En la mesa de la ciudadanía se encuentran, hasta el momento, dos propuestas. Una de continuidad en la ruta del cambio que tomamos hace cinco años, y otra, que plantea el regreso al modelo anterior, manteniendo algunos derechos que hoy son ley, pero modificando el sentido social de las políticas públicas y la redistribución del presupuesto hacia esos centros de poder que se debilitaron en este sexenio.
Mientras tanto, hay muchas primeras veces en este tiempo que vivimos. Por primera vez el sur del país crece más en lo económico que el centro y el norte, los cargos públicos ejercidos por mujeres han aumentado notablemente respecto de los ocupados por varones, tenemos leyes que garantizan pensiones para las y los adultos mayores, becas para jóvenes, personas discapacitadas, y madres que son cabeza de familia, entre otros muchos ejemplos. Sólo que seis años es un lapso breve para consolidar y por eso en el pasado se hizo costumbre tratar de reinventarlo todo el siguiente sexenio.
Sin embargo, es poco probable que la propuesta que no plantea continuar por el mismo camino termine de tajo con los programas sociales, aunque sí adelantaría otra forma de repartirlos, muy en la línea de los que fueron aplicados en el pasado: focalizarlos y colocar intermediarios para su dispersión; es decir, quitarles la universalidad y el poder de decisión a los beneficiarios, a la gente. A partir de ahí, la estrategia sería de contraste y por cada primera vez mencionada, se opondría otro hecho, como si se tratara de los lados de una misma moneda, para tratar de convencer a sus simpatizantes de que en realidad no han sido favorecidos por este cambio de época. Nada más que no estamos frente a dos alternativas, sino a dos formas distintas de valorar a la sociedad y a un país que se siente mucho más incluido ahora en las determinaciones que toman sus gobernantes y lo manifiesta no como una graciosa concesión del poder, sino como un derecho conquistado.
Muestra de ello es que el debate público, aún el encarnizado de las redes sociales, gira en torno a decisiones, medidas, acciones y obras que dejan a tirios y troyanos con la certeza de que el país está en movimiento y tiene elementos tangibles para comprobarlo. Igual que al inicio de este siglo, hay dos opiniones, que desconectan a varios segmentos de la población, a pesar de que muchos viven en primera persona los cambios que se niegan en el ciberespacio o en otras plataformas de comunicación. No creo que se trate de una forma de ceguera social, sino de una justificable desconfianza hacia una estructura de poder que pocas veces volteaba a mirar las necesidades colectivas. La diferencia más importante en este momento es que la mayoría se siente atendida y sus problemas coinciden con las acciones y postulados de su gobierno.
Incluso la inseguridad, la principal demanda social, desciende en los números y en la percepción de los mexicanos con una regularidad que ya puede considerarse tendencia. Claro que, para quien fue asaltado ayer, esta afirmación no le hará sentido; sin embargo, la construcción de la paz se está consolidando y la apuesta por otra estrategia para combatir al crimen está dando resultados. Sin apasionamientos, revisemos como ciudadanos las últimas estadísticas del Inegi.
Temas olvidados, hoy son asuntos indispensables para aprovechar las condiciones favorables que tiene el país respecto a la economía del mundo. Por primera vez en cuarenta años hablamos de conectar el territorio por medio de trenes de pasajeros y de carga; además de la explotación del litio, el aprovechamiento del sol como fuente de energía y la construcción de presas que funcionen como hidroeléctricas; paralelo a una mayor participación en el mercado del petróleo que, guste o no, continua siendo el combustible que mueve no sólo a la mayoría de nuestros automóviles, sino los del mundo, igual que a una industria de la transportación aérea y marítima indispensable para comerciar. Si la propuesta es regresar a la idea de privatizar las dos entidades encargadas de la generación de energía en el país, habrá que revisarla, porque el nearshoring y sus bondades no contemplan una sustitución masiva de generación energética y, en esta coyuntura, gran parte de las ventajas que representa México, es gracias a un fortalecimiento de la soberanía perdida frente a una política de concesiones que nos dejó casi sin sectores estratégicos y sin manera de negociar en un mundo que ha girado favorablemente hacia nosotros después de la pandemia.
Tal vez, el diálogo que podemos tener en nuestros hogares sea sobre los “cómos” y los “porqués” para ampliar lo que ha funcionado y mantenernos en la misma dirección que ya probó que pudo frenar el evidente deterioro en el que no encontrábamos hace poco más cinco años. Ahora hay que dar los siguientes pasos para consolidar, nunca más para retroceder.
