Sin tacto
Por Sergio González Levet
IPE remasterizado
El pasado martes el Congreso local recibió la iniciativa del Gobernador Javier Duarte de Ochoa que contiene la reforma para “fortalecer el actual sistema de pensiones de Veracruz”; una reforma que era necesaria, indispensable, urgente.
El comunicado recoge la opinión del Director jurídico del Gobierno del Estado, Eduardo Andrade Sánchez, quien dice que el documento presentado “plantea la creación de un nuevo sistema de pensiones para Veracruz, que dote de mayor justicia a los trabajadores que han brindado su vida al servicio de la ciudadanía, al tiempo que permita al IPE continuar desarrollándose en favor de las futuras generaciones de jubilados y pensionados”.
Y sí, dos elementos perentorios recoge la propuesta: mayor justicia para todos y la expectativa para el Instituto de volver a crecer, cuando menos al ritmo en que se incrementa el número de jubilados que debe atender.
Y junto a ellos, hay dos medidas que derechohabientes y jubilados tendrán que entender y aceptar: el corrimiento de 60 a 65 años como edad jubilatoria y el aumento en el porcentaje salarial para las cuotas que actualmente pagan los empleados.
Son poco simpáticas, en efecto, pero se debe entender que de no tomarlas, el IPE iría a la bancarrota y con ello se desbarrancaría el sistema de pensiones que en la actualidad sostiene a miles de jubilados en Veracruz, y que necesariamente terminará por sostener a todos los que ahora están en activo.
Al correr cinco años el límite de edad, el Instituto de Pensiones tendrá un respiro que le permitirá enderezar sus finanzas, y al aumentar de 12 a 20% el porcentaje de las cuotas, se consolidarán sus ingresos de modo que pueda hacer frente a los compromisos y seguir creciendo.
La iniciativa también contempla poner un límite al monto de las pensiones, para evitar la tentación de quienes pensaban que podrían jubilarse con sumas elevadas.
Hay algunos jubilados que se quejan amargamente del sistema de pensiones, pero en su crítica parecen olvidar que, con todo y los señalamientos, desde que dejaron de trabajar, cada quincena han seguido recibiendo su pago.
No se soslaya que en ocasiones ha habido atrasos en la ministración de los recursos, y que incluso grupos de jubilados han salido a la calle a manifestar su descontento por ello, pero precisamente la nueva Ley de Pensiones se propone el objetivo de evitar esas contingencias.
Es fácil satanizar, acusar, gritar. Lo difícil aunque más útil, es analizar de manera objetiva las condiciones en que operará el sistema de pensiones en adelante, y a partir de ellas participar para que todos tengan seguro su sustento cuando hayan concluido su ciclo activo.
El Instituto de Pensiones del Estado, con el licenciado Armando Adriano Fabre al frente, tiene un equipo de funcionarios capaz y experimentado que sabrá manejar las nuevas circunstancias a partir de la Ley remasterizada.
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