* Realizaron una investigación para medir la productividad de manera individual y proceder a los despidos
Juan David Castilla Arcos
Xalapa, Ver.-
Monserrat laboraba como fiscal especializada hasta que el pasado 30 de noviembre la obligaron a firmar su renuncia. El argumento: que no había dinero para pagarle.
Se trata de una de las 20 mujeres que desempañaban el mismo cargo y fueron despedidas de la Fiscalía General del Estado (FGE), en días recientes.
Todas eran fiscales especializadas en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, de todo el estado.
La FGE, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, justificó el despido masivo en un comunicado, publicado en su cuenta de Twitter, el pasado 2 de diciembre.
Se expone que la coordinadora encargada de las fiscales realizó una investigación "basada en estadística y sustento debidamente registrado", para medir la productividad de manera individual.
"En su mayoría, alcanzaba un raquítico porcentaje (de productividad) y en muchas de ellas era nulo el mismo", se lee.
Monserrat, una de ellas, quien pide el anonimato por temor a represalias, fue citada a las oficinas de la Fiscalía de Veracruz, ubicadas en el bulevar Rafael Guízar y Valencia, mejor conocido como avenida Arco Sur.
La esperaban en el área de recepción. La hicieron pasar a una sala privada, pero con una condición: sin teléfono celular u otro dispositivo que grabara video, audio o tomara fotografías.
INTIMIDACIÓN
"Me hicieron depositar el celular en una caja antes de entrar, nada más dijeron que ya no se podía entrar al área con celular", cuenta. Le entregaron un acta de renuncia y le dijeron: "ya no podemos sostener tu nómina o firmas o...".
A un lado, se encontraba un corpulento sujeto, con aspecto de policía ministerial, cuya función era observar los movimientos de Monserrat.
"A un lado de mí, ponen a un hombre grande, de mayor dimensión que uno, pues obviamente te está amedrentando con la vista".
Su nombre estaba escrito erróneamente en el acta de renuncia. Ella se negaba a firmar; sin embargo, sentía la presión del "fulano" que parecía su sombra.
Tuvo que hacerlo. Pidió una copia del acta. No la querían proporcionar. Pero la presión de la trabajadora fue incisiva, que no les quedó otra opción.
Al menos 16 afectadas acudieron el 1 de diciembre a la FGE. Necesitaban saber su situación laboral. Al principio, sólo a algunas, les comentaron que serían cambiadas de adscripción. Es decir, si laboraban en la zona norte, las mandarían a la zona sur, y viceversa.
Ellas solicitaron hablar con el Fiscal General del Estado, pero les respondieron: "¡tienen prohibido pasar al tercer piso (oficina de Jorge Winckler)".
Aquel día, entregaron un oficio dirigido al titular de la dependencia, donde externaron su inconformidad.
"Informaron el día de hoy a varias de nuestras compañeros sus cambios de adscripción y más aún exigieron a unas de nosotras nuestra renuncia voluntaria sin informarnos el motivo por el cual se le requiere que dejemos de laborar", se observa en el documento firmado por 16 empleadas.
Sin embargo, hay más mujeres en la misma situación. No les están respetando su antigüedad laboral. Algunas llevaban más de 20 años en la dependencia y pretendían liquidarlas con 23 mil pesos.
AMPARO
Monserrat enfurece. Sus derechos laborales habían sido pisoteados por autoridades de la dependencia encargada de la procuración e impartición de justicia.
"Es que acá nos dicen: te vas porque no podemos sostener tu nómina, y en el boletín que saca la FGE dicen: se van por flojas e ineficientes", relata Monse.
En su responsabilidad se encontraban mil 300 carpetas de investigación sobre casos de pederastia, violación sexual, feminicidios y otros temas.
A su juicio, no existen argumentos válidos de la FGE para afirmar que ella y sus compañeras eran "flojas".
Después de conferencias de prensa y presión mediática, fueron citadas el lunes 4 de diciembre para informarles sobre la tabulación alcanzada para su finiquito.
"Curiosamente a unas las citaron el lunes y otras el martes, les dijimos que íbamos a ir juntas el martes a las 11 de la mañana (fecha en que planeaban manifestarse), pero la mayoría se va a ir al amparo".
La Fiscalía se empeñó en impedir que las mujeres se juntaran el martes y encabezarán algún tipo de protesta.
Sólo tres de las afectadas dialogaron afuera del edificio para comparar sus casos y determinar líneas de acción.
DEPENDENCIA ACÉFALA
Las fiscalías especializadas quedaron acéfalas desde finales de noviembre y principios de diciembre. Dejaron de funcionar, pues sólo dos fiscales quedaron de guardia, como encargados de hasta 8 mil carpetas de investigación, "mismas que pasarán a ser un rezago más".
La Alerta de Violencia de Género quedará más estancada. Los feminicidios continúan ocurriendo en distintos puntos de la entidad.
Y es que Magaly Hernández, de 19 años, fue encontrada muerta en la colonia Lomas del Seminario, en una zona de Xalapa conocida como el Santuario de las Garzas, donde han sido localizados los cuerpos de varias mujeres y niñas.
La joven llevaba 13 días como desaparecida; sin embargo, su asesinato no fue culpa de las fiscales especializadas que fueron despedidas, sino de la opacidad e inoperancia que ha caracterizado a la Fiscalía General del Estado, durante este gobierno panista.
Las trabajadoras percibían un salario mensual aproximado de 14 mil pesos mensuales. Ellas debían contratar a su auxiliar y destinar de su bolsa para pagarles por sus servicios.
Además, debían comprar sus propios materiales: hojas para impresiones, lapiceros, cuadernillos y demás.
Carecían de una computadora para cumplir con sus actividades ordinarias. Situación que también debían resolver por su cuenta.
"Yo trabajaba con mi computadora, yo compraba mis folders, mis lapiceros, nunca me dieron nada. Compré mi material y con gusto saqué mi trabajo".
Pese a ello, la Fiscalía de Veracruz se empeña en justificar que el despido masivo -que además solo reconoce la renuncia de 12 empleadas- se debió a su "raquítica productividad".
LAS MATAN
Estaban desprotegidas. Varias veces exigieron mayor seguridad en las oficinas y alrededores de cada sede.
Hacían guardias durante horas y en ocasiones salían después de las nueve de la noche, situación que las dejaba más vulnerables, más aún por el homicidio de una de sus compañeras.
Yendi Torres Castellanos había muerto en el municipio de Pánuco, localizado al norte del estado.
La Fiscal Especializada llegaba a su empleo como a las nueve de la mañana del lunes 27 de noviembre, en su camioneta. De pronto, fue sorprendida por varios sujetos armados.
Le dispararon a quemarropa. Su cuerpo quedó tendido en el suelo. Había muerto instantáneamente por los impactos de bala.
"El día que nos enteramos pedimos mayor seguridad porque nosotras hacemos guardias por las noches y nos quedamos solas. Si bien nos va con auxiliar, que también es mujer y no tenemos seguridad", comenta Monserrat.
Desde entonces, ella laboraba con miedo. Creía que cualquier persona podía hacerle daño por su notoria indefensión.
Sus diligencias eran bastante riesgosas, pues en cosa de comprobar el delito, podría refundir a los responsables varios años en la cárcel.
EXPLOTACIÓN LABORAL
Otra de sus compañeras, quien dijo llamarse Juana -para proteger su identidad al igual que Monserrat-, casi pierde su pierna izquierda por la excesiva carga laboral.
Un absceso le incomodaba en la pantorrilla. La ropa le molestaba al caminar. La hinchazón y la acumulación de pus eran cada vez más notorias.
Tuvo que acudir al médico. En la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le diagnosticaron erisipela.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) , se trata de infecciones estreptocócicas del tejido subcutáneo, originadas habitualmente por contaminación de pequeñas heridas. Sin tratamiento, pueden provocar una toxemia generalizada potencialmente mortal.
Estuvo internada durante 18 días. Después, debió regresar a su encargo y reponer el trabajo que no había podido realizar por enfermedad.
Se desempeñaba como fiscal segunda Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas en el Distrito Séptimo, correspondiente a Poza Rica.
El 16 de agosto de 2015 recibió la notificación y orden de cambio para el Distrito Quinto, en Chicontepec, como fiscal primera.
Los médicos recomendaron reposo. El riesgo era la amputación de la extremidad.
"Estando en Chicontepec, en marzo del 2016 me notifican nuevamente que me cambian al distrito sexto de Tuxpan, pero ese cambio nunca se dio físicamente porque no había quien cubriera Chicontepec", detalla.
En febrero de 2017 fue notificada sobre otra comisión a su cargo: el Distrito Cuatro, municipio de Huayacocotla.
Sin embargo, su salario seguía siendo similar al de una conciliadora. Percibía cerca de 14 mil pesos al mes y su salud empeoraba.
Después de unos meses, la enfermedad fue controlada; sin embargo, requiere acudir a consulta médica periódicamente, para evitar que la infección brote de nuevo.
Pese a ello, se llevó una sorpresa. Después de once años de trabajo y su desgaste físico, le hacían firmar su renuncia a cambio de un cheque por 23 mil pesos. Una burla, para ella.
No sólo las fiscales especializadas saldrían de la FGE. Ahora también las notificaciones están llegando a los trabajadores de Unidades Diversas y Servicios Periciales.
Dos despidos masivos han ocurrido. El primero, en los 30 días que llevaba Jorge Winckler Ortiz como titular de la Fiscalía. Se prevé que actualmente unas 40 personas se queden sin empleo.
