PERLA SANDOVAL/AVC NOTICIAS
XALAPA, VER.- En los últimos siete años el Poder Judicial de Veracruz ha vinculado a proceso a 22 personas por el delito de desaparición cometida por particulares y únicamente cuatro a casos de desaparición forzada; esto es, cometida por agentes del estado.
En total, sólo cuatro personas han sido sentenciadas por el delito de desaparición de personas cometida por particulares y ninguna por casos vinculados a desaparición forzada.
En Veracruz las cifra de desaparecidos alcanza los 7 mil 428 personas desaparecidas hasta este martes, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que ubica a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional con más casos reportados.
Este 30 de agosto se conmemora Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en Veracruz cientos de familias sufren por la desaparición de sus seres queridos y aunque han denunciado que en muchos de estos casos hubo autoridades involucradas, no hay sentencias para los responsables ni información sobre el paradero de sus hijos e hijas.
En octubre del año pasado, el Colectivo Solecito denunció ante el Tribunal Internacional 22 casos de desaparición forzada ocurridos en Veracruz entre 2012 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Se trata de casos en los que habrían participado funcionarios públicos de la Policía Estatal o Ministerial de Veracruz, así como grupos élite de la Secretaría de Seguridad del Estado.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, documentó que, durante el Operativo Blindaje Coatzacoalcos, entre 2014 y 2015, se registraron más de 50 desapariciones en ese municipio en las que se presume la participación de elementos de las fuerzas policiacas.
Algunas personas siguen desaparecidas, otras habrían sido torturadas y luego liberadas; algunas más fueron halladas en fosas clandestinas o basureros con “narcomensajes”, y en otros la autoridad reportó su asesinato durante presuntos enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada.
Desde su desaparición, las autoridades no han entregado los videos de cámaras de videovigilancia que antes de las desapariciones aseguraron funcionaban y estaban enlazadas a la Policía Naval, señala el informe preliminar “Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos”.
DETENIDOS POR DESAPARICIÓN FORZADA Y LIBERADOS
Cabe destacar que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) diversos servidores públicos enfrentaron procesos por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas.
La lista incluye a dos extitulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo “N” y José Nabor “N”, un procurador general de Justicia, Luis Ángel “N”, además de agentes y coordinadores de la Policía Ministerial, de la Policía Estatal e incluso de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.
Además, de la lista de agentes del Estado investigados por su probable participación en dicho delito destaca el grupo de élite de la Fuerza Civil, denominada como “Los Fieles” que fueron señalados por participar en desapariciones forzadas.
Autoridades decían que Rafa sufrió “levantón”; familia exige investigación por desaparición forzada
Rafael Espinosa Gutiérrez, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV), desapareció el 15 de agosto de 2013; había salido de trabajar casi a medianoche cuando al llegar a su domicilio personas en dos vehículos se lo llevaron.
Su tía, María Elena Gutiérrez, integrante del Colectivo Buscando a Nuestros y Desaparecidos y Desaparecidas, señala que recientemente pudieron saber que Rafael trabajaba en un caso de fraude electoral durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y temen que haya sido víctima de desaparición forzada.
Narró que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en su momento les dijo que era “un levantón”, pero ante la presión que ejercieron se pudo hallar el automóvil de Rafael quemado en una ranchería en el rumbo del municipio de Actopan; desde entonces, el caso no tuvo avance.
“Con el tiempo nosotros descubrimos que en el momento de su desaparición era un tiempo de elecciones, estaba gobernando Duarte. Rafa llevaba el caso de un municipio donde se habían encontrado 400 boletas de más por lo que envió el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anuló las elecciones. Yo relaciono eso con desaparición forzada”, dijo.
María Elena afirma que a 10 años de distancia es evidente que hubo colusión entre autoridades porque los funcionarios se negaron a aportar información para dar con el paradero de su sobrino.
Y si bien dijo que la Fiscalía de Desaparecidos se comprometió a hacer diligencias que antes no se realizaban la exigencia sigue siendo la misma: que cumplan con su trabajo y que les permita tener la verdad y exigir justicia.
Actualmente María Elena es la única de su familia que busca “Rafa”, como él dice de cariño y su anhelo es conocer su paradero para que su hermana —madre de Rafael— al menos tenga certeza de lo que le pasó.
“Yo sigo en la búsqueda y en la investigación, igual que mis compañeras. En estos 10 años en mi familia he encontrado deterioro (...) Diez años son un montón, pero nunca hemos pensado en tirar la toalla, hasta hasta que la vida nos dé chance”.
María Elena afirma que lo que le da fuerza es el coraje y el deseo de justicia, de darle una respuesta a su hermana.
“Darle un alivio espiritual, pero que sabe si me dé tiempo de que me entienda. Es un compromiso con la vida, un compromiso también ético porque no es cualquier cosa, es un ser humano, es parte de mi familia”.
Actualmente en el del Colectivo Buscando a Nuestros y Desaparecidos y Desaparecidas hay 44 personas que buscan a sus seres queridos, algunos son casos con más de 13 años de antigüedad.
OMISIÓN DE AUTORIDADES IMPIDE AVANCES EN INVESTIGACIONES
Argenis Yosimar Pensado desapareció el 16 de marzo de 2014 en Xalapa. Ese día se registró una balacera en Xalapa. Su madre Fabiola Pensado Barrera interpuso una denuncia, pero afirma que durante el primer año no hubo avance y las pistas de lo que pudo haberle pasado a su hijo se fueron desvaneciendo.
A nueve años de su desaparición y tras haber interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) no hay avances a pesar de los indicios de que en este caso podrían haber participado policías del estado.
“Ese año que fue muy importante lo dejaron perder. Hay indicios de que pudo haber participación de policías del estado. Ese día hubo balaceras en toda la ciudad y esa línea nunca la quisieron investigar y muchos años después entendí por qué”.
Fabiola cuenta que durante estos años ha buscado a su hijo en todos los sitios en que ha podido, ha aprendido nuevas habilidades para la búsqueda en campo pues hasta ahora ni las autoridades estatales ni las federales han avanzado en el caso.
“Yo pensaba que allá iban a hacer mucho más, pero se escudan en que la Fiscalía del Estado está más cerca y que los policías de investigación se pueden trasladar más rápido. Me he ido dando cuenta que es prácticamente lo mismo”.
Afirma que mucha de la información que hay en carpeta son cosas que ella ha aportado, y aun así perdieron información sobre unas personas que considera podrían tener información.
“Les di hasta fotografía junto con la ubicación y la perdieron. Hubo omisión porque muchas personas que podían saber ya no están o números que se tenían se pudieran haber rescatado las compañías telefónicas ya no guardan registro”.
Para Fabiola el amor a “Yossi”, como le dice de cariño, es lo que la mantiene en pie incluso cuando ha querido “tirar la toalla”.
“Siempre que quiero tirar la toalla me imagino su cara y me dice que está esperando que yo lo encuentre, eso es lo que me ha hecho salir a las marchas y gritar su nombre y salir con su con su foto. No tengo esperanza en las autoridades, pero sí tengo esperanza en Dios y sé que algún milagro puede suceder para poder encontrarlo”.
Para estas familias la exigencia sigue siendo la misma, que la Fiscalía General de Veracruz y la federal investiguen diligentemente los casos, que den con el paradero de sus familiares, se castigue a los responsables y se conserve la memoria de sus seres queridos.
CORRUPCIÓN IMPERA SIN IMPORTAR PARTIDO EN EL PODER
El 29 de noviembre de 2011, Karla Nallely Saldaña Hernández y Jesús Alberto Estrada Martínez, salieron a divertirse juntos y desde entonces han pasado 12 años sin conocer qué les ocurrió. Su padre Carlos Saldaña, integrante del Colectivo Enlaces Familias Xalapa, relata que el caso ha estado plagado de omisiones de las autoridades y aunque actualmente hay dos ex policías municipales detenidos no han sido sentenciados y tampoco conoce el paradero de sus seres queridos.
“Ha sido un verdadero calvario estos 13 años, ha sido para nosotros bastante pesado, bastante pesado, pero gracias a Dios continuaremos así mientras tengamos salud”, contó.
Dijo que no hay avances en la Fiscalía General de Veracruz pues aunque fueron detenidos dos expolicías de la extinta Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan el proceso ha sido lento, y a 12 años no hay sentencia.
Para Carlos Saldaña no hay motivo para la dilación en la sentencia de la jueza y teme que esta sea reducida dado el tiempo que han pasado en prisión durante este proceso.
“Estamos exigiendo a los jueces porque si ya está todo ¿qué esperan? Al rato la sentencia va a ser mínima porque ya han estado en prisión. En el caso del primer detenido tiene cuatro años en la cárcel y si le ponen una pena de 20 años se le irá reduciendo”.
Dijo que a más de una década de distancia es claro que hay una corrupción que ha imperado dentro de las filas del Gobierno sin importar qué partido esté en el poder.
“Así se hable de un PRI, PAN o la llamada 4T. Cuando el presidente de la República tomó el cargo y vino a un evento aquí en el Palacio a nosotros nos pusieron adelante, nos dijeron que nos darían todo el apoyo y no lo vemos todavía, el apoyo nunca se ha visto”.
Acusó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez cuando estaba en campaña se ofreció a dar su apoyo y había mesas cada semana, luego cada 15 días, luego cada mes y ahora que ni siquiera les contesta un oficio.
“La fiscal general en la primera reunión que tuvimos con ella dijo que era encargada y no podía darle solución a nada, muy déspota; luego le dieron el nombramiento y le dimos confianza y no vemos claro, seguimos en las mismas, con este dolor, con esta lucha, con este temor que tenemos. Los años pasan, nuestra salud se va deteriorando, se acaban los puntos de búsqueda. Hay una actitud revictimizante, con esa actitud de darnos la espalda”.
Cabe destacar que actualmente en el Colectivo Enlaces Familias Xalapa agrupa a 32 familias con algunos casos que datan desde el 2004.
