Por Yhadira Paredes
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja derivada de la presunta violación a las garantías individuales de Micaela “N” y su pequeño nieto de tres años, quienes fueron detenidos por autoridades municipales de Uxpanapa y a quienes habrían encarcelado en los separos el pasado 21 de julio.
La presidenta de la Presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benitez, explicó que desde el día que se tuvo conocimiento de esta situación a través de varios medios de comunicación se giraron instrucciones para que el delegado regional adscrito a Acayucan se trasladara al sitio de los hechos para verificar que estaba aconteciendo.
“Efectivamente, se entrevistó con la señora, aceptó poner la queja, se recabaron todos los datos y el día de hoy regresaba el delegado porque ella decidió que la iba a ratificar hasta el día de hoy. Estamos pendientes de esa situación, se trata de una persona mayor y de un menor de edad, en casos ambos en donde el estado tiene una obligación reforzada de protección”.
Sostuvo que los servidores públicos deberían conocer los protocolos de actuación con esa protección reforzada, por lo que se ha estado documentando la queja, pero destacó que hay muchos testigos y evidencias, por lo que es posible la emisión de la recomendación.
Sin embargo, manifestó que todavía está imposibilitada para determinar si la queja sería contra la autoridad municipal de Uxpanapa a cargo de Esteban Campechano Rincón, pues todavía están en investigación para determinar a qué dependencia están adscritos estos funcionarios.
Hay que recordar que en medios locales transcendió la detención de la mujer de 45 años junto con el pequeño de tres años, luego de que grabara en video la forma en que la agente municipal y trabajadores del ayuntamiento derribaban la barda de una propiedad privada que estaba bajo su resguardo.
Fue cuando oficiales de Policía Municipal los detuvieron y trasladaron a los separos municipales.
Matzumoto Benítez detalló que entre los derechos humanos vulnerados sería el derecho a la libertad personal, seguridad jurídica, además de que podría haber un daño a la integridad psíquica y personal del menor y la abuela.
“Una situación de esta naturaleza, sobre todo en el menor impacta de manera negativa” finalizó.
