-En manejo de recursos durante administración Yunista
Por Rafael Meléndez Terán
De acuerdo con lo señalado por el auditor general del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, el presunto daño patrimonial en el 2017, cuya administración fue encabezada por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, se ubica entre los 350 y 400 millones de pesos.
Estos probables desvíos de recursos se dieron en las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Protección Civil (PC), de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Acuacultura (Sedarpa), señaló el funcionario en entrevista posterior a la entrega del informe general de resultados a la cuenta pública del año pasado.
Acotó que también podría haber desfalco en el Instituto de Espacios Educativos, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y algunos tecnológicos, aunque no precisó montos exactos
SENADORES ÍNDIRA Y JULEN, EN LA LUPA
Además, añadió que las dependencias en las que se detectaron faltas administrativas graves, que se ubican entre los 240 y 250 millones de pesos, son además de la Sedesol y Espacios Educativos, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).
En el caso de los entes municipales, dijo que las inconsistencias en el manejo de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2017 se dieron en 143 ayuntamientos, aclarando que en estos casos no se trata de presunto daño patrimonial.
Portilla Vázquez aclaró que estos montos pudieran disminuir o incrementar conforme se dé la substanciación de las observaciones y los implicados en el presunto daño patrimonial acudan a deslindar responsabilidades.
“Estamos hablando de un presunto daño patrimonial por 400 millones de pesos, sin considerar las faltas graves”, expresó ante los cuestionamientos de los periodistas, al tiempo que explicó que con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Los Servidores Públicos, ya no existe segunda fase de determinación de responsabilidades.
SE REVISARÁ REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA
“Por lo tanto una vez que se apruebe el informe por el pleno del Congreso del Estado, iniciaremos las fases de investigación en aquellas faltas tanto de presunto daño matrimonial o las faltas graves, para que esa área sea la que determine”, manifestó.
En ese sentido, advirtió que si se determina que las faltas son graves serán enviadas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Tejav) y, en su caso, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Portilla Vásquez recordó que en el informe se pidió a la Comisión de Vigilancia del Congreso local un permiso para que se les permita revisar también los meses de enero a marzo de 2018 en cuanto al proceso de reestructuración de la deuda pública.
Lo anterior, lo manifestó después de que la mañana de este lunes, la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado recibiera de sus manos el informe de resultados de la cuenta pública 2017.
Acudieron además de los integrantes de la Comisión, la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Sergio Hernández Hernández.
Derivado de esta entrega este órgano deberá elaborar un dictamen que deberá ser discutido y votado por el pleno de los diputados, a más tardar el 31 de octubre próximo.
El ente fiscalizador realizó mil 505 auditorías de alcance financiero, técnica a la obra pública, deuda, legalidad y de desempeño, en los 343 entes fiscalizables que hay en toda la entidad.
