Álvaro Guerrero
San Rafael, Ver.- El cierre de la oficina que alberga la Fiscalía General del Estado en San Rafael, implica un problema social en la ciudadanía, por lo que la población difícilmente podrá exigir justicia y la más perjudicada será la población de escasos recursos, señaló Josué Cardeña Cortés en su carácter de abogado.
Expuso que, “implica y genera un problema social, sobre todo al respecto de la denuncia, que es muy importante hacerla, la promoción oficial es que se denuncie el delito, pero ahora desafortunadamente le quitan al ciudadano ese derecho jurídico constitucional de presentar una denuncia y prácticamente se vuelve incansable”.
Consideró que esa medida de desaparecer la Fiscalía en el municipio es un total desacierto por parte de las autoridades que aplican la justicia, pues al no existir una instancia en el municipio para denunciar, contribuirá a que los índices delictivos aumenten considerablemente.
“Es sumamente necesario, nosotros como ciudadanos y abogados veíamos el funcionamiento, la necesidad de esa dependencia allí, era una dependencia visitada por la gente, siempre había trabajo, y yo creo que era de vital importancia porque el asunto del funcionamiento de la Fiscalía y sobre todo para atender a la población que es víctima del delito”.
Dijo que al dejar de existir dicha instancia de impartición de justicia, la población se verá obligada a buscar justicia en la sede más cercana para ellos, por lo que tendrán que acudir hasta Martínez de la Torre, y eso en caso de que cuenten con los recursos económicos.
