Álvaro Guerrero
San Rafael, Ver.- Luego de cumplirse más de una semana de la inspección que efectuó el responsable de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA), Ricardo Colorado Alfonso, a las industrias de procesadoras de jugo de naranja, para averiguar sobre la mortandad de peces que ocurrió hace algunas semanas, se prevé que obtendrían una sanción económica a las empresas de la región, por el daño ambiental que están haciendo a los cuerpos de agua, puesto que detectaron varios puntos en contra, comentó Abraham Bautista Galindo, responsable de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Rafael.
Indicó que espera que el monto sea ocupado en beneficio de la población y no para el uso político como lo efectuaban las anteriores administraciones de gobierno estatal, en el cual el recurso se invertía para las campañas del gobierno que estaba en turno y no con fines ambientales.
Detalló “lo que le pedí es que no utilizara el recurso de las multas para las campañas, y me dijo que no lo juzgara, que iban a entregar buenos resultados y que le diéramos la oportunidad de hacer las cosas bien, le dije que agarran ese dinero nada más para tintes políticos, me dice que una parte de la multa se iba para el fondo ambiental veracruzano, y le digo que he metido proyectos para la asociación civil y nunca salen”.
Indicó que después de que el procurador realizara la supervisión a los industriales, reconoció que las observaciones que le hicieron a las empresas Citrofrut y Altex-Citrex e inclusive la secadora de cáscara de naranja ubicada en la congregación Emiliano Zapata, es que se encuentran arrojando sus desechos industriales a los mantos acuáticos, y posiblemente fueron los causante de la mortandad de peces.
Sin embargo, afirmó que los industriales indignados por dicho comentario del procurador, quisieron culpar a los ganaderos de la región y de las aguas residuales de la cuenca alta del río, con el único objetivo de intentar evitar su responsabilidad del enorme daño ambiental que están causando a la naturaleza.
El encargado de Ecología y Medio Ambiente comentó que el procurador les pidió a los industriales que presentaran el permiso de impacto ambiental y la licencia de funcionamiento, pero algunos no pudieron dar a conocer dichos oficios, o que no contaban con el área apropiada para sus plantas tratadoras de aguas residuales.
