- En Veracruz, más de la mitad de la población vive en rezago habitacional. La falta de planeación, la corrupción inmobiliaria y la especulación han agudizado una crisis estructural del derecho a la vivienda
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Xalapa, Ver.- La tormenta provocada por el huracán Eric en junio de 2025 puso al descubierto una crisis silenciosa pero persistente: la del acceso a una vivienda digna en Veracruz.
Las lluvias intensas afectaron fraccionamientos como Valle Real, donde las inundaciones evidenciaron fallas estructurales y falta de servicios básicos, mientras autoridades municipales discutían sobre quién debía responder. Este caso no es aislado.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 Veracruz contaba con más de 3 millones de viviendas, de las cuales más de 620 mil estaban deshabitadas. Paralelamente, el 49 % de la población vivía en rezago habitacional. Esta contradicción refleja un modelo de desarrollo urbano basado en la especulación y la ganancia privada, antes que en garantizar derechos.
En un reportaje para radio UV, los periodistas Brisa Gómez y Juan Carlos Platas abordan la situación desde varios puntos de vista.
FRACCIONAMIENTOS MAL CONSTRUIDOS Y NO MUNICIPALIZADOS
Uno de los principales problemas identificados es la construcción masiva de viviendas en terrenos no aptos, sin servicios básicos y alejados de los centros urbanos. América Carmona Olivares, exdirectora de Desarrollo Urbano en Xalapa, explicó que muchas desarrolladoras vendieron hasta el 70 % de las viviendas sin cumplir con el proceso legal de municipalización. Eso implica que calles, alumbrado, áreas verdes y drenaje no son propiedad del municipio, por lo que este no puede intervenir legalmente para mantenerlos.
Empresas como Casas Geo y Homex abandonaron sus desarrollos sin entregar formalmente los espacios públicos, dejando a los residentes en situación de indefensión legal, obligados a financiar con sus propios recursos servicios como la recolección de basura o el mantenimiento del alumbrado.
VIVIENDAS ABANDONADAS, INSEGURIDAD Y URBANIZACIÓN FALLIDA
Según Ezequiel Melgarejo Ochoa, académico de la Facultad de Arquitectura de la UV, el abandono de viviendas ha generado focos de inseguridad, vandalismo y pérdida de cohesión social. Las casas construidas con materiales de baja calidad y ubicadas en zonas sin transporte ni infraestructura adecuada, terminan siendo abandonadas por sus habitantes. Esto agrava aún más el deterioro de esos fraccionamientos.
Rosy Guendolí Carrillo Ovando, académica de Economía, señaló que este modelo beneficia principalmente a un reducido grupo de inmobiliarias que compran suelo barato en zonas periféricas y lo revenden a precios elevados tras la autorización de cambios de uso de suelo. La especulación ha provocado un aumento desmedido en los precios de la vivienda, mientras miles de familias no pueden acceder a créditos o pagar las hipotecas.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México el 9.1 % de la población vive en rezago habitacional, y el 17.8 % carece de servicios básicos.
CORRUPCIÓN INMOBILIARIA Y OMISIONES INSTITUCIONALES
Arturo Chipuli Castillo, investigador jurídico de la UV, advirtió que la corrupción inmobiliaria ha facilitado la proliferación de fraccionamientos irregulares y asentamientos inseguros. En muchos casos, los permisos se otorgaron sin cumplir requisitos técnicos ni normativos. La falta de aplicación de la ley y la impunidad permiten que estos desarrollos se multipliquen.
También alertó sobre la gentrificación como otro factor de exclusión: plataformas de renta como Airbnb están elevando los precios de renta en zonas urbanas, desplazando a familias de bajos ingresos hacia la periferia.
El artículo cuarto constitucional reconoce el derecho a una vivienda digna, pero hoy ese derecho ha sido subordinado al mercado. América Carmona explicó que el valor de las viviendas responde más a la “moda” que a criterios urbanísticos: zonas que antes eran accesibles, se han encarecido por especulación, mientras otras pierden valor por la inseguridad o la presencia de equipamientos no deseados.
LAS MÁS AFECTADAS: MUJERES, JÓVENES Y TRABAJADORES INFORMALES
El sistema hipotecario excluye a quienes no tienen empleos formales o antigüedad suficiente. Jóvenes, madres solteras y trabajadores en el sector informal — que representan más del 50 % de la población laboral en México— no pueden acceder a una vivienda propia. Incluso quienes logran un crédito, deben endeudarse por décadas para cubrir apenas una parte del costo total.
Expertos coinciden en que hay rutas para revertir la crisis. La vivienda popular —autoconstruida, progresiva, con acompañamiento técnico y legal— ofrece una alternativa más viable que los modelos actuales de interés social. Casos como el de la unidad Jardines de Xalapa, que logró su municipalización con apoyo de ONU-Hábitat, muestran que la intervención estatal puede corregir años de abandono.
Carmona Olivares insiste en que las políticas públicas deben enfocarse en las personas, no en las empresas. Para ello, es fundamental revisar esquemas de crédito, mejorar la regulación territorial, sancionar la corrupción y recuperar el sentido social del urbanismo.
