Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos son un elemento de vital importancia para el funcionamiento de nuestra economía y representan uno de los pilares de crecimiento y de empleo. Tan sólo al cierre de 2022, el comercio agroalimentario entre México y EU alcanzó los 73 mil 137 millones de dólares. Esta fructífera relación comercial ha llevado a múltiples acuerdos y tratados con el fin de que ambas partes puedan satisfacer desde las necesidades más básicas hasta las más sofisticadas, siendo el TLC, firmado en 1994, y el TT-MEC, firmado en 2020, los marcos comerciales más importantes que dan cuenta del interés por la integración de la región norte del continente y del beneficio que el comercio justo y de buena fe ha representado para estas naciones.
En este sentido, desde la firma del TLC se decretó la eliminación de diversos aranceles y, a través de negociaciones y análisis, se llegó a acuerdos secundarios para productos específicos. Uno de ellos fue para el tomate o jitomate rojo mexicano, para el cual en 1996 se estableció el Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping: Tomates Frescos de México, que fue renovado en 2002, 2008, 2013 y 2019. Éste ha permitido que los productores mexicanos de tomate participen de manera ordenada para complementar el mercado durante el invierno y parte de la primavera, pues en estos periodos la demanda es más alta que la capacidad de producción doméstica con la que cuentan en EU.
México es actualmente uno de los diez principales productores de tomate en el mundo y 99.7% de éste es exportado a EU, sin embargo, en junio de 2023, la Florida Tomato Exchange, organización de productores de tomate de ese estado, ingresó una solicitud al Departamento de Comercio de EU para que termine con el acuerdo y al tomate mexicano se le impongan derechos de importación, alegando que éste tiene un precio inferior a los precios de referencia, lo que ocasiona que la industria estadunidense de tomate, principalmente la de Florida, sea afectada. Esta solicitud es injusta, toda vez que se ha demostrado lo benéfico que resulta el acuerdo para ambas partes, pues al tratarse de un producto altamente perecedero, la producción mexicana permite suplir la demanda constante del mismo. Además, el acuerdo es auditado trimestralmente por el Departamento de Comercio de EU y a razón de ello es que ha sido renovado en diversas ocasiones.
Ante esto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya comenzó a realizar acciones para impedir que el acuerdo sea cancelado. Recientemente se reunió con el cónsul de Estados Unidos en Hermosillo para abordar el asunto y ha enviado una carta a la secretaria de Comercio de EU, Gina M. Raimondo, en la que, respetuosamente, solicita que en la determinación que haga el Departamento de Comercio permita que el acuerdo de suspensión renovado en 2019 continúe en vigor por el bien de las industrias del tomate fresco de ambos países y de todas las partes afectadas.
Si bien lo anterior deriva de que Sinaloa es el principal productor de tomate del país, la imposición de aranceles antidumping también afectaría a otros estados productores como San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas y Jalisco. En suma, la cancelación del acuerdo acarrearía graves problemas económicos para varios estados, dañaría los costos del producto y mermaría los empleos que se producen en el sector.
Por ello, la semana pasada el pleno del Senado se sumó a la solicitud del gobernador Rocha para que continúe en vigor el acuerdo. También se exhortó a la Secretaría de Economía para que respalde dicha solicitud en favor de los exportadores mexicanos.
Vamos todos juntos en defensa del tomate mexicano y de nuestros productores, antes de que este tema también se use electoralmente por los políticos norteamericanos en 2024.
*Senadora de la República.
