ARTICULISTA INVITADO

Héctor Yunes Landa

El primer requisito para que un país, un estado o un gobierno funcionen eficazmente es que se desempeñe en un marco de legalidad, es decir, que sus decisiones encuentren un fundamento en la ley y no en la voluntad unipersonal de la autoridad.

Cuando esta legalidad se rompe, se abre la ventana a la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. Y si el gobierno no respeta las leyes, entonces los ciudadanos no respetan al gobierno, generando un círculo vicioso que vulnera la convivencia pacífica de los ciudadanos. La gobernabilidad se rompe y se recrudece la violencia y la delincuencia.

Uno de los actos más importantes de legalidad, es el respeto a la división de poderes. El Estado, en cualquier sociedad democrática, está construido para establecer poderes y contrapesos que eviten por un lado, el abuso del poder por parte del gobierno, y por el otro, asegure la participación directa de los ciudadanos como sujetos de la función pública, garantizando al mismo tiempo un pleno derecho a la justicia.

En Veracruz es indispensable garantizar la división de poderes. Particularmente, el Congreso Local –dominado por los grupos legislativos de los partidos en el gobierno-, tal parece se ha convertido en una extensión del poder ejecutivo, lo que da lugar a que se privilegien los intereses políticos del gobernador del estado sobre los que representan, incluso, compromisos de carácter institucional.

En este escenario, se ha presentado recientemente casos de dilación en asuntos tan importantes como la armonización del Sistema Estatal Anticorrupción, el nombramiento del responsable de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas y del comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Temas que resultan del mayor interés de los veracruzanos, pero tal pareciera que no para el gobierno, quien observa en estas instituciones verdaderos contrapesos a sus decisiones.

En cambio, los grupos legislativos del Congreso del estado de Veracruz afines al Gobernador se percibe han decidido incumplir con las funciones que les corresponden para la vigilancia y transparencia en el ejercicio del presupuesto estatal. La semana pasada, la Comisión de Hacienda del Estado solicitó al Ejecutivo Estatal que informara sobre el manejo del presupuesto correspondiente al presente ejercicio fiscal, así como las razones de su incumplimiento de ajustar el gasto público.

La respuesta fue ilegal y autoritaria por parte de la propia de Junta de Coordinación Política, quien propuso la remoción del Presidente de dicha Comisión, sin que se haya observado el proceso legislativo correspondiente.

Por primera vez en su historia, el gobierno de Veracruz no cuenta con un presupuesto formalmente aprobado. Está ejerciendo recursos sin que haya vigilancia en el Congreso Local, en virtud de que el mandatario estatal ha incumplido con los artículos transitorios de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Las dependencias del gobierno no cuentan con un presupuesto fijo, lo que permite que se ejerza con absoluta discrecionalidad.

Pero esto no es nuevo. Desde el inicio de los trabajos de esta LXIV Legislatura, se han aprobado acuerdos que también carecen de legalidad. Los ejemplos sobran. Uno de ellos fue el nombramiento de Jorge Winckler Ortiz -abogado cercano al gobernador Miguel Ángel Yunes- como Fiscal General del Estado, obviando el requisito indispensable de contar con mínimo de experiencia en la materia. Los resultados todos los conocemos.

Así mismo, se nombró como Presidente de la Junta de Coordinación Política, el máximo órgano de gobierno del Congreso, a un diputado que carece de formación política y sólida preparación académica.

Como consecuencia, el Congreso Local se ha visto envuelto en una serie de conflictos, como el incumplimiento en sus mecanismos de transparencia, el uso personal de recursos públicos en fiestas y servicios sexuales –como lo han denunciado responsablemente algunos de los propios legisladores-, la contratación discrecional de medios de comunicación, entre algunos otros.

Hace unos días se hizo pública la decisión de despedir a más de un centenar de trabajadores, argumentando una falta de recursos, la que no existe. Por un lado corren a trabajadores de confianza del Congreso y por otro, de acuerdo a la diputada Lobato Calderón, el coordinador de la diputación panista desvía un millón y medio mensuales para fiestas, drogas y prostitución.

Hoy vemos que muchos de los problemas de nuestro querido Veracruz obedecen precisamente a que un número importante de las decisiones gubernamentales se encuentran al margen de la ley, lo que ha provocado que la crisis institucional, económica y de seguridad se vuelva cada día más grave.