-Su trabajo fue ocultar, mentir y negar a los desaparecidos en Veracruz: Colectivos
Por Flavia Morales
El trabajo de la Dirección de Servicios Periciales fue ocultar, mentir y negar a los desaparecidos en Veracruz.
Eso les queda claro a familiares de colectivos de desaparecidos, quienes cuestionan que mientras el exdirector Gilberto “N” hablaba de ética y valores en las mesas de trabajo de la Fiscalía General del Estado, a sus espaldas no solo ocultaba cuerpos, sino que envió a las fosas comunes a cientos de desaparecidos sin hacer las pruebas de identificación genética.
Gilberto, maestro en ciencias penales y hoy preso en el penal de Pacho Viejo por el delito de desaparición forzada, acusado de manipular y ocultar 13 cuerpos hallados en 2016, llegó al cargo el 18 de marzo del 2014, apenas dos meses después de que Luis Ángel Bravo Contreras tomara protesta como fiscal general.
Antes, en 2012 había sido Jefe del Departamento de Investigaciones Ministeriales, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro UECS; y en 2013, fiscal del distrito de Xalapa.
Los colectivos de búsqueda acusaron que durante su encargo se simuló la creación de un banco de datos de ADN para la identificación de desaparecidos y se inhumó irregularmente cuerpos en fosas comunes, violentado los protocolos de inhumación internacionales.
El 23 de febrero del 2017, los colectivos denunciaron que de las más de tres mil denuncias por desaparición, la FGE solo procesó 266 perfiles genéticos de familiares. Durante años, la Dirección General de Periciales mintió y nunca integró un banco estatal ni hizo comparativa de perfiles genéticos con cuerpos encontrados.
Aun con esta denuncia, Gilberto fue nombrado en febrero de ese año fiscal regional de la zona Córdoba-Orizaba, aunque fue removido del cargo en marzo, luego de la presión de los colectivos.
El caso de Carlos, Nayeli, Gemma y otras decenas de desaparecidos son ejemplo de la negligencia de la Dirección General de Servicios Periciales.
En enero del 2016, cuando la FGE documentó que el entonces director de Periciales ordenó manipular y ocultar cuerpos en el lugar conocido como La Barranca, a la par envió a la fosa común a Carlos, aun cuando existía denuncia por desaparición.
Alicia denunció la desaparición de su hijo el 7 diciembre del 2015, aunque el cuerpo apareció en enero del 2016, pero fue hasta junio cuando le notificaron del hallazgo.
Aunque tenía reporte de desaparecido, fue enterrado en una fosa común. Pasaron cinco meses para identificar el cuerpo y notificarle formalmente.
La recuperación de su hijo fue un largo camino de burocracia. En dos ocasiones, la jueza de control, Verónica Portilla Suazo, le negó la exhumación del cuerpo, solo porque Alicia solicitaba la intervención de un perito independiente para la identificación, ante la desconfianza en la autoridad
Anayeli Jiménez Hernández desapareció el 25 de febrero de 2012, sus restos fueron localizados dos días después en Barranca Grande, municipio de Cosautlán.
La Fiscalía no reportó el hallazgo del cuerpo a los familiares a pesar de tener iniciada una carpeta de investigación por desaparición. Entregó el cuerpo el 15 de septiembre del 2015, es decir, tres años y 8 meses después del hallazgo. Además, a la familia no se le permitió elaborar un peritaje externo al cuerpo para corroborar su identidad.
