Por Jordi Oriola Forch
Gonzalo Boye es el abogado especializado en derecho penal internacional que defiende al Presidente de Catalunya Carles Puigdemont (destituido ilegalmente por el gobierno español en 2017 y que lucha desde el exilio por la liberación de Catalunya).
En su último libro, Boye habla del Catalangate, el caso de espionaje que destapó The New Yorker (1) el 18 de abril basándose en la investigación de la organización Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto, que había descubierto que se había espiado ilegalmente a 65 independentistas catalanes con los programas Pegasus y Candirú (2).
El Gobierno español negó tener nada que ver e intentó desacreditar a Citizen Lab. Pasados unos días, en lo que pareció una cortina de humo, reveló que el presidente español y varios ministros también habían sido espiados con Pegasus. Intentaban difuminar su responsabilidad, pero esto no les exculpa de ser los supuestos autores del Catalangate, aunque la mayoría de la prensa española se ha cogido a esto para dejar de hablar del espionaje a los catalanes.
Por último, el Gobierno español ha reconocido que habían espiado con Pegasus a 18 independentistas catalanes durante 2019 con el aval del juez Pablo Lucas Murillo del Tribunal Supremo. Se trata de 18 casos de 2019, pero son casos nuevos porque los casos descubiertos por Citizen Lab se refieren a otras fechas, eran de 2017 (1 caso) y de 2020 (64 casos), pero no de 2019. Por tanto, estos se debería sumar a los ya descubiertos: 65 + 18 = 83 casos como mínimo!
El caso de espionaje a Boye sirve para entender cómo actúa la Justicia en España. El juez Lucas Murillo autorizó las escuchas al abogado Boye y, al mismo tiempo, era el juez que resolvía los recursos del abogado referentes a la inmunidad de los europarlamentarios catalanes Puigdemont, Comín y Ponsatí. Ya en ese momento, Boye intentó recurrir a este juez por falta de imparcialidad, debido a una publicación y unas declaraciones contra el independentismo catalán. Pero el juez defendió con vehemencia su imparcialidad. ¡Ahora sabemos que por la mañana autorizaba espiar al abogado y por la tarde resolvía sus recursos!
Además, según la ley española, un juez puede autorizar intervenir comunicaciones, pero en ningún caso puede autorizar lo que posibilita Pegasus: acceder a todo el contenido del móvil (comunicaciones, documentos, vídeos, fotografías...) y también poderlo controlar (activar cámaras y micrófonos, escribir o borrar emails...). Además, esta información debe estar siempre bajo custodia judicial, mientras que con Pegasus la información es controlada por la empresa israelí NSO, fuera de la UE que es la que, por indicación de quien paga, infecta los móviles.
Por ejemplo, mientras Boye era espiado, entre otras cosas, llevaba la defensa de unos dirigentes sirios que fueron juzgados y condenados en Alemania. Lo que hablaba con sus clientes estuvo en posesión de la empresa israelí. ¿Podemos estar seguros de que estas informaciones no fueron utilizadas?
Lo grave es que la comisión del Parlamento Europeo que investiga los abusos cometidos con Pegasus solo quiere investigar Polonia y Hungría y no España. Ya sabemos que la UE es un club del que España es miembro y Catalunya no, pero si la UE no quiere ser cómplice de abusos de los derechos civiles de ciudadanos europeos, no debe ceder a las presiones españolas.
