- Abogados veracruzanos advirtieron que la corrupción al interior del Poder Judicial de Veracruz debe ser denunciada pues los daños causados a los veracruzanos impactan en la justicia, mientras los responsables viven en impunidad.
AGENCIAS
XALAPA
Abogados veracruzanos advirtieron que la corrupción al interior del Poder Judicial de Veracruz que permitió entregar más de 350 millones de pesos a empresas con socios y apoderados comunes que se ligan a empresas “fantasma” o de reciente creación, debe ser denunciada pues los daños causados a los veracruzanos impactan en la justicia, mientras los responsables viven en impunidad.
La investigación: El arte de simular contratos en el Poder Judicial de Veracruz, Connectas y Proceso reveló que cuando Edel Álvarez Peña era magistrado presidente del Poder Judicial, el consejo de la judicatura entregó 18.8 millones de dólares a empresas cuyo domicilio no se localizó mientras el Poder Judicial atravesaba una crisis financiera.
Se entrevistó a tres abogados para conocer su opinión sobre el tema, y esto fue lo que nos comentaron.
Corrupción no se ha frenado
El abogado Arturo Nicolás Baltazar dijo que los veracruzanos están viviendo los efectos de la corrupción rampante y que el Poder Judicial cada día está más debilitado económicamente.
“Desafortunadamente todos estos hechos ilícitos que además constituyen delitos de corrupción que supuestamente se iban a combatir en este sexenio, pero continúan en completa impunidad”.
Afirmó que “el germen del delito es la impunidad” y que mientras no se sancione de manera efectiva a quienes saquearon al estado de Veracruz los ciudadanos seguirán presenciando altos niveles de impunidad y corrupción.
“La administración en turno que llegue buscará la forma de saquear las arcas públicas de la dependencia y esto nos está llevando a los veracruzanos a un detrimento en la procuración y administración de justicia”.
Dijo que este tipo de corrupción afecta directamente en la infraestructura insuficiente, por ejemplo, en juzgados que no cuentan con servicios básicos como aire acondicionado, agua o luz eléctrica, como afirmó es el caso de los juzgados de Cardel.
Acusó que, tras su paso por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, el ex magistrado presidente Edel Álvarez Peña ahora es millonario y vive en completa impunidad mientras ese poder enfrenta su peor crisis económica.
“Es producto de tantos saqueos y desafortunadamente no existen denuncias por parte de quienes tendrían la obligación de presentarlas y tampoco se presentaron pruebas. Esto abona a que personajes tan oscuros como Edel Álvarez Peña se mantengan en completa impunidad”.
Destacó que la ex magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz incluso pidió durante su gestión que los trabajadores aportaran recursos de su bolsillo para comprar insumos básicos como jabón dado que en las oficinas de juzgados no tenían recursos ni para ello.
“Ese es el sello distintivo de la corrupción rampante que impera en Veracruz, en donde se dan contratos millonarios a empresas fantasmas para que limpien vidrios y al personal se le exige que compren escobas, jabón y que paguen por los servicios; es una incongruencia absoluta, y aunque no fue en el período de del de la presidenta ella no hizo nada para para que se investigara y para que se sancionara a los verdaderos responsables”.
Red de complicidades
El abogado Tomás Mundo, que defendió a la ex magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta tras su destitución, afirmó que en su momento denunció al director administrativo y representante legal del Poder Judicial, Humberto Rodríguez Losilla, quien ahora es socio en empresas familiares del magistrado.
“En su momento denuncié a este Losilla que fue el operador de todas las ciudades judiciales y que me entero por el reportaje de ustedes que forma parte de estas empresas beneficiadas. Hay muchas irregularidades que hay en el tema de las ciudades judiciales que estaban proyectadas originalmente en 5 mil millones de pesos y se fueron hasta 25 mil millones; es decir, cinco veces más el valor de lo proyectado”, dijo.
Pese a ello, comentó que el gobierno actual lejos de combatir la corrupción la ha solapado. Recordó que Sofía Martínez tenía toda la información y que fue amenazada por el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, cuando le dijo que ella no iba a pagar absolutamente de las ciudades judiciales porque era un acto de corrupción.
“Curiosamente la destituyen y llega, la magistrada Isabel Inés Romero Cruz y al otro día que paga y se pone al corriente estos 11 meses que no se pagaron durante la presidencia de Sofía Martínez Huerta, entonces sí hay un encubrimiento”
Como resultado, afirmó que Veracruz en materia penal es el penúltimo estado peor evaluado en cuanto a impartición de justicia.
“No hay capacitaciones a los jueces, no hay capacitaciones a los magistrados; esto se traduce precisamente en poner a incondicionales al frente del Poder Judicial como lo hicieron con los últimos; son improvisado en materia de procuración y administrar justicia, Mientras Tribunales Superiores de Justicia como Oaxaca se están constantemente capacitando para voltear a ver las nuevas tendencias del derecho, aquí seguimos a la vieja usanza”.
Orfis no hizo su trabajo
El abogado Fidel Ordoñez afirma que debido a que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no hizo su trabajo en denunciar las irregularidades que se cometieron en el Poder Judicial, no se puede hacer nada al respecto.
“Al día de hoy sabemos que ya no se pueden investigar porque el Orfis solamente puede accionar durante los primeros tres años una vez rendida la cuenta, pero ya pasaron más de los tres años y no se puede llevar a cabo ningún tipo de revisión, se les vencieron los términos”.
Afirmó que los entes fiscalizadores saben que después de término no pueden accionar y es algo que usan a su favor.
“Hay cuentas públicas que no han pasado a aprobación y en este momento ya se les juntaron dos cuentas públicas, entonces aquí creo que ya descubrieron ellos que, si no se termina a tiempo la revisión de auditoría, pues simple y sencillamente pues ya no hay posibilidad de hacer”, dijo.
Asimismo, recordó que también se manejó de forma irregular el Fondo Complementario de Pensiones que tiene el Tribunal Superior de Justicia porque “le prestó” recursos al Gobierno del Estado de Veracruz.
“Ese dinero también hace falta porque era el dinero de operación del Tribunal, no solamente es para el fondo de jubilación, sino que es dinero que entra para la operación de este. Serviría para mejorar la infraestructura en materia de computadoras y entonces obviamente ahí es en donde existe esta discrepancia de naturaleza económica que nos afecta a todos los que llevamos juicios en los juzgados”.
Dijo que la corrupción ha generado que mientras en otros estados los procesos sean digitales y ágiles, en Veracruz todo sea más tardado.
“En otros estados se puede acceder a los juicios con la firma electrónica; aquí en el juzgado se tardan entre 15 y 20 días hábiles para poder para poder dictar la resolución o el acuerdo correspondiente, sin embargo, en estados como Querétaro, Nuevo León y la Ciudad de México se presenta un escrito y en menos de tres días están proveyéndoles el expediente”.
