-“Porque el presupuesto no alcanza”, asegura economista
Por Leticia Rosado
Durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares no solo aplicó el “año de Hidalgo”, sino también el “año de Carranza, cuando el presupuesto no alcanza”, aseguró el investigador y académico de la Universidad Veracruzana (UV) experto en temas financieros Rafael Arias Hernández.
Entrevistado vía telefónica, agregó que se quedó corto en las proyecciones que había realizado con respecto al seguro del Magisterio, del que calculó que el adeudo era de 500 millones de pesos y finalmente se está dando a conocer que es de 800 millones de pesos.
Insistió en que durante la actual administración panista la constante fue la falta de información por parte de las autoridades estatales, en donde solo se informó lo que convenía dar a conocer: “no hubo rendición de cuentas, pura rendición de cuentos”.
Aunado a que los fiscalizadores solo se dedicaron a “simular”, ya que nunca se dio a conocer los salarios de funcionarios públicos, como por ejemplo de Contralor General del Estado y además que tampoco se publicaron las nóminas que por exigencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tuvieron que hacer públicas los ayuntamientos del estado.
“No solo estamos viviendo el año de Hidalgo, lo que pasa es que no existe un control del funcionamiento de cada una de las dependencias, finalmente la Contraloría y el Órgano de Simulación (Fiscalización) Superior están encubriendo y no aplicando la ley. Como es posible que la Auditoría Superior de la Federación descubra tantos millones y el Orfis sigue contratando miles de auditores y no descubren nada”.
A poco más de tres meses que concluya el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el investigador de la UV expuso que va a quedar a deber, sobre todo porque no realizó en este poco más de año y medio, “un buen gobierno”.
Mencionó que en la actualidad se le debe dinero a mucha gente, existen pasivos laborales, institucionales y hasta a la Universidad Veracruzana, por lo que insistió que la deuda de la administración yunista es superior a los 100 mil millones de pesos.
“Hay que aplicarle la ley, ya que en varias leyes está definida lo que es una deuda total y esta no está definida de que solo le debe a los bancos”.
Para finalizar, Rafael Arias Hernández acusó que en este caso el Congreso del Estado no actuó de manera responsable para llamar a cuentas a los servidores públicos estatales y que explicaran de una buena vez cuál es el total de la deuda, no solo con los bancos, sino con los proveedores de servicios y las distintas dependencias.
