente frustración por parte de Estados Unidos. A principios de este año, Washington designó oficialmente a varios cárteles, entre ellos el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida eleva las acciones contra los cárteles al nivel de lucha contra el terrorismo, lo que indica que Estados Unidos considera el tráfico de fentanilo como una amenaza directa para la seguridad nacional y la salud pública.
En conjunto, las designaciones como organizaciones terroristas y las sanciones de la FinCEN representan un cambio estratégico: si México no actúa con firmeza, Estados Unidos desplegará su propio arsenal de medidas legales y financieras. Durante demasiado tiempo, México se ha centrado en capturar a los líderes de los cárteles, descuidando las redes financieras que sustentan su poder. Los cárteles prosperan porque blanquean miles de millones a través de bancos, inmobiliarias y empresas ficticias sin temor a las fuerzas del orden.
Este es el momento para que la presidenta Sheinbaum cambie de rumbo. En lugar de enmarcar las acciones de Estados Unidos como una presión externa, puede aprovecharlas para fortalecer las propias instituciones de México: reforzando la supervisión, ampliando la inteligencia financiera, procesando a los ejecutivos cómplices y cooperando con las autoridades estadounidenses. Al cortar el flujo del dinero, México puede debilitar a los cárteles de manera más eficaz que solo con arrestos.
El mensaje de la FinCEN es claro: Estados Unidos ya no tolerará la pasividad ante los delitos financieros relacionados con el narcotráfico. La pregunta ahora es si el gobierno de México aprovechará la oportunidad para restaurar su credibilidad, proteger su sistema financiero y demostrar que es un socio serio en la lucha hemisférica contra el crimen organizado.
ATAQUE SELECTIVO SERÍA GASOLINA SOBRE EL FUEGO
María Elena Morera. Presidenta de Causa en Común
La presión de Estados Unidos y la amenaza de operaciones selectivas contra cárteles no mejorarían el combate al narcotráfico; al contrario, elevarían la violencia, como se vio en Sinaloa tras la captura del Mayo Zambada. La evidencia muestra que detener capos, sin frenar reclutamiento, fragmenta redes y multiplica conflictos.
Un ataque directo también podría acelerar el uso de drones y artefactos explosivos por los cárteles, aumentando el riesgo para civiles, fuerzas de seguridad y hasta para activos estadounidenses.
Aunque la amenaza hoy es más creíble que antes, no significa que sea inminente. Washington ha designado a cárteles como terroristas, discute la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) y despliega operaciones en Venezuela. Pero actuar sin consentimiento de México sería jurídicamente controvertido y políticamente costoso para ambos países.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no aceptará operaciones unilaterales y, en enero, México fijó en la ONU su rechazo a invocar el Artículo 51 bajo el pretexto de que nuestro país es “incapaz o no dispuesto”.
Una operación selectiva abriría una crisis de soberanía y rompería la frágil cooperación que, pese a sus límites, hoy contiene parte del flujo de dinero, armas y precursores.
Lejos de ser solución, un ataque selectivo sería gasolina sobre el fuego. Lo que se requiere es que Estados Unidos asuma su responsabilidad y que el crimen organizado se enfrente con urgencia global, no con gestos militares unilaterales.
EXTRADICIÓN DE CAPOS NO DESMANTELA REDES
Ignacio Morales Lechuga. Exprocurador de la República
A diferencia del caso Álvarez Machain, donde agentes de la DEA actuaron en territorio mexicano, los capos están siendo entregados a Estados Unidos, en el caso Zambada, mediante engaños.
Esta ruta puede ser útil mientras México no tenga circunstancialmente capacidad de juzgarlos. El abatimiento de la impunidad es aceptado por la población, incluso si son políticos o funcionarios quienes deban rendir cuentas.
El narcotráfico es un delito hemisférico, que rebasa las capacidades de cualquier país, incluso de Estados Unidos; ello hace imprescindible la cooperación internacional, de modo que las competencias deberían compartirse: nada ganaremos los países enfrentados entre nosotros; el enemigo común es el narcotráfico.
El Estado mexicano ha sido incapaz de ofrecer cárceles seguras, jueces incorruptibles y firmeza institucional. En ese aspecto el envío es positivo. Mientras Washington juzga y encarcela, en México los cárteles sustituyen a sus líderes y perpetúan la violencia. Así, la entrega de capos funciona más como un instrumento político que como una solución: las entregas no desmantelan las redes de complicidad ni disminuyen la violencia. Esta no solo se recicla, sino que se incrementa, como ha ocurrido en Sinaloa. Eso es lo negativo. Sin instituciones sólidas las cabezas de la hidra se multiplican.
¿CORRESPONSABILIDAD O INTERVENCIÓN?
Scarlett Limón Crump. Analista internacional
En el debate sobre la relación entre México y Estados Unidos, pocas agendas son tan sensibles como la lucha contra el narcotráfico. El tema es urgente: los flujos de fentanilo y armas cruzan la frontera en ambas direcciones, alimentando una violencia que no reconoce límites nacionales. Sin embargo, la pregunta central persiste: ¿cómo enfrentar juntos un problema compartido sin poner en riesgo la soberanía?
La historia ofrece lecciones claras. Desde la “Iniciativa Mérida” hasta los operativos unilaterales de agencias estadounidenses, la cooperación ha estado marcada por asimetrías y episodios de tensión diplomática. México rechaza cualquier injerencia directa, mientras Washington exige resultados más rápidos. El riesgo es que la colaboración derive en imposición, alimentando desconfianza ciudadana y discursos nacionalistas.
Pero cerrar las puertas tampoco es opción. Ningún país puede, por sí solo, enfrentar a redes trasnacionales que se mueven con mayor rapidez y coordinación que muchos Estados. La inteligencia compartida, los entrenamientos conjuntos y los mecanismos para rastrear armas y precursores químicos son herramientas imprescindibles. La clave está en el respeto mutuo: cooperación que se base en la corresponsabilidad, no en la subordinación.
El reto es construir una estrategia binacional que reconozca la magnitud de la crisis y asuma que las responsabilidades son compartidas. Estados Unidos debe enfrentar la demanda interna de drogas y el flujo de armas, mientras México refuerza sus capacidades de inteligencia y seguridad en clave de soberanía. La cooperación no puede confundirse con intervencionismo: solo bajo un esquema de respeto podrá transformarse la narrativa, pasando de la sospecha a la confianza. La lucha contra el narco no debe ser un terreno de presión política, sino la oportunidad de demostrar que dos países vecinos pueden enfrentar, juntos y en igualdad, un desafío común que amenaza a sus sociedades.
EU Y EL SILENCIO SOBRE LAS ARMAS
Ana María Olalde. Analista
En México, la violencia ligada al narcotráfico no solo se mide en muertes, sino en la vida diaria de millones de personas que conviven con la sombra del crimen organizado. Desde hace décadas, el país carga con el costo humano, social y económico de una guerra que parece no tener fin. Sin embargo, hay un elemento que rara vez ocupa el centro de la discusión: el flujo de armas que viene del norte.
Más del 70% de las armas incautadas a los cárteles en México provienen de Estados Unidos. Rifles de asalto, fusiles de alto poder y pistolas automáticas cruzan la frontera con facilidad. Son las mismas que después alimentan enfrentamientos en las calles de Culiacán, Michoacán o Guerrero. Mientras México enfrenta la violencia con recursos limitados, los arsenales legales del vecino del norte se convierten en el principal proveedor de los grupos criminales.
El gobierno mexicano ha insistido en responsabilizar a Estados Unidos. No se trata solo de un reclamo político: es un hecho comprobable. Sin un control efectivo de la venta y tráfico de armas en territorio estadounidense, cualquier estrategia de seguridad en México será insuficiente. La paradoja es evidente: Washington exige cooperación para detener el flujo de drogas, pero guarda silencio ante el papel de sus propias armas en esta tragedia.
¿Qué hará Estados Unidos? Hasta ahora, ha hecho muy poco. La presión de la industria armamentista y la polarización política han frenado cualquier intento serio de regulación. México puede seguir presentando demandas, como la interpuesta contra fabricantes de armas, o insistir en foros internacionales. Pero mientras no exista voluntad real en Washington, el desequilibrio se mantendrá: drogas que suben, armas que bajan, y un país atrapado en medio.
La lucha contra el narco no se ganará en México si Estados Unidos no enfrenta su propia responsabilidad. El silencio también mata.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, LA ÚNICA VÍA
Tania Naanous. Internacionalista por la Universidad Iberoamericana y maestra en Conflicto, Seguridad y Desarrollo
La lucha contra el crimen organizado no es cosa del pasado; en México se vive y se siente con crudeza todos los días. El país enfrenta uno de los momentos más complejos en materia de seguridad, donde la cooperación regional e internacional resulta no solo indispensable, sino urgente.
El tráfico de drogas, potenciado por la globalización, transformó las dinámicas delictivas y multiplicó sus impactos. El crimen organizado ya no opera únicamente en las zonas de violencia más visibles —como Culiacán, Sinaloa—, sino que ha extendido sus redes hacia otros países de América Latina y, más recientemente, hasta África. Hoy, cárteles mexicanos exportan no solo drogas, sino también metodologías de cultivo y tácticas avanzadas de operación criminal.
Esta expansión amenaza la estabilidad en diversos frentes: desde el dominio marítimo y el tráfico de estupefacientes, hasta la transferencia de técnicas delictivas que complican los esfuerzos de control en regiones que ya padecen problemas graves, como la pesca ilegal y la inseguridad alimentaria en países como Namibia y Angola.
Frente a este escenario, México no puede —ni debe— actuar en solitario. La cooperación internacional y regional es la única vía para enfrentar un fenómeno de naturaleza transnacional. Sudamérica, también afectada por esta red criminal en expansión, demanda estrategias conjuntas, innovadoras y sostenibles en el tiempo.
La reducción de recursos provenientes de Estados Unidos obliga a replantear mecanismos de financiamiento y a diseñar modelos que fortalezcan la seguridad desde el conocimiento compartido, la innovación tecnológica y la coordinación institucional.
México tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de liderar este esfuerzo. Apostar por una cooperación más sólida, creativa y efectiva no solo fortalecerá sus propias capacidades, sino que también enviará un mensaje claro: frente al crimen organizado, las respuestas aisladas ya no son opción.
IMPLICACIONES Y OPCIONES PARA MÉXICO
Pía Gómez Robledo. Maestra en Derecho Internacional Público
El fenómeno del narcotráfico es, al mismo tiempo, un asunto interno y un problema internacional. México ha sido uno de los países más golpeados por la violencia criminal, pero también uno de los más condicionados por dinámicas transfronterizas: la demanda de drogas en Estados Unidos, el tráfico de armas desde ese mismo país, y el uso del territorio nacional como puente hacia Europa, Asia y África.
Desde la perspectiva del derecho internacional, el caso mexicano plantea tres implicaciones centrales. La primera es la soberanía: México tiene la obligación y el derecho de proteger a su población, pero esa tarea se ve limitada cuando actores externos —ya sea por acción u omisión— alimentan la violencia con armas, rutas de lavado o consumo masivo. La segunda es la responsabilidad compartida: los tratados internacionales sobre drogas, armas y crimen organizado exigen cooperación más allá de los discursos. La tercera es el acceso a la justicia internacional: los litigios emprendidos por México contra fabricantes de armas en cortes estadounidenses y la posibilidad de llevar el caso a foros multilaterales abren nuevas rutas jurídicas.
¿Qué opciones tiene México? En primer lugar, reforzar sus mecanismos de cooperación bilateral, pero con una narrativa clara de corresponsabilidad: no se trata solo de frenar drogas que cruzan al norte, sino también armas que cruzan al sur. En segundo lugar, aprovechar los espacios multilaterales —ONU, OEA, Conferencias de Examen de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional— para visibilizar el vínculo entre seguridad nacional y responsabilidad internacional. Finalmente, fortalecer sus instituciones internas para que cualquier acuerdo externo tenga un impacto real en la vida cotidiana de las comunidades.
La lucha contra el narco no es solo una política de seguridad; es una batalla jurídica y diplomática en la que México debe afirmar su soberanía y exigir, con firmeza, que la comunidad internacional cumpla con la parte que le corresponde.
