La visita a Palacio Nacional del subsecretario de Estado y exembajador de Estados Unidos, Christopher Landau, estuvo precedida por una bomba activada esa misma mañana por la agencia Reuters.
Reuters causó revuelo con un reportaje firmado por el periodista Diego Oré, según el cual, en una reunión sostenida en Washington el pasado 27 de febrero, y encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, comenzaron una serie de presiones para que el gobierno de Claudia Sheinbaum investigue y procese por sus vínculos con los cárteles a cinco funcionarios actuales de su partido, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como a un exsenador militante también del partido oficial.
Según fuentes consultadas por la agencia británica, al menos en tres ocasiones el Departamento de Estado, en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos, se buscó presionar al Gobierno de México bajo la amenaza de imposición de aranceles para que este desate “una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción”.
El 27 de febrero, en efecto, se llevó a cabo en Washington la primera reunión binacional de alto nivel sobre seguridad. Estuvieron presentes muchísimas personas: el canciller De la Fuente, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el fiscal general Alejandro Gertz, el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco: un total de ocho funcionarios mexicanos.
La otra delegación estuvo integrada por Marco Rubio y ocho funcionarios estadounidenses de alto nivel: el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la fiscal general Pam Bondi, el consejero principal del Departamento de Seguridad Interior, Troy Edgar, entre otros: 17 personas en total. Según Reuters, dos fuentes confirmaron al periodista que en las conversaciones fueron mencionados los cinco funcionarios de Morena, así como el exsenador.
A principios de ese mes la Casa Blanca había lanzado contra el gobierno de México la acusación inédita de que este mantenía (no en tiempo pasado, no con Calderón ni García Luna) una “intolerable alianza” con los cárteles de la droga. Cuando se llevó a cabo la reunión en Washington, no habían pasado ni dos semanas de aquella explosiva declaración. El boletín emitido por el gobierno mexicano solo señaló que la reunión había sido “muy positiva” y se limitó a repetir los lugares comunes de siempre: “cooperación sin subordinación”, “respeto a la soberanía”, etcétera.
Una semana antes del encuentro, Estados Unidos había designado a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró la medida “una decisión unilateral” y dijo que la designación no podía ser “una oportunidad para invadir nuestra soberanía”.
Fue precisamente en esas fechas que comenzó a cobrar fuerza la versión, filtrada por fuentes estadounidenses, de que el Departamento de Estado había confeccionado una lista de políticos de Morena vinculados al huachicol y a las organizaciones del narcotráfico. Muchos de los nombres incluidos en la llamada “Lista de Marco Rubio” —que dio a conocer en este diario Salvador García Soto— eran mencionados desde años atrás, por los mismos vínculos, en diversas investigaciones periodísticas: Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Rubén Rocha Moya, Mario Delgado.
