El presunto fraude multimillonario que cometió la empresa Telra Realty en contra del Infonavit está empantanado y cada vez más enredado en lo jurídico, con resoluciones contrarias de tribunales y una Fiscalía General de la República (FGR) que no ha logrado desenmarañar un asunto que ocurrió en el sexenio pasado y que terminó con pleitos entre socios y familiares, un cheque simulado presentado en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y miles de millones de pesos extraviados.
La novedad es que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México está por dar a conocer la resolución al recurso de revisión 75/2023, en la que se prevé que determine que los datos de prueba presentados por la FGR no son suficientes para ordenar la aprehensión de los socios de Telra, Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, al señalar que, aunque las conductas son evidentemente delictivas, los delitos a configurar no son los mencionados.
En una sesión celebrada el pasado 12 de julio, el magistrado Ricardo Ojeda Bojórquez presentó a sus compañeros de pleno un proyecto para amparar a Zaga Tawil y a Zaga Hanono. “Los están acusando de homicidio cuando la víctima sigue en el hospital”, dijo durante la defensa de su tesis, al referirse a que parte de los más de 5 mil millones de pesos extraídos del fondo de vivienda fueron recuperados.
En respuesta, los magistrados Humberto Manuel Román Franco y Miguel Ángel Medécigo Rodríguez coincidieron en no validar los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que determinaron que corresponde a otra autoridad, y no al ministerio público, señalar cuáles son las conductas por las que la empresa Telra Realty y sus propietarios violaron la ley.
Un mes antes, el 1 de junio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Toluca había resuelto el caso del amparo en revisión 174/2022, en el que sentenció que existían datos suficientes para llevar a juicio a Teófilo Zaga Tawil, hermano de Rafael, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al haber formado empresas para recibir del Infonavit de manera irregular 5 mil 88 millones de pesos, de los cuales más de 200 millones fueron a parar a sus cuentas personales.
En ese primer caso, los magistrados José Nieves Luna Castro, Julio César Gutiérrez Guadarrama y Ricardo Garduño Pastén señalaron de manera unánime que es evidente la ilicitud de los recursos en cuestión y ordenaron se lleve a cabo el proceso penal correspondiente. Por este criterio Teófilo Zaga se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya, a donde llegan los procesados y sentenciados por el delito de Crimen Organizado.
Ante la contradicción en resoluciones judiciales –la última apenas está por oficializarse– la FGR busca apelar al acuerdo general judicial del 14 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo de la Judicatura Federal. En este se obliga a los tribunales a que se remitan todos los expedientes relacionados con un asunto a quien previamente hubiere conocido del mismo.
Ambos casos provienen del expediente radicado en el Segundo Tribunal Colegiado de Toluca, por lo que la autoridad ministerial apela a que, en el procedimiento de engrose de la sentencia, el magistrado Bojórquez corrija la falta con la que se busca amparar a Rafael, cuando a su hermano Teófilo se le negó por los mismos hechos la protección.
La FGR no ha recibido notificación sobre amparos judiciales para los socios de Telra Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, quienes se encuentran indiciados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El caso data del 2017, cuando el entonces titular del Infonavit, David Penchyna, decidió cancelar un contrato de Movilidad Hipotecaria que la anterior administración de Alejandro Murat firmó con la empresa Telra Realty por más de 5 mil millones de pesos. Un escándalo del cual, por cierto, ambos políticos han salido impunes.
