Agencias
Chiapas.- Diez organizaciones civiles y la vicaría de justicia y paz de la diócesis local exigieron “la suspensión inmediata del proyecto de la carretera San Cristóbal-Palenque”, porque “representa una grave amenaza para la biodiversidad de la región, los ecosistemas locales y las comunidades indígenas que han habitado y protegido estos territorios durante generaciones”.
Alertaron “sobre las profundas afectaciones sociales y ambientales que este proyecto -oficialmente inaugurado el pasado 8 de junio- ocasionará. La deforestación, la fragmentación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad serán algunas de las consecuencias irreversibles para la región”.
Además, dijeron, “tememos que las comunidades indígenas enfrentarán el despojo de sus territorios, la pérdida de sus modos de vida tradicionales y un aumento de la conflictividad y vulnerabilidad social, tal como ya se ha observado con otros proyectos de desarrollo”.
En un comunicado conjunto expresaron que “planteada bajo una visión de "desarrollo" capitalista y extractivista, la vía ignora los principios fundamentales del respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios, consagrados en la Constitución Mexicana y los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas firmados por México”.
Aseguraron que “en lugar de fortalecer el bienestar de estas comunidades, el proyecto no toma en cuenta sus necesidades, violando su autonomía y dañando su patrimonio cultural y los bienes comunes, la casa común, la madre tierra. El desarrollo no debería de limitarse al crecimiento económico o a la construcción de infraestructuras”.
Agrupadas en la llamada Plataforma por la Paz en Chiapas Slamalil Kinal, las 10 organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), exigieron la realización de “consultas legítimas, previas, libres e informadas, conformes a los estándares nacionales e internacionales; la protección de los territorios, la biodiversidad y el patrimonio cultural de la región, y un verdadero modelo de desarrollo que respete y beneficie a los pueblos originarios, en lugar de violentar sus derechos”.
Afirmaron que “comunidades y organizaciones indígenas y de derechos humanos han expresado su rechazo al proyecto de forma pública y presentados amparos, tanto ante el proceso de consulta como al proyecto mismo”.
