Sin respetar las formas, Agente Municipal, Comisariado Ejidal y un funcionario de la Procuraduría Agraria, quieren despojar parte de sus parcelas a varias familias para crear un sistema de drenaje y apertura de una calle; pero sin un procedimiento legal y a todas luces arbitrario
Sergio Guillén/Miguel Bautista
San Rafael, Ver.- En una completa y absoluta arbitrariedad, órganos ejidales y autoridad civil, pretenden despojar a alrededor de una docena de familias de una fracción de parcela ejidal de forma ilegal, sin respetar procedimientos en materia agraria y lo peor, bajo la anuencia de un funcionario de la Procuraduría Agraria y gozando de la complacencia del Agente Municipal.
Uno de los afectados, la familia Ruiz Cortez, ya ha sido objeto de la ilegalidad por parte del Agente Municipal de la comunidad Zanjas de Arena identificado como Alejandro Iturbide Mora, también del Comisariado Ejidal, Juan Peralta Rodríguez y el presidente de Consejo de Vigilancia identificado como Bernabé Linares Martínez, así como algunos ciudadanos armados con palos y machetes, quienes la mañana de este lunes irrumpieron en una parcela para pretender tirar algunos árboles de limón para abrir una calle que supuestamente beneficiaría a particulares, no obstante todo de forma ilegal o "a la mala", toda vez que el afectado cuenta con los certificados parcelarios correspondientes.
Dicha acción se dio pese a que en ese momento se encontraban policías municipales de San Rafael, cuyo mando incluso incitó a las personas a meterse a la parcela de forma ilegal, tomando partido en el conflicto.
EL CASO
Bernardo Ángel Miranda Ruiz, habitante de la comunidad Zanjas de Arena del municipio de San Rafael, explicó que todo se debe a que las autoridades de la comunidad y el Comisariado Ejidal, pretenden abrir una calle de tres metros de ancho por casi 200 metros de largo, además de un drenaje que atravesaría un predio, pero para ello pretenden afectar a varias familias en sus parcelas, pues sin respetar la ley en materia agraria, sin que nazca esta decisión en asamblea, que es el máximo órgano ejidal, y basándose en un reglamento interno que no está validado o inscrito oficialmente, por lo tanto es ilegal, pretenden despojar de varios metros cuadrados de parcela a familias, violentando así sus derechos ejidales.
Dicha acción ilegal por parte de órganos ejidales, son fomentadas por un funcionario de la Procuraduría Agraria con oficinas en Martínez de la Torre, un visitador agrario identificado presuntamente como Rafael Belli García, quien está detrás de las acciones generando incertidumbre entre familias de la comunidad, además de que hay intromisión de la autoridad local en dicho conflicto meramente agrario.
"Nosotros estamos a favor del progreso y desarrollo de la comunidad, sobre todo de las familias; pero todo debe ser respetando las leyes, en este caso la Agraria, por consenso en asamblea y mediante acuerdos con los ejidatarios que se verían afectados", dijo Ángel Miranda en entrevista con este medio quien aseguró estar en favor del desarrollo de la comunidad siempre y cuando se respeten las leyes.
PROCURADURÍA AGRARIA DEBE SER PARCIAL Y RESPETAR LA LEY
"La Procuraduría Agraria debe ser mediador y respetar la ley agraria, no fomentar acciones fuera de la Ley", dijo el abogado de la parte afectada, consultado por este medio.
Y es que declaró que las acciones presuntamente fomentadas por el visitador agrario estarían al margen de la ley, en este caso se tienen que respetar los acuerdos de asamblea siempre y cuando también se respeten los derechos de los afectados, los reglamentos internos del comisariado ejidal no deben estar por encima de la ley agraria y además debe estar registrado para ser válida, en el caso de la comunidad Zanjas de Arena, no está registrada, y por lo tanto carece de legalidad, estas acciones deben ser validadas en el marco de la ley misma.
En tanto las familias afectadas por las acciones del Agente Municipal y Consejo de Vigilancia, temen a un derramamiento de sangre debido a la hostilidad de los presuntos agresores, por lo que pidieron a los órganos ejidales actuar en el marco de la legalidad y responsabilidad.
