* De alguna manera esos altos funcionarios deben comenzar a mostrar más respeto a lo establecido en la Constitución
Facundo Bartolo Salazar
Es un buen avance que ministros acepten ganar menos que la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, pues de alguna manera esos altos funcionarios deben comenzar a mostrar más respeto a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que dicen resguardar celosamente, pero en incontables ocasiones han desobedecido la ley, con el propósito de defender solamente sus intereses, expuso Rafael Tolentino Calderón, abogado litigante.
Opinó que “desde el principio, en que fue aprobada esa ley, todavía bajo el mandato de López Obrador, los integrantes de la Suprema Corte debieron haber acatado al pie de la letra esa disposición, pero desgraciadamente han mostrado soberbia y oscuros intereses que los orillan a defender a toda costa intereses personales y de grupo”. Dada la situación, confió en que esos altos funcionarios del poder judicial comiencen a tomar conciencia de los alcances de su actuar, pues solamente están demostrando que no les interesa el pueblo, y ahora todo eso está a la vista, principalmente a través de las redes sociales.
Tolentino Calderón mencionó que de alguna manera se debe reconocer ahora que ya tres de los once ministros de la Suprema Corte se muestren dispuestos a colaborar con la reforma judicial que está en marcha y que culminara con la elección de juzgadores y demás funcionarios de esas instancias. Dijo que no se descarta que haya más avances en ese sentido, y en breve los ciudadanos comiencen a ejercer su derecho de votar por los jueces que imparten justicia.
En cuanto a los ministros que insisten en su oposición a la reforma judicial, consideró que la misma realidad los podría rebasar muy pronto, y tendrán que acatar la ley, sin sentirse por encima de los demás poderes de la unión. Apuntó que, en ese sentido, tendrán toda la oportunidad para rectificar, en bien de la nación, o de lo contrario, existe como último recurso el juicio político, mismo que ya se ha planteado, y que podría ser aplicado a los ministros disidentes.
