Raymundo Jiménez
* TÉLLEZ MARIE: ¡CARAMBOLA!
Entrevistado en diciembre de 2016, recién asumida la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares declaró que “estamos totalmente decididos a combatir la delincuencia” y que “no vamos a permitir que Veracruz sea espacio para delincuentes”, pues refirió que durante los últimos dos sexenios en la entidad “las puertas grandes se abrieron a la delincuencia mediante el pago de millones de dólares”, pero que ahora, en su administración, “no habrá complacencia a la delincuencia”.
Por esas fechas era comprensible esta postura del titular del llamado “gobierno del cambio”. Sin embargo, casi ocho meses después no pueden seguir atribuyéndoles a sus dos odiados antecesores la violencia que se ha disparado en lo que va de su gestión pese al extraordinario apoyo que han recibido de todas las fuerzas policiacas federales, militares y navales a lo largo de este semestre de 2017.
Seguir recurriendo a estas alturas de la administración yunista a ese mismo argumento para justificar su fracaso e ineptitud en el abatimiento de los índices de inseguridad que en campaña se comprometieron a reducir a la mitad en los primeros seis meses del nuevo gobierno, sólo da pauta para que sus adversarios les recuerden que antes de los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte, también Yunes Linares, cuando se desempeñó de 1992 a 1997 como secretario de Gobierno en el régimen chirinista y aún militaba en el PRI, fue señalado igualmente de haberle abierto las puertas de la entidad al narcotraficante Albino Quintero Meraz, quien huía de los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, que le habían puesto precio a su cabeza.
Quintero llegó en 1993 a establecerse a Veracruz procedente de San Luis Río Colorado, Sonora, y fue capturado por elementos del Ejército hasta mayo de 2002 en el puerto jarocho, en el cuarto año de la gestión del gobernador Miguel Alemán Velasco.
El extinto periodista J. Jesús Blancornelas, fundador del semanario “Zeta” de Tijuana, escribió en mayo de 2004 que “Albino Quintero Meraz era un pobre diablo dedicado al narcomenudeo en San Luis Río Colorado, Sonora. Saltó a las referencias públicas por amenazar periodistas. Pero también tuvo suerte. Llamó la atención de Amado Carrillo Fuentes ‘El señor de los cielos’. Albino estaba traficando cocaína con facilidad.
“Utilizaba la frontera San Luis Río Colorado, Sonora-Yuma, Arizona. Por eso lo llamó el capo. Se pusieron de acuerdo. Quintero Meraz dejaría encargados a hombres confiables. Y él se cambiaría a Veracruz para recibir la droga desde Colombia. La enviaría a Sinaloa. Y de allí a Ciudad Juárez, Chihuahua y San Luis Río Colorado, Sonora. Dicho y hecho. Albino es harto conocido como ‘El Beto’. Pero se hizo bolas entre un pueblo chico fronterizo y el puerto veracruzano. Se dejó mucho ver. Por eso lo capturó el Ejército fácilmente.”
Hace tres años, Quintero Meraz abandonó el Penal del Altiplano, en el Estado de México, luego de que un juzgado federal capitalino lo condenara el 12 de junio de 2014 a 12 años de prisión, pena que el narcotraficante ya había cumplido desde dos semanas antes del fallo judicial.
A Quintero, por si ya lo olvidó Téllez Marie, le atribuyeron haber concertado también la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del reclusorio federal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, cuando los Ceferesos estaban a cargo del yunista Enrique Pérez Rodríguez, actual secretario de Educación de Veracruz.
En 2004, la revista “Proceso” estableció el presumible nexo de Yunes Linares con Quintero Meraz con base en declaraciones de presuntos testigos protegidos y documentos de la Drug Enforcement Administration (DEA). Según versiones periodísticas, entre 1995 y 1996 el ahora gobernador panista habría recibido hasta 15 millones de dólares del narcotraficante como pago por “protección”.
Tres millones de dólares más de los que Yunes y Téllez Marie han acusado que recibió en su campaña electoral de 2004 el exgobernador priista Herrera Beltrán por dejar operar durante su administración en Veracruz al Cártel del Golfo, organización criminal de la que posteriormente se escindió el grupo de Los Zetas, su brazo armado, que en su mayoría eran desertores del Ejército a los que el capo Osiel Cárdenas Guillén había reclutado originalmente como sicarios.
LAS DE YUNES, PRUEBAS NULAS
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció este jueves que pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) que lo llame a declarar como testigo en el caso que se lleva en contra de su antecesor Javier Duarte de Ochoa.
Dijo que aportará las pruebas que tiene en su poder “para acreditar que, efectivamente, lo que hubo en Veracruz no fue un gobierno sino una banda de delincuentes organizados”.
En rueda de prensa informó que tiene en su poder videos de conversaciones entre el exgobernador de Veracruz y sus cómplices, los cuales servirían como elementos comprobatorios que acreditarían que hubo un acuerdo para robarse los recursos del estado.
“Tuve el cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte, son las mismas que desprenden elementos comprobatorios que permitirán acreditar que hubo un acuerdo para robar los recursos de los veracruzanos”.
Afirmó poseer varios videos “que en su momento entregaré a la PGR como prueba indubitable y lícita”. Explicó que las grabaciones son de las reuniones que sostuvo en Canadá con Moisés Mansur; en la Ciudad de México con Juan José Janeiro y Antonio Valdivia, y en Veracruz con Franky González, al que definió como uno de los principales cómplices de Duarte.
Yunes exigió a los jueces federales que se apeguen a la ley y no permitan que “por triquiñuelas” el exgobernador salga en libertad como sucedió con los sicarios detenidos en Puebla, implicados en el crimen del comisionado estatal de la Policía Federal, Camilo Castagné.
Sin embargo, abogados penalistas consultados aseguran que los videos y grabaciones que el gobernador pudiera presentar ante la PGR carecerían de validez legal, ya que el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acerca del proceso penal acusatorio y oral, puntualiza que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”, mientras que el Artículo 21 establece claramente que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. Y cuando Yunes se reunió con los “cómplices” de Duarte, a los que obligó con amenazas, no era MP, ni policía y tampoco gobernador constitucional.
