DE LA REDACCIÓN
El acuerdo votado por la mayoría de los integrantes de la Mesa del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) podría ser inconstitucional, por la brecha que existe entre el monto de lo que se obtiene por financiamiento público y privado y lo que se tasó como gasto de promoción de los candidatos a gobernador.
Existe un precedente del año 2016, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en un juicio del Estado de Quintana Roo, estableció que la diferencia entre los montos impactaba en el principio de equidad, lo que resulta contrario a la Constitución.
El consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas reconoció que el acuerdo que votó la mayoría del Consejo cumple con la sentencia que emitió el Tribunal Electoral; sin embargo, no tomó en cuenta el factor de la equidad en la contienda.
“El tema de la prevalencia del dinero público sobre el privado, implica o significa que solo se puede invertir en campaña lo que se otorga como financiamiento público, por lo que el establecer topes muy altos, entre el financiamiento y un tope de gasto, dice la Sala Superior que viola el principio de equidad”.
Explicó que en el caso de Veracruz, el financiamiento público es de 70 millones, mientras que el tope supera los 157 millones, por lo que insistió que la “equidistancia” de los dos montos pone en riesgo la elección de gobernador y la participación de los cuatro abanderados partidistas.
Afirmó que el PT está en tiempo de poder impugnar nuevamente el acuerdo que se validó este jueves, pues aún hay tiempo previo al inicio de la campaña y será la Sala Regional o la Superior la que tendrá que definir el criterio para establecer el tope de gasto, dado que el OPLE solo debe aplicar la fórmula aritmética.
