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XALAPA, VER.- La llegada de la Marina y la Guardia Civil a la zona del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec pone en riesgo los derechos humanos de las personas y los defensores del territorio, por lo que una misión civil de observación pidió “detener de manera urgente” la llegada de fuerzas federales.
Durante la presentación del informe de la misión civil de observación que realizaron una veintena de organizaciones de los estados de Oaxaca y Veracruz, se denunciaron acciones de intimidación a defensores del medio ambiente, una criminalización de los ejidatarios y un excesivo control de las regiones a través de la militarización.
En voz de Xavier Martínez de la organización Territorios Diversos para la Vida A.C., pidieron detener de manera urgente y efectiva el proceso de militarización en los territorios indígenas del Istmo de Tehuantepec, a efecto de respetar sus derechos colectivos sobre el territorio, autodeterminación y consulta.
El Informe sobre la Misión Civil de Observación en el marco de la defensa de la tierra y el territorio frente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) documentó del 1 de mayo del 2021 al 1 de mayo de 2024 un total de 72 ataques en los que se cometieron, al menos, 226 agresiones diversas.
Los tres tipos de agresiones con mayor número de registros contabilizados son la intimidación, el hostigamiento y las amenazas con 67, 64 y 22 registros respectivamente.
“Siendo importante resaltar la perpetración de agresiones consideradas como graves violaciones a derechos humanos como las probables desapariciones forzadas en 3 ataques y 3 homicidios documentados”, dice el informe.
Los diversos tipos de agresiones documentadas fueron cometidos principalmente en el marco de obras específicas como polos de desarrollo, vías férreas o parques industriales.
En Veracruz, se documentó el caso de Texistepec, donde ejidatarios fueron desalojados por elementos armados de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, destruyendo sus cultivos y viviendas.
Los terrenos donde se pretende instalar uno de los diez polos industriales del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es un terreno en disputa desde hace más de una década y que es reclamado por un grupo de campesinos.
En mayo del 2020, la apoderada legal del corredor del istmo de Tehuantepec giró un oficio a los posesionarios para ordenar el desalojo del inmueble. Ante la negativa los posesionarios que mantienen algunas siembras de maíz en el lugar fueron desalojados por la Guardia Nacional.
El informe revela también que en Oaxaca existen al menos, 12 carpetas de investigación tanto en orden federal como estatal, relacionadas con aproximadamente 55 personas defensoras del territorio.
“En la documentación descrita se observó la particularidad de una participación múltiple de agentes estatales agresores en la perpetración de la violencia en contra de las personas y comunidades defensoras durante un mismo ataque”.
De acuerdo a las voces de ejidatarios y habitantes, las comunidades denunciaron:
Afectaciones a sus territorios, por la construcción de red eléctrica, gasoductos, parques industriales y carreteras. Las empresas constructoras generan residuos que les dejan en sus tierras, la construcción de los diversos componentes del proyecto tiene como consecuencia la tala de árboles y daños a especies de flora y fauna endémicas.
Militarización por la presencia de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como el aumento en la presencia de la policía estatal y Fuerza Civil —en Veracruz— dentro de las comunidades donde se desarrolla el CIIT.
Falta de información sobre el proyecto. Habitantes de las comunidades visitadas durante la MCO manifestaron desconocer los alcances del proyecto. A través de diversos testimonios, señalaron que no se les informó sobre los elementos relacionados con el CIIT, sus impactos.
Además de Omisiones en la protección de sus derechos a la libre determinación, a la autonomía, al consentimiento y consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada
Ante la violencia sistemática en contra de las personas y comunidades defensoras de sus territorios, naturaleza y formas de vida frente al proyecto de CIIT, la misión realizó diversas recomendaciones:
- Garantizar la implementación urgente de medidas de protección efectivas en favor de las personas defensoras del medio ambiente y el territorio. Estas medidas deben de ser acordadas con las personas defensoras y tener pertinencia de contexto, perspectiva de género y comunitaria.
- Detener toda forma de amenaza, criminalización y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza, así como emprender acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
- Cumplir con las obligaciones de debida diligencia en el marco de la investigación y sanción de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas en contra de las personas y comunidades defensoras, así como sus familiares, conforme a los parámetros constitucionales correspondientes a los derechos de las personas defensoras ambientales
4.-Reconocer la calidad de víctimas de las personas y comunidades defensoras, así como de sus familiares, agredidas en el marco de la violencia cometida como resultado de la defensa del territorio frente al proyecto del CIIT. Entre otras acciones, a través de su ingreso al Registro Nacional de Víctimas y la efectiva atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el marco de las obligaciones estatales derivadas.
- Adoptar las medidas necesarias y suficientes para la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos de las personas y comunidades defensoras del territorio y la naturaleza.
- Adoptar las medidas necesarias y suficientes para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las personas y comunidades defensoras de la naturaleza y el territorio de las víctimas, así como sus familiares.
- Garantizar efectivamente los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y sus comunidades, reconocidos en el derecho internacional, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI); así como lo establecido en el vigente bloque de constitucionalidad mexicano.
- Reconocer y respetar los derechos humanos y colectivos de las personas y comunidades indígenas zapotecas, mixes y zoques, y otros de la región, a la libre determinación, a la autonomía y autogobierno, al territorio, al consentimiento previo, libre e informado, a partir de su efectivo reconocimiento como sujetos de derecho público y de la jurisdicción indígena de la Asamblea Comunitaria como la máxima instancia de decisión y bajo el estándar más alto de protección.
El informe es derivado de Del 25 al 27 de julio de 2023 se realizó una Misión Civil de Observación (en adelante MCO) en el Istmo de Tehuantepec, con el fin de documentar y visibilizar las agresiones ejercidas contra personas y comunidades defensoras de la naturaleza y el territorio, que en su mayoría son indígenas, frente a la Imposición del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
