POLIANTEA
Enésimo rescate del agro mexicano
Rubén Pabello Rojas
Se conmemora el centenario de la Ley agraria expedida en Veracruz en 1915 por el jefe del constitucionalismo, Venustiano Carranza el 6 de enero. Este año preside Enrique Peña Nieto en su calidad de presidente de la República, continuando con la tradición impuesta por el calendario cívico priista, que descontinuaron los presidentes panistas Fox y Calderón. Se retiraron dos senadores en protesta política argumentando sus razones personales.
México hasta hace menos de medio siglo fue un país predominantemente rural. Su población mayoritariamente se asentaba en el campo. Hoy las cosas han cambiado y se ha invertido el porcentaje.
Como resultante lógica de la lucha armada revolucionaria, fue el campo uno de los asuntos que mayor atención requirieron de parte de un gobierno emanado de esa lucha y sus principios y así fue creándose una cultura oficial tendiente a fortalecer todo aquello que significara un desarrollo nacional basado en la producción agropecuaria, como también la agroindustria, sin dejar de atender a una incipiente fase de industrialización en los años cincuentas, con Miguel Alemán.
La fuerza del movimiento agrario pos revolucionario, la recia figura de Zapata, su lema Tierra y Libertad dieron pie a sustentar toda una política para hacer rentable el sector primario de la economía. En Veracruz fundan la histórica Liga de Comunidades Agrarias un grupo de reconocidos y legítimos líderes agrarios encabezados por Úrsulo Galván. El presidente Lázaro Cárdenas inició la gran tarea repartiendo la tierra y el sistema se volvió ejidal. El ejido fue la gran propuesta y solución al contrarrestar al latifundio.
Los lemas de que la tierra es de quien la trabaja. Que solo los caminos se queden sin sembrar y toda una parafernalia condujeron a una serie de vicios de orden político que, no obstante mantenían el agro produciendo y el país era autosuficiente para su demanda alimentaria y en muchos productos, siendo superavitario, se tenía capacidad para exportar.
Empezó, en los años ochentas el deterioro orgánico del sistema agrario. El ejido se cargó de procesos inconvenientes. Se repartió tanto la tierra que se cayó en el minifundio improductivo. La política priista convirtió al ejido en un centro de actividad y dominio electoral, nació el inefable voto verde priista. Se hizo obvio que el ejido estaba diseñado como un instrumento político para votar y no para producir, según señalo el xalapeño Oscar Brauer Herrera siendo secretario de Agricultura y Ganadería en época de Luis Echeverría.
Por si no fuera poco, empezó a rampar, en medio de la distorsión de propósitos, la prevaricación del movimiento organizado campesino con liderazgos espurios de centrales campesinas locales y nacionales, ordeñadores de sinecuras oficiales. En medio de tantos despropósitos, lo que fue una propuesta aceptable y promisoria devino en una falla que había que corregir.
Surgió así la necesidad de cambiar el orden legal en el campo, con la nueva fórmula de operación legal del ejido en la reforma de Salinas en 1992.
La reforma del articulo 27 que modifico el régimen del ejido y su conjugación con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, propiciaron que la agricultura de México, deficitaria en equipamiento en el campo y con tecnología y sistemas de explotación agrícola atrasados, no pudiera competir con los grandes consorcios de esos países, principalmente con la producción de granos de las grandes llanuras centrales del segundo.
Los costos de producción del maíz, alimento fundamental en México, fueron más altos que los allá logrados y de exportar ese grano, se tuvo que importar a más bajo precio, desplazando mano de obra campesina que se dirigió a las zonas alrededor de las ciudades más grandes en busca de la subsistencia que el campo no ofrecía, creando grandes cinturones de precaristas, demandantes de servicios municipales, que desempleados sin ingresos, no tenían capacidad tributaria como contribuyentes. Otros cultivos siguieron la misma suerte. Ello empobreció al campo y provocó problemas a los ayuntamientos de las grandes poblaciones.
Hoy el Gobierno federal intenta rescatar al agro del país. Ojalá que sea afortunada la acción y se vuelva a ver a un México con producción primaria sustentable que fortalezca la economía nacional y no se tenga que depender de países ajenos para mantener la soberanía alimentaria. Siendo buena la intención del Gobierno de Peña Nieto, se advierte que no será fácil. Sin embargo habrá que apoyar esta política y desear que al prosperar, rescate a un sector rural muy agostado y empobrecido.
