• Los delitos de alto impacto van a la baja y se cumplieron más de 4 mil 700 mandamientos judiciales, destaca Marcela Aguilera Landeta, presidenta de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXIII Legislatura del Estado
XALAPA, VER.- En Veracruz los delitos de alto impacto van a la baja. Con más de 4 mil 700 mandamientos judiciales cumplidos, hay avances muy importantes en la procuración de justicia, afirmó la presidenta de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXIII Legislatura del Estado, diputada Marcela Aguilera Landeta, al término de la comparecencia del titular del ramo en la entidad, Luis Ángel Bravo Contreras.
La Legisladora reconoció la solvencia del funcionario, de lo que representantes de los diferentes grupos parlamentarios dejaron constancia: Con nueve meses en el cargo –dijo– ha logrado cambios de fondo muy importantes en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), como superar el rezago de las investigaciones ministeriales, en los cumplimientos judiciales, y los resultados en el combate al secuestro.
Para Mónica Robles Barajas, secretaria de esa Comisión, esta comparecencia –con motivo de la Glosa del IV Informe de Labores del gobernador Javier Duarte de Ochoa– fue un ejercicio transparente y oportuno, pues el Procurador mostró sensibilidad y conocimiento de los temas.
Se admitió que Veracruz tiene un gran reto en procuración de justicia, pero sigue avanzando, se refrendó la apertura de la dependencia hacia todos los ciudadanos y así abona a la credibilidad de las instituciones del Estado: “De continuar por ese camino habrá mejores resultados”, agregó Robles Barajas.
La diputada Octavia Ortega Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió cifras de desaparecidos en Veracruz y otros relacionados con este tipo de delitos. Bravo Contreras precisó que de 2006 a 2014, la PGJ ha recibido 2 mil 55 denuncias por desaparición de personas, se localizó con vida a mil 361, se registraron 126 decesos y se busca a 568.
Aclaro que la mayoría de los casos denunciados no se vinculan a delitos. Pero en cuanto se denuncia un caso se activan los protocolos y las primeras 12 horas son determinantes. Si se trata de un menor, se activa la Alerta Ámber. Explicó que los índices se redujeron, pues comprobaron que muchos reportados como desaparecidos, no lo estaban.
Respecto de los secuestros, el Procurador detalló que de enero a octubre de 2014 han investigado 131 casos, detuvieron a 201 personas vinculadas y desmembraron 32 bandas. De 143 personas plagiadas, 102 fueron liberadas, 27 permanecen como desaparecidas y 14 fallecieron.
En respuesta al legislador Édgar Hugo Fernández Bernal, del Partido Acción Nacional (PAN), el funcionario confirmó la orden de aprehensión contra el ex alcalde de Fortín de las Flores, acusado de un desvío millonario. Respecto del nuevo Sistema de Justicia Penal, reconoció un escenario complejo, pues en Veracruz hay dos sistemas vigentes. Como las leyes están en proceso de armonización, confió en que el nuevo sistema se aplique pronto en todo el estado.
Destacó los resultados de la Agencia Antisecuestros en Córdoba, con la desintegración de una banda de más de 25 delincuentes, responsables de 21 secuestros y 16 homicidios, que operaba en Yanga, Cuitláhuac, Orizaba y el estado de Puebla. La matriz de esta agencia se encuentra en Xalapa y están por abrir sedes en Coatzacoalcos y Tuxpan o Poza Rica.
La legisladora Mónica Robles Barajas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), preguntó sobre violencia contra mujeres y otros delitos de género. El Procurador precisó que de 37 investigaciones iniciadas, 22 están en trámite y 15 resueltas. Muchas se solucionaron en cuestión de horas, lo que refleja la voluntad para enfrentar la causa.
Sobre la construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, se comprometió a proceder contra quien deba y exonerar a quien no tenga responsabilidad, aunque lo señale la parte que acusa, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). Aclaró que en este momento, por secrecía, no se puede dar más información ni establecer plazos fatales.
En el caso del homicidio del ex director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Papantla, Armando Gutiérrez Arroyo, el Procurador informó al diputado Eduardo Sánchez Macías, del Partido Nueva Alianza (Panal), la acción penal ejercida contra los dos autores materiales y la liberación del autor intelectual por un Juez Federal, el recurso de revisión interpuesto y ganado por la PGJ, y la orden de aprehensión vigente, para que enfrente el proceso.
El diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, del Grupo Legislativo de los partidos De la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (PRD-MC), pidió aclarar y ampliar la información sobre el caso de la periodista María Josefina Gamboa Torales. Bravo Contreras precisó que el expediente está en poder del Tribunal Superior de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso: “La PGJ será respetuosa del fallo que se emita”.
El Procurador se mantuvo atento a la intervención del diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo (PT), quien citó un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dijo que 90 por ciento de los veracruzanos teme por su seguridad y la de sus familiares, y nueve de cada diez delitos no se denuncian, por desconfianza en la autoridad.
Luis Ángel Bravo aseguró que la nueva Procuraduría trabaja al máximo para generar confianza ciudadana, modificar las cifras y que cuando un veracruzano llegue al Ministerio Público confíe en que resolverán su asunto. Ahora –agregó– hay funcionarios comprometidos y mandos con perfil adecuado, pues la Procuraduría no puede ser agencia de colocaciones.
Por su parte, el diputado Francisco Garrido Sánchez, del partido Alternativa Veracruzana (AVE), solicitó los avances de la investigación por el presunto “hackeo” a la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, de la que se sustrajeron más de 7 millones de pesos. El funcionario se comprometió a llegar a la verdad y proceder contra los responsables.
SEGUNDA RONDA
La diputada Gladys Merlín Castro, del PRI, preguntó sobre las desapariciones forzadas, el beneficio que representó el cambio de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) a Policía Ministerial y la efectividad en la aplicación de las órdenes de aprehensión. El Procurador reconoció el impulso de la LXIII Legislatura local a la iniciativa del Gobernador para castigar las desapariciones forzadas, y sobre el retorno a la Policía Ministerial, “no sólo las siglas cambian, sino la actitud y compromiso de los funcionarios”.
Como retos, el diputado Domingo Bahena Corbalá, del PAN, identificó el cambio de paradigmas, mejorar la imagen de la Procuraduría y la aplicación del modelo de justicia. Sobre las mujeres víctimas de violencia, el Titular de la PGJ expuso que determinaron 3 mil 866 medidas de protección y que no hay refugios, sino albergues del DIF o asociaciones civiles. Se autorizaron 20 millones para el Centro de Justicia de Mujeres, en construcción.
En cuanto a las agresiones a periodistas, de tres denuncias presentadas durante 2013, en una se reparó el daño y dos están en trámite: “las concluiré como debe de ser”, afirmó.
El diputado Renato Tronco Gómez, del PVEM, preguntó cómo se repararán los daños a quienes están bajo proceso o en prisión y resultan inocentes. Luis Ángel Bravo refirió el estatus procesal en que obtienen su liberación y aclaró que el Estado no está limitado para proceder contra un ciudadano, al contar con los elementos necesarios.
Por su parte, el diputado Eduardo Sánchez Macías, del Panal, preguntó cómo se atiende a personas indígenas que necesitan traductores durante un juicio. El funcionario recordó que existen convenios con todas las instituciones, para lograr una defensa adecuada con el apoyo de peritos o intérpretes.
Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Legislativo PRD-MC, reconoció el apoyo del Procurador en temas que algunos ciudadanos les presentan y preguntó por los avances para abatir el rezago en agencias del Ministerio Público. Al responder que hay metas establecidas, advirtió la conveniencia de una investigación en trámite, en vez de una reserva fraudulenta, que es dejar que se extinga tras cumplirse un plazo, dijo el Procurador.
En relación con el presupuesto asignado a la dependencia, el diputado Francisco Garrido Sánchez, de AVE, preguntó qué puede esperarse de la Procuraduría, si para 2015 se autorizó un aumento de más de 30 millones de pesos. Bravo Contreras consideró que para este tema, no hay dinero que alcance.
TERCERA RONDA
Luis Ángel Bravo reiteró, ante la pregunta del diputado del PRI José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, que en la Procuraduría se busca cambiar la percepción negativa que los ciudadanos tienen sobre la dependencia y lograr su confianza.
A la diputada Ana Cristina Ledezma López, del PAN, le dijo que las investigaciones ministeriales por desaparición forzada de personas, particularmente en las que se presuma la participación de elementos policiacos, llevan su curso normal y se respeta su secrecía. Además, se dictaminaron 65 de 164 expedientes relativos a casos de tortura.
El diputado Heber Alan Carballo Salazar, del PRI, solicitó que la Procuraduría del Estado ponga atención a los casos de secuestro en la zona de Misantla y puso como ejemplo a los hermanos Pérez Cabrera, quienes perdieron la vida cuando intentaron plagiarlos. El funcionario reconoció su obligación de iniciar las investigaciones pertinentes y dar resultados.
Luego de los comentarios del diputado Antonino Baxzi Mata, del PRI, Luis Ángel Bravo señaló que el robo es el delito con mayor incidencia, con 16 mil 685 casos, y se trabaja para abatir los índices de rezago en las investigaciones ministeriales.
También dio a conocer las cifras de los otros seis delitos con mayor incidencia: homicidio, 988 casos; despojo, mil 27; coacción y amenazas, 2 mil 448; fraude, 2 mil 532; daños, 3 mil 976, y lesiones, 5 mil 369 casos.
A los cuestionamientos de Julen Rementería del Puerto, del PAN, respondió que todo servidor público que sepa de algún ilícito cometido en su dependencia debe denunciarlo ante el Ministerio Público, pues la omisión también se castiga. Además, explicó al diputado Gustavo Gudiño Corro, del PRI, que sólo se ofrecen recompensas cuando la naturaleza del caso lo requiere, y mediante un comité buscará crear un fondo para estas compensaciones.
Al diputado del PVEM Jesús Vázquez González, el funcionario respondió que cuando se detecta un problema de trata de personas, todas las áreas de la Procuraduría abordan el caso y actúan, y se refirió a cómo la filtración de información afecta a una investigación ministerial.
Los diputados Ricardo Ahued Bardahuil y Leandro Rafael García Bringas, ambos del PRI, se pronunciaron por otorgar más recursos a la dependencia y así tener herramientas para modernizar el sistema de procuración de justicia.
El Procurador informó al diputado Ciro Gonzalo Félix Porras, del PRI, que en la depuración del personal de las agencias del Ministerio Público, de 514 casos en que iniciaron investigaciones, se separó del cargo a 233 funcionarios y se busca tener personal capacitado en cada área de la dependencia. De igual forma, a pregunta de Jorge Vera Hernández, del PAN, respondió que se aplica exámenes de control de confianza, que deben renovarse cada dos años.
La Presidenta de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, diputada Marcela Aguilera Landeta, agradeció al titular de la Procuraduría y dio por terminada su comparecencia a las 16:24 horas.
