En los últimos días, la situación de Latam se ha vuelto turbulenta con dos escenarios parecidos pero que no tuvieron el mismo resultado y fue la caída de referentes de la izquierda en la región, como lo son Cristina Fernández de Kirchner y Pedro Castillo, un vicepresidente y presidente de sus respectivos países Argentina y Perú.
Ha sido motivo de noticia como ambos políticos han sido condenados por las diferentes instituciones de justicia de sus países por lo que se puede apreciar que no todo está mal con la justicia latinoamericana pues si es posible condenar a los funcionarios que cometan actos ilegales, confirmando que si se puede ser iguales ante la ley.
Primeramente, se debe explicar el contexto de ambos países, iniciando con Argentina. En el caso del país celeste, tenemos que Cristina Fernández es una figura de gran poder en ese país que desde el 2003 tomó relevancia junto con su esposo Néstor Kirchner que sería presidente de Argentina desde el 2003 al 2007 y su esposa Cristina del 2007 al 2015. Ellos almacenaron un gran poder que de alguna manera sus mandatos les dieron pues a ellos les tocó el boom de las materias primas de la década del 2000.
En los últimos 20 años surgió la corriente política del Kirchnerismo por lo que se dio un gran poder mediático a esta pareja, claro, a Néstor hasta el 2010 que falleció y a Cristina hasta hace unos días, que se le condenó a 6 años de cárcel pero que no pueden ser efectivos por el fuero de su cargo a vicepresidente no puede pisar la cárcel pero si se le puede imponer la inhabilitación política permanente lo que la dejaría fuera de una carrera presidencial en 2023 que se acerca.
El caso de Perú es de diferentes características, pero con resultado semejante pues la historia política peruana ha sido interesante porque desde 1990 ha tenido inestabilidad, aunque se recrudeció en 2018, pero que iniciaría con el golpe de estado en 1992 con Alberto Fujimori y se mantendría hasta el año 2000, siendo inhabilitado por no estar capacitado moralmente y consecuentemente fue encarcelado, algo casi igual a Pedro Castillo con la diferencia que con él está en veremos.
Después de la transición de Valentín Paniagua en 2001, tomaría la presidencia Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski que no terminaría su mandato renunciando en 2018, llegando Martin Vizcarra y Manuel Merino que por presiones también se fueron, pero eso si todos los presidentes del 2001 al 2016 han sido condenados por corrupción, sin olvidar Fujimori que cumple condena. En el caso de los demás expresidentes enfrentan investigaciones por las mismas razones. Ahora Pedro Castillo se enfrenta por el golpe de estado que torpemente impuso el 7 de diciembre.
Con esto vemos que el electorado de Perú le falta mucho por recorrer para elegir con criterio a sus mandatarios, aunque la polarización es demasiado ferviente, tomando en cuenta que la hija de Alberto Fujimori, Keiko fue candidata por 3 ocasiones a la presidencia de Perú (2011, 2016 y 2021).
Aún con los acontecimientos del pasado 7 de diciembre, persiste la polarización en cuanto a la opinión de la destitución y procesamiento de Castillo pues un grupo de peruanos asegura es una persecución de la derecha en el país y evitar que siguiera en el cargo, mientras que la otra parte del Perú concuerda que ya era hora de destituirlo.
La situación de ambos países es interesante, pues se enfrentan a una polarización política que los ha dejado inestables, a su manera, pero al final no les permite crecer, teniendo en Argentina elecciones en puerta y en Perú con la exigencia de nuevas elecciones por lo que no pueden superar la corrupción en los altos mandos de sus países.
Con esto se concluye que los casos de Argentina y Perú son un ejemplo para el resto de Latam, pues sus instituciones han permitido que se juzgue a quien sea, sin importar su poder o influencia, claro que no es precisamente lo que se esperaba pero es una avance y una lección a países como México que si se puede, ya que el caso de la nación azteca, la impunidad y los pactos de no cárcel a las élites políticas es persistente, claro que no todos los casos pues al día de hoy existen varios exfuncionarios mexicanos en prisión aunque otros que están el poder son intocables, lo cual está mal pues pisotean la ley sin ninguna sanción.
Es momento de reflexionar, ya que estos casos no son aislados sino una forma de condenar lo que no deben hacer los servidores públicos o funcionarios de estado, tomando en cuenta que en situaciones de crisis se requieren líderes fuertes y honestos, algo que no goza Latinoamérica con sus ejemplares de corrupción e impunidad, tomando como ejemplo a México, o ¿Qué opinas?
