JUAN DAVID CASTILLA
XALAPA, VER.- María de la Cruz Jaimes García estuvo a cargo durante 15 años de uno de los pocos refugios para mujeres violentadas que existían en el estado de Veracruz, el cual llevaba el nombre de “Ziwakaitzintli, la casita de las mujeres”.
Se encontraba en la zona centro de la entidad, en la región conocida como de las Altas Montañas. Era una iniciativa impulsada por la asociación civil Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, cuyo refugio cerró sus puertas en noviembre del año pasado.
El objetivo de este refugio era salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres que enfrentaban violencia y que no tenían un lugar seguro para protegerse.
“En el estado de Veracruz no había refugios anteriormente donde se pudiera atender esta problemática de las mujeres. Entonces, nosotras como organización de la sociedad civil, decidimos hacer un refugio para atender esta parte, porque nos enfrentábamos a la situación de que atendíamos a las mujeres como un centro de atención externa”, expresa Maricruz.
Allí se brindaba atención psicoemocional y jurídica a las víctimas, así como el acompañamiento necesario para presentar las denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, en la mayoría de los casos, las mujeres habían huido de sus hogares, donde eran maltratadas por sus parejas, para ya no volver. Pero no tenían dónde refugiarse.
“Nos decían que habían salido de su casa y que no querían regresar, mejor dicho, que no podían regresar, porque era regresar con el agresor. No tenían a dónde ir y ante este problema al que nos enfrentábamos frecuentemente decidimos poner el refugio”, añade la activista.
Así surgió el refugio “Ziwakaitzintli, la casita de las mujeres”, donde se apoyaba a víctimas de distintas regiones del estado, incluyendo a mujeres indígenas.
SIN ESPACIOS SEGUROS
Después de que las mujeres violentadas presentaban su denuncia en la FGE, esta dependencia estatal las canalizaba a dicho refugio cuando se consideraba necesario salvaguardarlas por casos de violencia extrema o por falta de un sitio para alojarse.
De esta forma, diversas víctimas llegaban al albergue, siendo canalizadas por las fiscalías de Zongolica, Orizaba, Córdoba, Xalapa y de otros municipios.
En el sitio se brindaba alimentación, ropa, calzado, atención médica, medicamentos y talleres de manualidades (costura, bordado, tejido), actividades que pueden servirles para desestresarse. También se les proporcionaba un espacio donde podían dormir con sus hijas e hijos.
“No teníamos todo lo que tienen los refugios que incluso tienen camionetas blindadas, pero lo fundamental se les brindaba. Se les brinda lo que ellas necesiten en cada momento, nosotros en la medida de nuestras posibilidades pero sí las atendíamos bien”, cuenta Jaimes García.
Las mujeres además eran trasladadas en vehículo particular para presentar denuncias o para asistir a declarar, así como para el chequeo de sus lesiones.
Sin embargo, esta ayuda se perdió debido a que el refugio dejó de operar por falta de recursos económicos y de apoyos gubernamentales.
CANDADOS EN LA ATENCIÓN
Actualmente sólo opera un refugio para mujeres violentadas, que es administrado por el gobierno del estado y entró en funciones durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
Fueron invertidos cerca de 20 millones de pesos para la operación del mismo; sin embargo, las activistas consideran que la atención no es la adecuada.
“Hay muchos candados para recibir a las mujeres, yo creo que hay poca sensibilidad, poca empatía para entender la problemática, porque preguntan a las mujeres, algo que me parece erróneo, si tienen redes de apoyos, aunque digan que tienen una prima en Guadalajara o en otro lado, les dicen: pues te vas para allá, entonces no eres candidata porque tienes redes de apoyo, así lo manejan”.
Maricruz cuenta que aún recibe llamadas telefónicas donde le piden su apoyo para albergar a mujeres que han sido rechazadas en el refugio estatal y cuya vida peligra.
Anteriormente había varios refugios de la sociedad civil: uno en Coatzacoalcos, al sur de la entidad; otro en Xalapa; uno más en el Totonacapan, en la zona norte del estado; y el de la región de Orizaba.
Sin embargo, todos cerraron sus puertas por falta de apoyo y ahora solamente funciona el refugio estatal.
La activista María de la Cruz considera que el actual gobierno ha “desprotegido” a las mujeres que han sido víctimas de violencia.
“Yo creo que el estado de Veracruz, con el gobierno actual, ha desprotegido totalmente a las mujeres, ha devastado totalmente lo que se había logrado, que con años se había logrado profesionalizar gente, que pudiera tener lo necesario para atender este tema, que no es un tema fácil de atender, que se tiene que tener la preparación, pero no solo eso, también la sensibilidad, también se tiene que tener la empatía, se tienen que tener muchas habilidades para atender a una mujer de la manera correcta, sin revictimizarla, sin maltratarla”, enfatiza.
DESAPARECEN PROGRAMAS
En el país existía el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (Paimef). Era un programa social que instrumentaba el Gobierno Federal para combatir la inequidad de género y desigualdad social que se traduce en diversas manifestaciones de violencia hacia las mujeres.
“Con eso se hacía un trabajo importante, quienes estuvieron al frente, como Martha Mendoza, como Eda Arrez Rebolledo, ellas eran personas que realmente hacían su trabajo, después de eso creo que se vino para abajo el Instituto Veracruzano de las Mujeres, actualmente toda esa gente preparada la despidieron, pusieron gente que no tiene la preparación, pero además creo que no están llevando a cabo programas para atender esta problemática”.
En la alerta de género por violencia feminicida se determinó que en 11 municipios debían realizarse acciones tripartitas, con recursos del nivel federal estatal y municipal, para frenar la violencia.
No obstante, no se emprendieron estrategias ni se destinaron recursos económicos en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
“Son los municipios prioritarios, pero lejos de que se atendieran, se desatendió todo lo que ya se había hecho. El estado de Veracruz está llevando una política totalmente contraria a los derechos humanos de las mujeres, ciertamente los feminicidios van en aumento, la desaparición forzada, estamos a punto de que se declare otra alerta de violencia de género por desaparición forzada de mujeres y niñas. Pareciera que la vida y la seguridad de las mujeres no es prioridad para el gobierno en este estado”, sostiene la feminista.
SOBREVIVIENTES
El pasado 17 de octubre, integrantes de la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio protestaron afuera de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, en la ciudad de Xalapa,
Denunciaron que la Fiscalía General del Estado modifica el delito de tentativa de feminicidio por lesiones, acoso, violencia familiar o hasta robo de ganado para evitar que se visibilicen las estadísticas.
De acuerdo con la feminista Ana Valderrama, la colectiva mencionada está integrada por 30 mujeres que sobrevivieron a dicho delito y en la mayoría de estos casos se han registrado las anomalías señaladas.
Durante el periodo de 2012 a 2020 ocurrieron 23 feminicidios en el país, pese a que las mujeres ya contaban con la supuesta protección del Estado y mantenían un proceso abierto en contra de sus agresores.
El panorama de intentos de feminicidio a nivel nacional se incrementó durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), de forma drástica.
De enero de 2020 a marzo de 2022 se abrieron mil 426 carpetas de investigación por el delito de tentativa de feminicidio, mostrando que hay una tendencia muy superior a lo que se ha registrado en los últimos ocho años.
“Para el caso de los feminicidios en grado de tentativa, es aún más complicado su reconocimiento y contabilidad, en primer lugar, porque muchos de hecho son mal clasificados como violencia familiar, contabilizados y sancionados como tales”, señalan feministas.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Feminicidio (ONF), en los últimos ocho años se registraron en todo el país 1.7 millones de ataques violentos contra mujeres, de los cuales sólo 781 fueron a juicio como intento o tentativa de feminicidio, representando el 0.04 por ciento. El resto fue clasificado como lesión dolosa o violencia familiar.
De enero a julio de 2022, la Red Nacional de Refugios (RNR) brindó atención integral especializada a 22 mil 639 personas en las distintas entidades federativas.
Se reporta un aumento del 17 por ciento en los ingresos de sobrevivientes de violencias, en comparación con el mismo periodo de 2021.
Las activistas consideran que es urgente un mecanismo efectivo para el cumplimiento de las medidas de protección para las víctimas de una tentativa de feminicidio, pues las mujeres temen por su vida, ya que sus agresores están en libertad.
