Agencia AVC
Xalapa, Ver.- La modificación a 14 artículos de la Constitución Política del Estado permitirá la creación del sistema Estatal Anticorrupción, se ajusta a los tiempos de la fiscalización y se dan más atribuciones al Orfis que podrán revisar el manejo financiero del ejercicio fiscal en curso y se valida la desaparición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Para sacar adelante el dictamen que se validó este jueves por unanimidad, se fusionaron las dos propuestas que estaban en comisiones, la primera la remitió el gobernador del Estado y la otra la presentaron de manera coordinada las diferentes fracciones parlamentarias.
Según la definición de la ley: “el Sistema Estatal Anticorrupción será la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos y mantendrá una adecuada coordinación con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”.
El sistema contará con un Comité Coordinador, que estará integrado por los titulares del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; y de la Contraloría General; por el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Además se integrará un Comité de Participación Ciudadana en el que se nombrará a cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
Podrán ser sancionados representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración Pública Estatal o Municipal, Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos Públicos, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstos; Fideicomisos.
Así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Se aprueba más burocracia
Los legisladores locales determinaron la necesidad de crear un Tribunal de Justicia Administrativa, que será un órgano autónomo que contará con 4 magistrados que serán nombrados por un periodo de 10 años. Para que se dé su nombramiento el gobernador tendrán que presentar las propuestas que tendrán que ser validadas por las dos terceras partes del Congreso local.
No podrán ser magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa las personas que hayan ocupado el cargo del Secretario del Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Local o Federal ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.
El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control que ejercerá sus funciones en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, cuyo titular será nombrado por el Congreso del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Además se creará una Fiscalía Especializada Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General, se tendrá que nombrar a un titular que permanecerá en el cargo al menos 5 años y podrá ser removido tanto por el titular de La FGE como por la Cámara.
Para su nombramiento se emitirá una convocatoria pública que emita el Congreso del estado y una vez realizado el procedimiento correspondiente será elegido por las dos terceras partes de los diputados del Congreso presentes y será el Poder Legislativo el que lo remueva de acuerdo con el procedimiento legal establecido.
