Con la desaparición del INAI y su incorporación de funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se cierra un capítulo en torno a la transparencia gubernamental, lo que implicará un nuevo reto para el Gobierno Federal, ya que ahora sí dependerá de ellos si hay transparencia o no, si crecerá la corrupción o disminuirá, si aumentará cuando menos un poco la confianza en las autoridades o en su defecto, solo se comprobará si las cosas continúan igual o incluso empeorarán.
Desde el año pasado, con las reformas constitucionales más importantes de los últimos años, siendo una la del Poder Judicial, otra la de la Militarización y la última en materia de transparencia, siendo ésta el tema de ocasión, pues por mandato legislativo a través de reforma a la Constitución Federal, se desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que fue un órgano autónomo encargado del acceso a la información pública y la protección de datos personales, es decir que se encargaba de procurar la transparencia de manera independiente, sin el control del Poder Ejecutivo, iniciando funciones desde el 11 de Junio del 2002 al 21 de Marzo del 2025, siendo de a poco un órgano que había ganado consolidación con sus respectivas polémicas en cuanto a su margen de acción, pero que en teoría podría reformarse para ganar más autonomía y poder desempeñar sus funciones, cosa que cambiaría con la reforma del 2024, donde se decidió su incorporación a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Aunado a esto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su calidad de órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, ha identificado adjudicaciones directas a empresas no localizadas o de reciente creación, descubriendo en varios municipios y entidades federativas, las irregularidades en varios contratos de licitación y adjudicaciones, lo que pone sobre lupa las operaciones que han estado haciendo dichos municipios y estados, poniendo como ejemplo el caso de Sonora, con un ducto de agua que no funciona, o el exfuncionario Sisniega de la administración estatal pasada, dando así los suficientes motivos para que la ASF y el nuevo órgano administrativo anteriormente llamado INAI, colaboren juntos para que puedan sanear y transparentar las Cuentas Públicas, teniendo la presidente Sheinbaum una oportunidad de oro en cuestión de transparencia, ya que al tener el control del extinto INAI y con su mayoría en el Congreso de la Unión, se puede hacer una colaboración con la ASF para indagar, sancionar y prevenir todo tipo de actos de corrupción, cohecho o peculado que resulten.
Con lo anterior nos indica que aún con la existencia del INAI, se pasaban por alto muchas de las irregularidades que al día de hoy se comentan en todos lados, pero que ahora, irónicamente, tanto el Ejecutivo Federal y Ejecutivo Estatal pueden tener una gran oportunidad para consolidar desde su competencia, la transparencia institucional, incluso de trabajar y poner el ejemplo a los estados, por ejemplo en Veracruz, donde fueron décadas de administraciones corruptas y opacas, algo que podría beneficiar a la actual administración si arregla de manera asertiva y contundente.
Es imperiosa la necesidad de tener instituciones transparentes para que la confianza ciudadana crezca, por lo que el problema de corrupción ahora tiene dos caminos: o se arregla con la competencia gubernamental o empeora por tener el control estatal de los organismos de transparencia, provocando así que la responsabilidad desde ahora sea del gobierno federal y estatales en todos los sentidos, y en este caso de las Cuentas Públicas sanas y comprobables.
Se puede concluir lo delicado de la extinción del INAI como órgano autónomo, pues de haber voluntad de transparencia desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los resultados pueden cambiar la balanza de fortaleza institucional, o en su defecto consolidar la corrupción al amparo absoluto del poder sin tener a ningún órgano que la combata. Y en caso de la ASF, se tienen los datos a la vista, de la opacidad de varias administraciones municipales y estatales en todo el país, de cómo han habido contratos irregulares con empresas de dudosa procedencia, lo que nos deja con incertidumbre ciudadana.
Es momento de reflexionar, ya que ahora sí dependerá del gobierno en turno que exista transparencia y margen de acción en contra de la corrupción, algo que se podrá medir poco a poco de aquí al 2030, y así se pueda reconocer el buen actuar del gobierno en materia de transparencia y la función pública, o de señalar el fracaso de la extinción del INAI, y de la manera efectiva o mediocre de actuar ante lo dicho por la ASF, siendo esto el comienzo de las responsabilidades ante la corrupción, o ¿Qué opinas?
