-Proceso jurídico ante la SCJN no suspende actividades del Poder Legislativo
Por Yhadira Paredes
El Congreso del Estado está obligado a legislar en materia de reforma de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz para ampliar las causales de la interrupción legal del embarazo y evitar violar los derechos humanos de las mujeres y criminalizarlas, aseveraron integrantes de varios colectivos de mujeres promotoras de la segunda Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.
En conferencia de prensa, la asesora legal de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), Esmeralda Lecxiur Ferreira, aclaró que esta alerta de violencia, la segunda emitida para Veracruz, está vigente, por lo que el proceso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no suspende en absoluto ninguna de las actividades y acciones que tiene que emprender el gobierno, incluyendo el Poder Legislativo.
Esta falta de legislación ocasiona que “cualquier mujer en Veracruz que el día de hoy desee interrumpir legalmente su embarazo y sea coartada por las imposibilidades que maneja el Código Penal en caso de violación que solo da 90 días para hacerlo, cuando sabemos que por el propio contexto político, cultural y sociológico, el mayor número de mujeres que sufren violencia sexual lo sufren dentro del hogar”.
Asimismo, criticó a la Legislatura local y manifestó que por ningún motivo puede abstraerse de sus obligaciones como parte del Estado Mexicano que se conforma por los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, por lo que ninguno puede hacer república aparte.
“El Estado mexicano es uno solo que ha adquirido compromisos y está obligado a cumplirlos y por lo tanto el Poder Legislativo sí está obligado a respetar y a llevar a cabo las recomendaciones que hay en los marcos jurídicos internacionales. Lo que las organizaciones de la sociedad civil estamos exigiendo son marcos jurídicos normativos y no existe ninguna ideología de género”, aclaró.
El llamado, dijo, es al Poder Legislativo a cumplir con su obligación y a la sociedad civil a comprender que se está hablando de vida, pues todas las mujeres están en riesgo de sufrir violencia sexual, sobre todo en un estado que ocupa el primer lugar en violencia sexual contra niñas y primer lugar en embarazo adolescente.
En conferencia de prensa de integrantes de la sociedad civil dejaron en claro que el proceso judicial ante la SCJN podría durar cuando menos seis meses, pero lo conveniente sería que el Congreso asumiera su responsabilidad y cumpliera con lo marcado en la Alerta de Género desde 2017.
