La observación electoral ha sido uno de los componentes necesarios de la legitimidad de elecciones en democracias inmaduras o en proceso de construcción, o bien, en coyunturas críticas. En México, en su periodo de transición a la democracia, se instituyó la observación electoral como un derecho ciudadano (1993); a partir de 1994, se amplió el alcance y se permitió y promovió también la presencia de observadores extranjeros.
La observación permite a ciudadanos u organizaciones conocer y evaluar de primera mano el desarrollo de los procesos y las jornadas electorales. Es como una auditoría social de la actuación de los organismos responsables de organizar las elecciones; a la vez, puede servir como disuasivo ante las malas prácticas por parte del gobierno o los partidos políticos. Así, puede decirse que la observación electoral sirve para fortalecer las instituciones, la ciudadanía, la sociedad civil y la democracia misma.
Si las elecciones son libres y justas, los gobiernos no deberían oponerse a la observación electoral. En contraste, los regímenes autoritarios prohíben o limitan los esfuerzos de observación electoral, ya sea nacionales o extranjeros, para impedir que se conozcan las irregularidades. Inclusive, en una democracia consolidada, la observación puede considerarse como una señal de compromiso de largo plazo con la transparencia, elecciones libres y justas, y el ejercicio pleno de los derechos políticos.
En las últimas décadas, cada vez hay más organizaciones y gobiernos interesados en la observación y el monitoreo electoral. La propia ONU, por medio del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) promueve la participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la observación electoral internacional, ofreciendo asesoría y actuando como intermediaria para asignar apoyos financieros a organizaciones de observadores sin limitar su independencia e imparcialidad. Según PNUD (2018), la observación electoral tiene cinco aportaciones: contribuye al ejercicio de derechos políticos; fomenta la participación ciudadana; promueve la vinculación y colaboración entre autoridades electorales y ciudadanía; fortalece la integridad y la transparencia de las elecciones, y es fuente de recomendaciones para mejorar la certeza y confianza en los procesos electorales.
El compromiso del IFE y del Estado mexicano con el fomento de la participación de observadores electorales se plasmó desde 1994 en la creación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE), mecanismo de apoyo técnico y financiero al que han contribuido el IFE y la Segob, así como otras autoridades electorales (TEPJFy Fepade). Desde la creación del FAOE, el IFE/INE ha solicitado al PNUD ejecutar y administrar el Fondo. Las excepciones han sido los Fondos de 2015 y 2021, en los que esa función la cumplió el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH-Capel). La colaboración o intermediación de PNUD o Capel impide que la autoridad electoral –uno de los sujetos observados– intervenga en la asignación de recursos a las OSC que realizarán las tareas de observación. Esto es importante, a fin de no condicionar o sesgar la evaluación que aquellas hagan de las elecciones y de las autoridades electorales y de gobierno.
México y el IFE/INE tienen una larga tradición de apoyar la observación electoral. En ese aspecto –como en muchos otros– el sistema electoral mexicano ha sido un ejemplo reconocido alrededor del mundo. Sin embargo, el apoyo financiero a la observación electoral ha mostrado en los últimos años un acentuado declive. De 1993 a 2012, el gobierno mexicano, junto con el IFE, aportaba recursos al Fondo. En 2015 la Segob dejó de donar recursos para la observación; también la Fepade dejó de hacerlo. Solamente el INE y el TEPJF mantienen algún apoyo financiero. Y en cuanto a los montos, la caída es más drástica: en 1994, el FAOE recibió 50 mdp (que, en pesos constantes de 2018, equivalen a 337 millones); en 2012, las aportaciones sumaron 73.6 millones (91 mdp constantes); en 2018, 27 millones y en 2021, 17 millones (pesos constantes de 2018). El uso de tales recursos es fiscalizado tanto por el organismo intermediario como por el INE.
Comprensiblemente, con menos recursos, el número de observadores también ha disminuido. Para las elecciones de 2024, hay una nueva caída de apoyo a la observación electoral: después de algunos titubeos presupuestales, se aprobaron 18 millones nominales, pero en valor real equivalen a 13.6 millones de pesos de 2018. Además de la disminución de recursos, hay voces claramente contrarias a la observación electoral. No comprenden su función democrática o responden a una vocación autoritaria, que prefiere ocultar a la ciudadanía y el mundo lo que ocurre en nuestras elecciones. Esto ha despertado inquietud e incertidumbre en organizaciones civiles, nacionales y extranjeras, que en años anteriores han jugado un papel importante en la observación de las elecciones mexicanas. Esperemos que esa incertidumbre no impida su participación. Las elecciones no sólo deben ser auténticas, sino parecerlas a la vista de todos.
*Consejero del INE
