QUINTO ELEMENTO LAB/AVC NOTICIAS
XALAPA, VER.- Aunque el Gobierno Federal asegura que no está “desapareciendo desaparecidos”, al menos 30 personas figuran como localizadas en el censo del presidente Andrés Manuel López Obrador sin que hayan regresado con sus familias. Dos fueron además borradas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el contador oficial de esta tragedia.
Entre las personas “localizadas” están diez que desaparecieron durante la “guerra sucia”, e hijos de buscadoras que participan activamente en colectivos de Chihuahua, Morelos, Jalisco, Sonora, Veracruz y Zacatecas. En todos los casos se confirmó que las víctimas continúan ausentes.
En los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, el llamado censo de AMLO que es una actualización del RNPDNO, Virginia Ortiz Ramírez, que tenía 13 años cuando desapareció el 5 de julio de 2007 en Oaxaca, es una de las 16,681 personas localizadas. Daniela, siete años mayor que su hermana y ausente también desde ese día, está clasificada como “Se requiere información de identidad”; según las definiciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), esto quiere decir que no se cuenta con datos suficientes para confirmar su identidad.
“Hasta el día de hoy no hemos encontrado a ninguna de las dos”, aseguró su prima, Emelia Ortiz. Ambas hermanas son triquis de la región mixteca de Oaxaca y pertenecen al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. “Mientras pasan más años es más doloroso para nosotros sus familiares porque no sabemos si están vivas. Es una incertidumbre la que estamos viviendo a diario”.
Una investigación de Quinto Elemento Lab y su proyecto A dónde van los desaparecidos permitió descubrir que al menos 30 víctimas que continúan desaparecidas figuran como localizadas en el censo. Sus nombres permanecen inscritos en el RNPDNO, salvo en dos casos: una mujer michoacana desaparecida en julio de 2022 a los 58 años –de quien un informe de la comisión de búsqueda estatal consigna que no fue localizada– y José Marco Antonio Márquez Sandoval, un joven desaparecido en Guadalajara, Jalisco, el 13 de junio de 2017; ambos, según fue posible comprobar, han sido “borrados”.
La buscadora Lorena Guzmán recorre las fosas clandestinas de Orizaba con la esperanza de encontrar a su hijo Miguel Ángel Hernández Guzmán. Quienes se lo llevaron el 19 de mayo de 2019 de esta ciudad veracruzana no se lo han devuelto, aunque purguen una condena por secuestro y desaparición forzada. Cuando desapareció, a los 27 años, iba con dos amigos, con quienes solía jugar fútbol.
Pese a que los perpetradores han mantenido en secreto su paradero, Miguel Ángel fue incluido en el censo como localizado, sin nombre, pero con el Folio Único de Búsqueda (FUB). Su madre no se explica el supuesto hallazgo. Una de las fichas del programa “¿Has visto a...?”, de la Fiscalía General de la República (FGR), todavía pregunta por su hijo.
“Están mal, no se vale eso, es delicado y le da mucho coraje a uno, impotencia”, señaló la madre buscadora del colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba. “No es verdad que mi hijo ya haya sido localizado, eso es mentira. Estamos en búsquedas, buscando [en] las fosas clandestinas, vamos de un lado a otro. Es la única esperanza que tenemos de encontrarlos, así como sea”.
El caso de Miguel Ángel proviene de una base con 12,350 FUB, el “Listado de folios localizados” publicado por el Gobierno federal. Esto significa que, de acuerdo con la metodología que dio a conocer la Segob, habría sido encontrado por los servidores de la nación durante las visitas que realizaron a domicilios de familiares para confirmar si la persona desaparecida había regresado, o bien por un informe de la fiscalía estatal.
Esa lista no incluye a quienes fueron reportados como localizados tras hallar su acta de defunción. Estos casos, un total de 4,134, serán notificados directamente a las familias. Otras 197 personas, que pudieron ubicarse en un centro penitenciario, no se especificó en qué lista estarán.
Guzmán negó haber sido contactada por los empleados de la Secretaría del Bienestar, que de repartir programas sociales pasaron a hacer visitas casa por casa; tampoco ha sido informada por las autoridades locales de que hayan encontrado a su hijo. Por eso, desde hace cinco años no ha dejado de buscarlo.
El FUB de Cristian Paola Pérez Pérez, de 29 años, también está en el “Listado de folios localizados”. Desapareció en Moroleón, Guanajuato, hace casi un año, el pasado 16 de marzo. Tiene cuatro hijos que la esperan de vuelta. Sus familiares confirman que no ha aparecido; tampoco recibieron la visita de servidores de la nación como parte de un censo del que han escuchado poco.
“Hemos pedido que se investigue, yo sé que tienen las herramientas y los mejores sistemas para trabajar con los teléfonos, y nada. Nada más el ministerio público [a cargo de la investigación] nos dice que a él le interesa mucho este caso, que es el único de 2023 que no tiene ni pies ni cabeza –la mujer fue sacada de manera violenta de su domicilio–, porque todos los demás han aparecido o hay algún indicio”, dice una de las hermanas de Cristian Paola, que prefiere no mencionar su nombre porque la familia ha sido hostigada por gente desconocida desde que hicieron pública la desaparición.
Aunque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo durante la presentación de la Estrategia Nacional que tendrían que validar la información para “formalizar” las localizaciones, también aseguró que, sobre las 16,681 personas halladas, tenían la “certeza de su paradero”.
CRUCE DE DATOS
A partir de la técnica del web scraping, que permite extraer información de sitios web, y el cruce de datos masivos entre cuatro bases que el Gobierno federal ha hecho públicas –una “Versión pública integral del RNPDNO”, dos actualizaciones de la “Versión pública especial para consulta del RNPDNO” y el “Listado de folios localizados”–, se identificaron los nombres de 11,026 personas (incluidos probablemente duplicados), que forman parte del total de 16,681 localizados. El resto de los registros estaban testados, ocultos bajo la leyenda “eliminado” o “confidencial”.
Los nombres se obtuvieron, primero, al comparar los FUB –un código que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) asigna a cada registro de desaparición– de la primera “Versión pública especial para consulta del RNPDNO”, que estuvo disponible entre el 14 y el 30 de diciembre de 2023, con los del “Listado de folios localizados”, publicado posteriormente. Así se obtuvieron 1,407 nombres.
Después se confrontó la segunda “Versión pública especial para consulta del RNPDNO”, que incorporaba las clasificaciones del censo de AMLO, con la “Versión pública integral del RNPDNO” del 23 de agosto de 2023, con 110,964 registros que incluían las localizaciones, pero sin FUB. Para este cruce se utilizaron los nombres, apellidos, el estado donde ocurrió la desaparición y la autoridad que hizo el reporte. Así se obtuvieron 9,619 nombres de personas localizadas.
Del cruce del total de 11,026 nombres con listas de personas desaparecidas proporcionadas por colectivos de familiares, fichas de búsqueda activas del programa “¿Has visto a..?” de la FGR, y la lista vigente de Acciones Urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, se obtuvieron 85 registros de personas localizadas que podrían continuar desaparecidas.
A través de colectivos y organizaciones que acompañan a familiares de personas desaparecidas, y directamente con sus parientes, se confirmó que 30 víctimas seguían ausentes, contrario a lo que indican los resultados del censo.
De otras nueve personas incluidas como localizadas, esta investigación encontró reportes o denuncias de desaparición, entrevistas con sus familiares en medios de comunicación que datan del último año, y publicaciones recientes en redes sociales sobre su búsqueda. No fueron agregadas a la cifra de 30 casos porque este equipo no logró contactar a un colectivo o fuente que pudiera confirmar que siguen desaparecidas.
De los 16,681 casos reportados como localizados, el 27 % no cuentan con entidad federativa. Del resto, tres de cada diez localizaciones corresponden a personas desaparecidas en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Guerrero y Tamaulipas. A excepción de Guerrero, estos estados figuran entre los cinco con mayor número de víctimas. Además, según el censo, en Aguascalientes, la Ciudad de México y Oaxaca se habría localizado más de una cuarta parte de las personas que estaban desaparecidas.
CASOS “BORRADOS”
El “borrado” de casos ha sido una preocupación de los colectivos de búsqueda desde que el pasado 14 de diciembre se dieron a conocer los resultados de la Estrategia Nacional. Decenas de miles de víctimas de desaparición fueron clasificadas en categorías que resultaron confusas para sus familiares, como “Personas ubicadas”/ “Con indicios” o “Con identidad sin datos adicionales”/”Se busca reportante”.
Este medio reveló que más de 260 registros están mal clasificados: desde hijos de mujeres que lideran colectivos de búsqueda y que durante años han exigido justicia, hasta casos de desaparición ocurridos en la “guerra sucia” y víctimas que cuentan con resoluciones de organismos internacionales de las Naciones Unidas.
Según el Gobierno federal, quienes figuran como “localizados” son personas “que han sido formalmente localizadas por alguna autoridad local o que se cuenta con una prueba de vida o un acta de defunción como resultado de la búsqueda generalizada, pero que aún no han sido formalizadas por autoridades primarias”.
“Yo no doy por encontrado a mi hijo por un pedazo de hueso del brazo que hallaron. ¿Cómo me aseguran ellos que sí es él?”, señaló indignada Leticia Sandoval Zúñiga, madre de José Marco Antonio Márquez Sandoval, uno de los dos casos reportados como localizados que fueron borrados del RNPDNO, según pudo comprobar este medio.
Con ese hueso del brazo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha buscado dar carpetazo a la desaparición, aseguró Sandoval. “Fueron por mí para decirme que supuestamente lo habían encontrado. Llego [a la fiscalía] y me mandan con un dizque psicólogo que me dice: ‘Necesita conseguir un cajón de unos 80 centímetros porque hay un hueso largo’. Y luego: ‘A ver, espéreme, no hay hueso largo, nada más uno pequeño’”, narró la buscadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Esto ocurrió el 22 de octubre de 2018.
Aunque ha luchado para que el caso de José Marco Antonio no sea considerado una localización, pues la única prueba de la fiscalía estatal es la coincidencia de su ADN con el del hueso analizado, así figura en el censo de AMLO.
RASURAMIENTO CRIMINAL
Anunciado en junio de 2023 por López Obrador como un nuevo censo “para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente”, meses después se reveló, tras la salida de la ex comisionada nacional de Búsqueda Karla Quintana, que la intención del presidenteera política. Lo que se busca “es reducir las cifras de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”, acusó la exfuncionaria.
En un informe publicado en octubre, el CED de la ONU advirtió que el censo no contaba con una metodología “clara y transparente”, ni había contemplado la participación de las familias buscadoras.
Sobre los errores y omisiones en el nuevo censo, el académico y abogado Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró que se ha pasado “del sospechosismo a la comprobación”. “Sí parece haber un rasuramiento [del RNPDNO], y eso es criminal, es de una crueldad descomunal para las familias”.
Corcuera, quien también fue integrante del primer Consejo Nacional Ciudadano, un órgano que vigila el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desapariciones, agregó que el gobierno no debería estar preocupado por “sacar” casos del conteo oficial sino por detener las desapariciones. El RNPDNO contabiliza actualmente más de 114,500 víctimas, el 43 % bajo la presente administración.
A Johana Karina Santos Huicho sí la buscó un servidor público para preguntarle si su hijo, Eduardo Armando González Santos, había vuelto a su casa en Nogales, Sonora. En una llamada telefónica le dijo que el joven había sido localizado con vida en octubre de 2020, dos meses después de su desaparición a los 21 años.
“Pero ¿cómo es posible si hasta el momento yo no sé nada?’, le dije a la persona que me habló. A mí sí se me hace un error la forma en que trabajan”, afirmó la integrante del colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales. Como respuesta, le pidieron que tramitara un reporte de desaparición ante la comisión de búsqueda local; aunque lo hizo, no le han informado sobre la supuesta localización. Lo que sí ocurrió es que el FUB de su hijo fue incluido en el “Listado de folios localizados”.
A Juana Bosques Álvarez, que busca a su hijo Juan Antonio Flores Bosques, desaparecido a los 20 años en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 9 de octubre de 2011, nadie le informó sobre el censo. No recibió ninguna visita y la Fiscalía General del Estado tampoco la ha buscado. Su nombre es uno de los 9,619 obtenidos de la “Versión pública integral del RNPDNO”.
Cuando a través del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) se le contactó para saber su opinión, la madre buscadora reclamó indignada a este gobierno: “Si lo puso en la lista [de localizados], yo quisiera saber dónde está mi hijo y por qué no me [lo] han comunicado. Si hubiera una localización yo lo sabría o él se habría comunicado conmigo”.
VISITAS FALLIDAS Y LLAMADAS SIN RESPONDER
Entre abril y diciembre de 2023, según los resultados de la Estrategia Nacional, se realizaron jornadas de búsqueda masiva en todo el país: 111,641 visitas casa por casa que permitieron localizar a 3,945 personas, y 86,341 llamadas telefónicas desde un call centerinstalado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La revisión de cientos de informes de localización elaborados por personal de la CNB y por servidores de la nación, a los que tuvo acceso este medio, permitió encontrar que algunas irregularidades se dieron también durante estas jornadas.
Al menos dos personas que cuentan con fichas de búsqueda de la FGR y fueron registradas en los informes como desaparecidas, figuran como localizadas.
Una es la mujer desaparecida en Michoacán en 2022 “borrada” del RNPDNO. En el informe de localización, fechado el 15 de mayo de 2023, un funcionario de la comisión de búsqueda estatal anotó que nadie respondió al visitar el domicilio, y que un cartel en la casa anunciaba que estaba en renta. Al llamar al número de teléfono anotado, le confirmaron que la persona seguía desaparecida, pero su FUB está en la lista de localizados.
Una fuente que participó en dos jornadas de búsqueda –y pidió resguardar su identidad por temor a represalias– aseguró que el personal a cargo no estaba capacitado, no conocía la problemática de la desaparición de personas ni los impactos psicológicos que podría generar su visita a las familias. Los funcionarios, además, solo contaban con el nombre de la persona desaparecida y su dirección. Como no tenían acceso al RNPDNO, desconocían la edad de la víctima y sus señas particulares, tampoco disponían de una fotografía para comprobar que la persona que tenían enfrente era la que buscaban.
Aunque no pudo precisar los casos en que se consignó erróneamente una localización en los informes, dijo que le consta que ocurrió.
Este medio también tuvo acceso a una base de datos con registros de más de 18,000 llamadas realizadas desde el call center de la SSPC en octubre de 2023. Más del 86 % no fueron respondidas. En dos casos, los funcionarios asentaron en la bitácora que nadie había contestado, y en otros dos, que las personas que respondieron dijeron que su familiar no había regresado a casa; aun así, los cuatro FUB están en la lista de localizados.
CASOS DE LA “GUERRA SUCIA”
El nombre de Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida en 1978 durante la “guerra sucia”, no estaba incluido en el censo, solo en el RNPDNO. Su hija, la abogada e historiadora Alicia de los Ríos, publicó en X que a su madre la habían “borrado”. En privado, personal de la CNB le explicó que la plataforma de la Estrategia Nacional “no abarca el registro completo”.
El FUB de la militante comunista no estaba en las bases de datos que la Segob publicó en diciembre de 2023. Esto significa que debió ser incluida en la lista de 16,681 localizados, de acuerdo con el análisis realizado por este medio.
Después del reclamo de la historiadora, la CNB agregó al censo el registro de su madre con la clasificación “Denuncia confirmada”. Pero otras diez víctimas desaparecidas entre 1965 y 1980, que tampoco figuran en ninguna categoría, como era el caso de De los Ríos, se encuentran entre los 11,026 nombres de personas localizadas obtenidos por este medio.
“Este es un indicio de la frivolidad con la que se ha venido trabajando [en la CNB], sobre todo en estos últimos meses. No entienden, no escuchan [a las víctimas]. Que sustraigan un dato de otra base para que ‘no estén dando lata’ evidencia la frivolidad, la ineptitud, la incapacidad, la falta de información”, dice la historiadora sobre la posibilidad de que, solo tras su reclamo público, se rectificara la clasificación de su madre.
No ha habido una explicación de por qué estas desapariciones forzadas figuran como localizaciones. Este medio pudo confirmar que cerca de 350 casos ocurridos también durante la “guerra sucia” están incluidos como desapariciones en el censo de AMLO.
Aunque se ha buscado en varias ocasiones a la comisionada nacional de Búsqueda Teresa Guadalupe Reyes Sahagún para que explique el porqué de los errores identificados en el censo, no se ha tenido respuesta. A finales de 2023, el presidente se comprometió a informar sobre los avances de la Estrategia Nacional una vez al mes, pero ni en enero ni en febrero dedicó tiempo al tema.
Mientras tanto, las familias de las personas desaparecidas están confundidas, no saben si el Gobierno federal ha dado por localizada a la persona que buscan o cómo impactarán las clasificaciones del censo en las pesquisas para dar con el paradero de su ser querido.
“Él [López Obrador] dice que no es cierto que son tantos desaparecidos y que está trabajando en eso, pero pues no es verdad porque la gente sigue desapareciendo, y no son poquitos, son muchos, no es verdad que está haciendo algo”, lamentó Lorena Guzmán, que sigue sin saber dónde está su hijo “localizado”.
*Con información de Andrés de la Peña, Aranzazú Ayala y Mónica Cerbón.
Participaron en la revisión y verificación de casos: Analy Nuño, Aranzazú Ayala, Fernando Arauz, Camelia Muñoz, Carlos Morán, Efraín Tzuc, Lucía Flores, Mónica Cerbón, Paloma Patiño y Violeta Santiago.
Catálisis, la unidad de aplicación tecnológica para el periodismo de investigación de Quinto Elemento Lab, está integrada por Efraín Tzuc (coordinador) y Andrés de la Peña (periodista de datos).
