HÉCTOR DE MAULEÓN
“Lo mejor es lo peor que se va a poner”, dijo el presidente al iniciar su “mañanera” de este lunes. No dio más detalles. Emitió solo la torva carcajada de rigor.
Sabía, desde luego, que al día siguiente iba a llevarse a cabo en la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México el careo entre su hermano, Pío López Obrador, y el periodista Carlos Loret de Mola, el personaje más mencionado, más denostado, más atacado en las “mañaneras”, al que solo en 60 conferencias llegó a mencionar 134 veces, de acuerdo con un conteo de SPIN-Taller de Comunicación Política.
A los días siguiente, Loret iba a permanecer durante nueve horas en el banquillo de los acusados. Sería sometido de pie a un interrogatorio en el que no podría contar con la presencia de su abogado. A las preguntas contenidas en dicho interrogatorio solo podría contestar “sí” o “no”.
Responder “no sé” o guardar silencio equivaldría a decir “sí”: la clase de extenuante interrogatorio, lleno de preguntas capciosas preparadas cuidadosamente por los abogados del demandante.
A las 10:26 de ayer, Loret de Mola anunció su arribo a la sala en donde iba a verificarse la audiencia:
“En este momento estoy entrando al juzgado. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, me demandó. Quiere que le pague 200 millones de pesos por haber presentado los videos e los que aparece recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos y diciendo que todo es para su hermano. Es el mundo al revés. Yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados. Yo soy el que va a ser interrogado. Así la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador”.
En agosto de 2020 Loret dio a conocer en Latinus dos videos en los que se ve a Pío López recibir un millón 400 mil pesos, dentro de un sobre amarillo y una bolsa. El dinero fue entregado por David León, entonces asesor del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, y al momento de la revelación encargado por el gobierno de AMLO de la distribución de medicamentos a nivel nacional durante la epidemia de Covid-19. El propio León grabó la entrega del dinero en dos lugares: su propia casa y en un restaurante.
Ahí se escucha a Pío López Obrador decir: “Todo esto lo sabe bien mi hermano, porque es para apoyar su carrera política”.
Tras la difusión de los videos, el PAN y el PRD denunciaron a Pío ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR. El hermano del presidente accedió a declarar sobre la entrega de los sobres. La Fiscalía resolvió dos años más tarde que dicha entrega no constituía un delito electoral y resolvió archivar y cancelar la carpeta de investigación.
El ministerio público, desde luego, no llamó a declarar, ni siquiera por escrito, al presidente de México. Su hermano había declarado en una entrevista que el dinero entregado por León era para pagar “gasolina y transporte” del movimiento encabezado por AMLO.
López Obrador negó haber intervenido en el carpetazo: “Creo que fue un recurso para un movimiento, no era para un partido”, declaró.
Una de sus fichas en la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, se negó a que la carpeta fuera entregada al INE, que había pedido conocer “a la brevedad” la indagatoria. Esquivel alegó que al entregarla “se vulneraría el derecho humano de protección de datos personales”, algo que, como se ha visto, preocupa en demasía al gobierno de López Obrador.
Mientras se aseguraba la impunidad del hermano del mandatario, se interponía una denuncia por daño moral y daños punitivos contra Loret y el medio donde se publicó la información: Latinus. Pío exigió un pago de 200 millones de pesos a cada una de las partes. Justificó la exigencia de este modo:
“Actualmente me encuentro inactivo, precisamente a causa del actuar ilícito de los demandados es que no puedo estar metido de tiempo completo en mi proyecto de vida”.
Solicitó, también, que la causa judicial se mantuviera oculta, como “información confidencial reservada”. A riesgo de que la juez Beatriz Silva Mata lo metiera en prisión durante 36 horas, Loret dio a conocer la existencia de la demanda en abril de 2023.
Casi un año después lo sentaron en el banquillo. Y entre otras cosas, le preguntaron sobre sus ingresos. Mientras tanto, la jueza desechó las preguntas sobre el destino del dinero que le fue entregado a Pío.
En días oscuros para libertad de expresión, en los que el presidente se ha lanzado contra varios periodistas, anunciando que él se encuentra por encima de las leyes y avisando que irá “con todo, sea quien sea”, la vergonzosa jornada de ayer es una señal ominosa de lo que vendrá. Impunidad para él y para su familia. Y un banquillo para el periodista que los exhibió.
