JUAN DAVID CASTILLA
XALAPA, VER.- Veracruz se encuentra entre las regiones del país con potencial para fracking o fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos y que presentan estrés hídrico.
En cuatro de las cinco regiones con potencial para extraer recursos petroleros no convencionales mediante fracking en México hay niveles críticos de disponibilidad de agua, por lo que, si los proyectos de fracturación hidráulica se pusieran en marcha no tendrían agua para operar y afectaría el abasto para consumo humano, reveló una investigación de CartoCrítica.
Las cuatro regiones son: Sabinas y Burro-Picachos, ubicadas en Coahuila y Nuevo León; Burgos, ubicada entre Nuevo León y Tamaulipas; Tampico-Misantla, ubicada en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.
La quinta región es Veracruz, ubicada entre el sur de Veracruz y Oaxaca, que tiene una mayor disponibilidad hídrica, de acuerdo con el trabajo desarrollado por CartoCrítica y publicado por el Conahcyt.
Los habitantes de las cuatro primeras regiones enfrentan importantes limitaciones en el abasto de agua de forma cotidiana, por lo que, si se aprobaran proyectos de extracción de hidrocarburos mediante fracking, no contarían con agua, pues la demanda superaría los niveles de disponibilidad.
En el documento “Estimación del consumo requerido de agua para la explotación de recursos petroleros no convencionales mediante fracturación hidráulica en México”, CartoCrítica estima el volumen de agua requerido para explotar una fracción de los volúmenes estimados de gas y petróleo no convencional del país, tomando como referencia el uso del agua en otras cuencas petroleras del mundo.
Para recuperar el 10% de los recursos no convencionales identificados en México, sería necesario perforar y fracturar más de 14 mil nuevos pozos, que requerirían hasta 470 mil 973 millones de litros de agua.
SE AGRAVAN CONFLICTOS
Manuel Llano, coordinador de la investigación y director de CartoCrítica, explicó que: “en México hay 47 millones de autos, este es el número de pipas de agua que requeriría Pemex para hacer fracking. Cada nuevo pozo podría requerir hasta 40 mil pipas de agua”.
A escala local estas cantidades de agua tendrían efectos importantes y podrían causar conflictos. Aun si las empresas petroleras pagaran más por el agua, esto implicaría quitar el agua a sectores fundamentales para las economías locales.
“La explotación de fracking en México intensifica los conflictos en regiones con estrés hídrico. En la región de los Cinco Manantiales, en el municipio de Nava, Coahuila, el conflicto por el uso del agua se centra entre Constellation Brands y la población local, quienes enfrentan afectaciones porque el elevado consumo de la cervecera compromete la sostenibilidad del recurso. En el municipio de Anáhuac Lampazos, Nuevo León, el despojo histórico de derechos de agua para riego agrícola ha limitado el acceso al recurso para consumo doméstico y otras actividades productivas”, explicó Antonio Hernández, habitante de Monterrey y miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Los promotores del fracking han buscado reducir el uso de agua mediante el reciclaje y reúso o utilizando aguas salobres, estas alternativas tienen altos costos económicos y energéticos, lo que las hace inviables.
En los hechos, EUA y México reinyectan el agua contaminada por fracturación al subsuelo en pozos letrina, a pesar de que esto conlleva enormes riesgos para los acuíferos y el ambiente.
“Para hablar del agua y el fracking es importante ir al ámbito regional y local, donde el agua requerida para fracking resulta ser mayor a la disponibilidad hídrica de las cuencas y acuíferos de las regiones de extracción. Ahí es donde se dan las violaciones del derecho humano al agua y al ambiente y donde se suscitan los conflictos, lo que se suma a los impactos asociados a esta tecnología. Por esto es fundamental prohibir ya el fracking en nuestro país”, explicó Manuel Llano.
TAREA PENDIENTE
La LXVI legislatura, que inició sus trabajos legislativos el pasado mes de septiembre, tiene la posibilidad y la responsabilidad de hacer lo que la pasada legislatura no hizo: prohibir el fracking a través de la iniciativa de reforma constitucional de medio ambiente que ya fue aprobada en comisiones el pasado mes de agosto, o bien de prohibir el uso de agua para fracking a través de la Ley General de Aguas, que tampoco se aprobó anteriormente y también debe ser legislada a la brevedad.
De los 500 diputados y diputadas que hoy discuten y aprueban las leyes, 37 representan a los distritos con potencial para el fracking que se mencionan en este reporte.
En sus manos está impulsar una ley que prohíba de forma efectiva que el agua para la vida se dilapide y contamine para extraer hidrocarburos. Estos 37 diputados están distribuidos de la siguiente forma: 22 de Morena, 8 del Partido Verde, 3 del Partido del Trabajo, 3 de Acción Nacional y 1 del PRI. Es decir, que la coalición mayoritaria en el Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de proteger el agua y asegurar que sera para la gente y para la vida y no para el fracking.
Casi 90% de los distritos con potencial para fracking y con estrés hídrico están en manos de Morena, Verde y PT.
“Diputadas y diputados: en sus manos está sacar adelante este tema y proteger con ello el derecho al agua y a la salud de las familias que habitan en las regiones petroleras, además de evitar los demás impactos asociados a la fracturación hidráulica. ¡Prohíban el fracking ya! Ni un litro más de agua a esta peligrosa tecnología”, enfatizó Beatriz Olivera, integrante de Engenera y de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
FUTURO ENERGÉTICO
Los ambientalistas señalan que México no debe apostar su futuro energético a los combustibles fósiles, ya que estamos ante el declive en la producción tanto de petróleo como de gas. La producción de petróleo alcanzó su punto más alto en 2004 y la de gas, en 2009.
Desde entonces, ambas van en declive sin que ningún nuevo yacimiento o técnica de extracción revierta esta tendencia. Indican que esto es aún más grave si se considera que la fracturación hidráulica tiene altos costos ambientales, siendo el alto consumo de agua solo uno de ellos.
El fracking agrava la crisis climática por la liberación de metano y contamina aire y agua con químicos tóxicos, afectando la salud humana y los ecosistemas.
Además, genera riesgos como sismos inducidos y viola los derechos al agua y a un ambiente sano. Estos costos no se compensan, dado el reducido volumen de recuperación de hidrocarburos de los pozos fracturados.
DERECHOS VIOLENTADOS
La proyección a corto plazo es que las violaciones de derechos humanos continúen en un contexto de explotación petrolera en la región del Totonacapan, al norte del estado de Veracruz, agudizando la crisis hídrica en la zona.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) indica que se han agudizado los problemas hídricos que provoca el fracking sobre todo en comunidades de Papantla.
“Es patente la falta de disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad del servicio de agua, donde la falta del servicio persiste todo el año, agravándose en la época de sequía”.
Se detalla que en el caso de los habitantes que están sin agua debido a utilización del fracturamiento hidráulico en Papantla, también se alteran las dinámicas comunitarias y la vida cotidiana de la gente por la carencia del líquido, afectando la alimentación, la salud y la producción agrícola, entre otras cuestiones.
“Las personas ejidatarias en cuyas tierras ocurren derrames de hidrocarburos, tienen que reconfigurar el uso del espacio ya que no pueden seguir con sus cultivos, la producción de vainilla se acaba y la de cítricos corren el riesgo de contaminarse”.
Además, el cambio en el clima produce alteración en las formas ancestrales de producción de alimentos y modifica las actividades económicas de los pueblos empujándoles a buscar otras fuentes laborales, que, en el caso concreto, suelen reducirse a acudir a Pemex.
“Es indudable que existen impactos sociales y ambientales que afectan a las y los habitantes por igual. Esta clase de impactos se relacionan con una estructura estatal que se rehúsa a reconocer y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades de acuerdo a los estándares del bloque constitucional que él mismo ha reconocido y del que supuestamente se ha apropiado”.
Se habla de la contaminación de arroyos y fuentes de agua, la generación de gases que aumentan la vulnerabilidad climática y, las afectaciones al agro y biodiversidad.
“Es la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos. Es la intervención y modificación de los territorios con la ayuda y acatamiento de la ley. Son constructos de violencia sistemática que escalan desde lo nacional hasta lo local, sin que este último escalón de relaciones se contemple. Las políticas extractivas ejercen impactos diversificados que pueden penetrar en todos los poros del cuerpo socioambiental que lo soporta”, enfatizan.
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL
Recientemente, organizaciones ambientales denunciaron que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025, enviado por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, propone un recorte de casi 40 por ciento de lo asignado el año pasado al sector medio ambiente y recursos naturales.
El presupuesto total asignado al Ramo 16 (Medio ambiente y recursos naturales) para 2025 es de poco más de 44 mil 370 millones de pesos, en tanto que, en 2024, la cantidad asignada fue de 70 mil 245 millones de pesos.
El problema de estas reducciones recae en lo asignado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que sigue absorbiendo cuatro quintas partes de los recursos del ramo.
Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), destacó que también resulta preocupante que se mantengan y agudicen los recortes a la fiscalización y procuración de justicia en materia ambiental.
